Juicio por jurados: balance, opiniones y diferencias

   Transcurrieron casi tres años desde la puesta en marcha y treinta debates orales en nuestra ciudad, pese a esto las opiniones sobre el sistema de juicios por jurados continúan siendo divididas y la “grieta” planteada a partir de la discusión jurídica parece no cerrarse.
   Por un lado están quienes lo apoyan desde un primer momento y sostienen que esta modalidad de enjuiciamiento se ha afianzado en la provincia de Buenos Aires.
   Califican como un “éxito” la experiencia y aseguran que los inconvenientes que se presentaron en el camino se fueron solucionando.
   En la vereda opuesta se paran aquellos que manifiestan una visión diferente y consideran necesaria la realización de algunas modificaciones.
   En un principio la polémica pasó por la elevada cantidad de absoluciones, aunque con el paso del tiempo esa brecha disminuyó y hoy la balanza está equilibrada.
   Posteriormente se plantearon las dificultades para conformar el jurado, situación que provocó la suspensión de varios debates.
   Los listados de candidatos de nuestra región resultaron insuficientes, por lo que se acudió a uno complementario para buscar una salida a la coyuntura.
   Más allá de esto, quienes tienen una postura crítica sobre el sistema plantean discusiones de fondo, como la cantidad de votos que se requieren para arribar a un veredicto condenatorio o la imposibilidad de la víctima de recurrir el fallo, entre otras cuestiones.

Una visión crítica
   El fiscal general Juan Pablo Fernández consideró que la implementación del sistema no implicó un avance en busca de justicia, sino todo lo contrario.
   El representante del Ministerio Público bahiense sostuvo que “los juicios por jurados, como están reglamentados en la provincia de Buenos Aires, no son lo mejor ni mejoran el sistema. Se ha incorporado una institución que si bien está prevista por la constitución nacional, no se ha hecho un esfuerzo por compatibilizarla con otras normas que también se encuentran en ella y que constituyen derechos y garantías”.

   Indicó, por ejemplo, "la falta de fundamentación de lo que resuelve el jurado, ya que el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad carece de motivación alguna, lo que es contrario al régimen republicano de gobierno e impide la revisión del itinerario lógico seguido en la resolución, lo que también constituyen garantías constitucionales. El imputado y la victima tienen derecho a saber porqué se declara culpable o no culpable a una persona y eso no se cumple en la provincia de Buenos Aires. Así, lo decidido es absolutamente arbitrario y eso no es compatible con la Constitución".
   También admite que el análisis tiene que ir más allá del número de condenas o absoluciones. "Quien analiza esto solamente y pretende extraer conclusiones, en realidad, está haciendo propaganda".
   “Para saber si sirve o no para mejorar las resoluciones tendríamos que tener motivaciones en torno a porqué se toman las decisiones que se toman, tanto para la culpabilidad como para absolver. Si no conocemos esas razones, no podemos saber si el sistema es bueno o malo”.

   “Los juicios deben fundarse en la razón y no sólo en el número. Esto último podrá ser democrático, pero no indica que una mayoría tenga la razón en la decisión per se, ya que a lo mejor la puede tener la minoría. La conformación de una mayoría nada dice sobre la razonabilidad de la resolución. La razonabilidad te la dan, como no puede ser de otra manera, las razones, pero acá no están".
   “Hay grandes mitos que, en realidad, han sido construidos para poder `vender´ un poco mejor esta herramienta. No estoy en contra de la participación popular en la construcción de las decisiones judiciales, aunque sí creo que el sistema que ha diseñado la provincia, tal como está, no es bueno y puede ser mejorado”.
   En este sentido, aclaró que “sí es compatible con la constitución un sistema como el cordobés, donde participan jueces letrados, los veredictos se fundan y la cuestión es muy distinta”.
   “Un sistema de jurados debe compatibilizar no solo la manda constitucional de establecerlos, sino las demás mandas, como tener sentencias fundadas, no arbitrarias y que, incluso, permitan ser revisadas por organismos superiores de un modo amplio”, siguió diciendo.

Derechos
   Por otro lado, el jefe de los fiscales destacó que no están contemplados los derechos de las víctimas.
   “Se las desatiende (a las víctimas) en aras de amparar al imputado frente al Estado, porque no tienen posibilidad de recurrir frente a un veredicto de no culpabilidad arbitrario e intrínsecamente injusto. Hay muchas cosas para mejorar en la provincia y a eso apunta mi crítica”.
   También señaló que, tal como está organizado en la provincia, el sistema “tampoco es democrático”.
   “Por ejemplo, una minoría de 4 jurados por la no culpabilidad impone su decisión a una mayoría de 8 que se inclinaron por la culpabilidad. Entonces no se puede hablar allí de que el veredicto es democrático cuando se permite que una minoría, es decir un tercio, le imponga su voluntad a una mayoría que representa dos tercios. Esto incluso contraría normas constitucionales de la provincia que dicen que las resoluciones deben adoptarse por mayoría”.
   “Los juicios no deben ser democráticos, deben ser justos y razonables. Y esto es lo importante. En realidad no sabemos si los juicios por jurados son justos o no, porque no dan razones. Cuando no se dan las razones de la decisión, sólo queda creer en ella como una cuestión de fe. Eso no resiste un análisis lógico, ni puede constituir un avance en el modo de resolución de los casos penales".
   Finalmente, consultado sobre la posibilidad de una reforma del sistema, Fernández consideró que resulta factible.
   “Va a haber voluntad, porque creo que es inevitable una reforma. Hay cosas que están mal y otras que deben mejorarse dentro de un instituto en el cual se haga participar en las decisiones judiciales a la gente no letrada. Es positivo que participen, pero el tema es cómo lo hacen”.
   “No se trata de excluir la participación popular, por el contrario, creo que es importante que la gente conozca cómo se trabaja, pero debemos armonizarlo también con otros valores constitucionales, otros principios, derechos y garantías, y también con nuestro derecho penal”, cerró.

