Bahía Blanca | Viernes, 26 de abril

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Justicia y demagogia

por Ramiro E. Puente

Hoy la Justicia padece el accionar malvado, destructor y evidentemente sigiloso de la mas ponzoñosa de las verbas filosóficas: la demagogia.

En los medios masivos de comunicación, nada vende mas que el morbo de los hechos sociales alcanzados por las normas penales. Los relatos de un violento robo a mano armada o de un abuso sexual serán seguramente mucho más interesantes que la admisibilidad de un crédito como quirografario en la quiebra de una PYME.

Debemos aceptar esta realidad sin chistar. Pero no en silencio.

Soy abogado de oficio y ejerzo esta profesión particular desde hace ya varios años. He tenido la fortuna de intervenir en asuntos referidos a distintas ramas jurídicas y también he actuado como abogado en algunas causas penales. Estimo que mi trabajo cotidiano me autoriza respetuosamente a expresar las conclusiones siguientes.

Comencé a trabajar como abogado allá por el año 1998. En aquel tiempo se puso en funcionamiento el otrora novedoso Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que intentó resguardar garantías constitucionales y ecuanimidad procesal para los habitantes de este suelo provincial. Casualmente, esta modificación normativa es ahora tomada por la Justicia Nacional y anunciada como “superadora y novedosa” (17 años después que en la provincia).

Funcionaban en el Departamento Judicial Bahía Blanca dos Unidades de Instrucción Penal (UFI) y dos Fiscalías de Juicio. También había dos Juzgados de Garantías con su respectiva alzada (Cámara).

Trascurridos 17 años a la fecha, tenemos ya 18 UFI, 4 juzgados de Garantías, nuevos Juzgados Correccionales y Tribunales Criminales, ampliación de fueros penales juveniles, etcétera.

Es decir, la creación y adición de nuevas estructuras en la Justicia penal ha sido aritmética si lo comparamos con el crecimiento poblacional del Departamento Judicial Bahía Blanca. Al exceder el ámbito del presente ensayo, omitiré referirme a la instauración del juicio por jurados y creación de los nuevos Tribunales de Casación.

Los índices delictuales también han aumentado, es verdad. Pero no lo han hecho en la medida del singular incremento de la infraestructura de la Justicia penal actual.

En contrapartida, debemos señalar que existen el mismo número de juzgados y cámara civiles y comerciales hace largas décadas, los mismos 3 jueces de Familia (ahora divididos de tribunal a juzgados) desde hace muchos años, iguales Tribunales del Trabajo desde larguísimos años atrás (y con alzada en Corte Provincial), etcétera.

Se creó lúcidamente el Fuero Contencioso Administrativo con un juzgado funcionando desde hace pocos años en la ciudad.

Debo también citar la continuidad de los Juzgados de Paz Letrados que desde añares funcionan en localidades cercanas a Bahía Blanca y que, desde largo tiempo atrás, ya ameritan y requieren el establecimiento de juzgados y tribunales variados que eviten a sus poblaciones tener que concurrir a la ciudad para hacer valer sus derechos en materias vedadas para los Jueces de Paz.

Las decisiones políticas tendientes a la ampliación de las estructuras judiciales que den protección y sustento a los derechos integrales de los habitantes han sido claramente desequilibradas por el atroz accionar de la demagogia.

Políticamente es mucho mas “rentable” anunciar la creación de “estamentos” penales que rápidamente aparecerán en los medios (y ahora en las redes sociales). Pero el enorme grueso de la población más silenciosa desde lo comunicacional sufre y padece este aborrecible uso demagógico de la creación permanente de estructuras judiciales “mediáticas”. El “pan y circo” no da respiro.

El reconocimiento al derecho del trabajador en negro tarda unos tres años.

Las cuotas “alimentarias” de menores deben esperar también plazos incomprensibles.

Los padres aguardan régimen de visitas para sus hijos por lapsos insólitos.

El acreedor de un cheque sin fondos tiene que tener una paciencia infinita para recuperar su dinero.

A quien pretenda desalojar a un inquilino moroso de su bien alquilado, le sugeriría que porte permanentemente un Rosario colgado al cuello y “lo rece” cada noche antes de dormir.

Para que el producto de las subastas de bienes del fallido pueda ser distribuido efectivamente entre los acreedores, estos últimos están obligados a gozar de muy buena salud y “llegar a viejos”.

En fin… hay múltiples ejemplos de individuos que necesitan de la agilidad de la Justicia. Éstos individuos son la mayoría absolutísima de la sociedad.

La agilidad en la Justicia penal es un logro importante y se valora inmensamente. Pero la injusticia que la “Justicia lenta” genera para la gran mayoría de la sociedad es corrosiva y peligrosa. Lenta y silenciosa… Le hace falta ese morbo y presencia mediática que nunca tendrá…

Tal vez por eso yo escribo estas líneas. Por deformación profesional. Porque veo directamente también un germen de violencia generándose diariamente en los tribunales y juzgados “no penales”.

Tal vez exista alguien que a leer estas simples y desordenadas ideas entienda que la Justicia debe ser para todos… Que la Justicia debe actuar contra el delincuente, pero también contra el incumplidor contractual o el padre que reniega de sus obligaciones alimentarias por sus hijos pequeños.

A lo mejor alguien no solo me dé la razón, sino quizá también tenga la posibilidad, suficiente autoridad, honestidad, dignidad y valentía para soltarle un efectivo tiro del final a esa reprochable demagogia que está destruyendo lenta pero letalmente a la Justicia social de mi país.

Ramiro E. Puente es abogado. Reside en Bahía Blanca.