Bignone, condenado a 25 años de prisión en una cárcel común
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BUENOS AIRES (NA y Télam) -- El ex presidente de la Nación Reynaldo Benito Antonio Bignone (1982-1983) fue condenado ayer a veinticinco años de prisión por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos cometidas durante la lucha antiguerrillera de los años '70.
La pena --que deberá cumplirla en una cárcel común-- fue decidida por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín (norte del conurbano), con injerencia sobre la guarnición militar de Campo de Mayo, que conducía el entonces general de división.
"Los delitos que se condenan son de lesa humanidad y la condena debe ser llevada a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal", señalaron los jueces Marta Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros.
Las alternativas del juicio a Bignone --que ya purgaba otras condenas en el penal de Marcos Paz-- se desarrollaron en la sociedad de fomento José Hernández, de la localidad de Florida.
El tribunal también condenó a los generales (RE) Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetsen, ex titular del Comando de Institutos Militares y ex jefe de Inteligencia, respectivamente, a veinticinco años de prisión.
Los tres magistrados consideraron a Bignone coautor penalmente responsable de allanamientos ilegales, del robo agravado por el uso de armas, privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de violencia y amenazas y la imposición de tormentos agravados, durante 1976 y 1978.
Jorge García, ex director de la escuela de infantería de Campo de Mayo, recibió dieciocho años de prisión; Carlos Tepedino, ex jefe del batallón de inteligencia 601 del Ejército, veinte años; Eugenio Guañabens Perelló, ex director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos, diecisiete años.
Bignone, de 81 años, asumió como presidente de la Nación tras la derrota del gobierno militar en las islas Malvinas y fue el encargado de convocar a las elecciones que dieron el triunfo a Raúl Alfonsín.
"Que fue una guerra nadie puede ponerlo en duda", expresó el alto oficial retirado, al sentarse frente al tribunal y leer, durante cuarenta minutos, su alegato.
"Se machaca con la cifra de 30.000 `desaparecidos' y hasta una jueza de la Corte (por Carmen Argibay) figura en un listado, a esa cifra la dejaron asentada como verdad incontrastable. Nunca se demostraron más de ocho mil y se barajan quinientos robos de bebés, pero no llegan a los treinta y ninguno cometido por personal militar", agregó.
Bignone se hizo responsable por todas las órdenes impartidas a sus subordinados, dijo que fueron legítimas y recordó que, en la justicia militar, existía hasta la pena de muerte para la desobediencia.
"Se nos tilda de represores y genocidas. El término represión, en principio, no es descalificante. La autoridad tiene el deber de reprimir los delitos de cualquier tipo y lo de genocida no resiste el menor análisis. Lo ocurrido en nuestro país no se ajusta, en lo más mínimo, a la definición internacional del delito de genocidio. Sólo voceros del odio pueden sostener esto", señaló.