Resultado positivo

   El defensor oficial Carlos Carnevale, integrante del Observatorio de Juicios por Jurados, tiene una visión favorable sobre el sistema y consideró que desde el momento de su implementación hasta la actualidad “el balance es sumamente positivo”.
   El letrado indicó que “por un lado, en el aspecto procesal se nota un cambio muy importante en las prácticas judiciales; por otro, también se advierte en la ciudadanía en general que aceptó este nuevo mecanismo de enjuiciamiento con total normalidad”.
   Manifestó que la provincia ha sido ejemplo para el resto del país, ya que a partir de lo ocurrido otros territorios se encuentran avanzando en reformas procesales para incluir esta modalidad de juicios.
   Actualmente, Córdoba, Neuquén y Buenos Aires se encuentran con el sistema en funcionamiento. Chaco y Río Negro, con leyes aprobadas y en vías de implementación.
   En tanto, Santa Fé, Tucumán, Salta, CABA, Chubut, Mendoza, Entre Ríos y La Rioja llevan adelante debates parlamentarios.

   Respecto de los 30 juicios realizados en nuestra ciudad, Carnevale destacó que “no se han observado situaciones conflictivas y los veredictos han sido bien aceptados. Asimismo, la mayoría de los jurados ha valorado como positiva su participación y se generaron lazos de comunicación y comprensión entre la Justicia y la ciudadanía”.
   Agregó que “la brecha entre absoluciones y condenas se emparejó y ello es una consecuencia natural de este mecanismo de enjuiciamiento reservado sólo para causas graves y con repercusión social”.
   Del mismo modo, sostuvo que “se han comenzado a utilizar otro tipo de salidas alternativas que permiten una solución del conflicto de forma más pronta, efectiva y eficiente que un juicio por jurados. Si bien es difícil señalar un sólo motivo, creo que todos los operadores del sistema judicial han entendido que es un tipo de juzgamiento excepcional y han obrado en consecuencia”.
   Carnevale consideró que resulta prematuro analizar la posibilidad de alguna modificación.
   “Tratándose de un sistema de enjuiciamiento novedoso, demasiado bien ha funcionado en estos tres años de vigencia. Podrían discutirse algunos cambios respecto a cuestiones específicas, como por ejemplo disminuir el número de jurados suplentes. Hemos observado que pocas veces ha sido necesario acudir a ellos y quizás reducirlo evitaría las complicaciones que han surgido en algunos juicios para conformar el jurado”.

Prudencia en los veredictos

   "Es un muy buen sistema, donde los ciudadanos demostraron ser muy prudentes en sus veredictos”, sostuvo el vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, Andrés Harfuch, al hacer un balance de lo ocurrido hasta el momento en la provincia.
   El letrado calificó a la experiencia como exitosa y aclaró que “pensábamos que nos íbamos a encontrar con muchas más dificultades, que por cierto las hay, pero nada comparado con lo que podíamos imaginar”. 
   Destacó que “no hubo una sola manifestación en contra de los veredictos populares”, al tiempo de afirmar que se ajustaron a las pruebas que se exhibieron.
   Sobre la situación en nuestra ciudad, Harfuch dijo que las diferencias iniciales entre absoluciones y condenas desaparecieron.
   “Conozco perfectamente la situación de Bahía y sé que hay algunos miembros del poder judicial que en un principio lo miraban con algún reparo, pero creo que lentamente ha demostrado que las cosas se han ido equilibrando. Eso que apareció como una nota discordante respecto del resto de la provincia, con el tiempo, como todo, se fue acomodando”.
   Explicó que el sistema “le ha puesto una presión extra al poder judicial en el sentido de traer mejores pruebas”.

   “Nosotros tenemos dos maneras de litigar que son diferentes. Una es cuando estamos frente a un juez técnico que tiene el expediente, mientras que otra muy distinta es delante de un jurado, donde tenemos que producir toda la prueba de manera oral. Es un plus de cambio mental y cultural que es bienvenido, porque nosotros creemos que cuanto más transparencia haya en la presentación de las pruebas mejor”.
   Harfuch señaló que los porcentajes de condenas y absoluciones que se registran en el territorio bonaerense son “coincidentes con varios estados norteamericanos”. 
   Respecto a los problemas para conformar los jurados, indicó que las listas de candidatos en Bahía Blanca o Azul, dos ciudades donde se registraron inconvenientes, son reducidas, por lo que se debió realizar una complementaria.
   “La Corte (Suprema bonaerense) y la Procuración están trabajando en el tema y no se va a repetir”.
   Finalmente, el letrado sostuvo que “después de tres años el sistema ha alcanzado un nivel importante de maduración y eso motoriza que este año haya Ley de Jurados en Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Chubut. Esto es importante también para la postergada discusión de la Ley Nacional de Juicios por Jurados, porque ya no estamos hablando sobre el aire, sino sobre experiencias concretas”.