Bahía Blanca | Viernes, 26 de abril

Bahía Blanca | Viernes, 26 de abril

Bahía Blanca | Viernes, 26 de abril

Río Negro: legisladores del FPV denunciaron a 2 ministros y pidieron sus renuncias

Se trata de los ministros provinciales de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Martín; y de Turismo, Cultura y Deporte, Silvina Arrieta.
Fotos: rionegrotur.gob.ar y radiogalas.com.ar

   El bloque de legisladores del Frente para la Victoria (FPV) de Río Negro denunció penalmente en las últimas horas a 2 ministros provinciales por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con sus cargos, y pidieron que renuncien a sus funciones.

   Se trata de los ministros provinciales de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Martín; y de Turismo, Cultura y Deporte, Silvina Arrieta.

   En el caso del ministro Martín, los legisladores opositores denunciaron que el funcionario sería el propietario de 3 empresas ganaderas que fueron beneficiadas por el mantenimiento de la barrera sanitaria del río Colorado.

   En tanto, a la ministra Arrieta la acusan de favorecerse con la compra de una propiedad, en San Carlos de Bariloche, por la que pagó un precio vil, valiéndose de sus influencias para perjudicar a una anciana de 95 años, según la denuncia.

   En conferencia de prensa, el legislador provincial kirchnerista Nicolás Rochas dijo "que la actividad particular del ministro debería figurar en la declaración jurada que tiene que haber presentado ante el tribunal de cuentas de la provincia, pero antes que eso debería haber desistido de esa actividad".

   "Realizamos una investigación y surgieron registros donde figura como titular de las 3 sociedades, o sea que es controlante y controlado del mismo negocio que está llevando adelante", afirmó.

   Por su parte, el legislador Jorge Vallazza dijo que "la ministra Arrieta abusó de la confianza de una anciana de 95 años para hacerse de su propiedad a un precio vil y después venderla a un precio mayor".

   "La denuncia fue planteada ante la fiscalía administrativa de la provincia, porque está claro que la práctica de la función pública no debe tener ninguna contrariedad ética con lo privado", completó Vallazza. (Télam)