Una propuesta que no convence
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La idea de eliminar la denominada “feria judicial”, esgrimida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, ha generado una inmediata reacción -con voces a favor y en contra- desde distintos sectores de la justicia.
La propuesta se sumaría al cambio que el actual gobierno nacional pretende generar en la administración de la justicia, y que incluye la intención (también muy discutida) de bajar la edad de imputabilidad, la actualización del Código Penal y la profundización de políticas en materia de violencia de género, entre otras.
La feria judicial es un recurso implementado hace poco más de 40 años para unificar todas las vacaciones de los trabajadores de la justicia, de manera que durante 45 días al año se paraliza de alguna manera “la rueda judicial”, quedando únicamente activos algunos jueces de feria que atienden todo tipo de emergencias, guardias que, como todo el año, son calificadas de “insuficientes”.
Los primeros indicios dan cuenta de un conflicto en puerta a partir de esta idea, que a primera vista parece completamente insuficiente para mejorar un sistema judicial que sufre de severas limitaciones, carencias e inconvenientes. Desde la existencia de fiscalías sin sus titulares desde hace años, con tribunales colapsados en su capacidad de atención y hasta inexistencia de oficinas que se dediquen, por caso, a ubicar a testigos o víctimas.
Hay miles de pleitos que se archivan por haber pasado el tiempo que fija la ley sin lograr avanzar por cuestiones burocráticas, hay fallos que demoran hasta 15 años en conocerse, hay personas que -fallecidas- jamás se enteran del resultado de su caso, hay apelaciones, idas y venidas, meses y años de espera y postergación.
Pero además da la impresión que las vacaciones del personal, de cualquier manera que se tomen, siempre generarán una afectación al funcionamiento de los tribunales y es posible anticipar que la falta de determinado personal será un freno a cualquier marcha normal de un expediente, con lo cual la idea de concentrar todos los períodos de descanso en un solo mes parece razonable.
El sistema judicial en nuestro país es claramente deplorable, sostenido en muchos casos por la dedicación de muchos de sus empleados cuyo esfuerzo no alcanza a superar las barreras que cada día les impone el sistema. En ese contexto, suprimir la feria es tan inocente como suponer que quitar las vacaciones de verano mejorará el sistema educativo.