Insisten por una fiscalía para los delitos rurales
-
- copiado al portapapeles
-
- copiado al portapapeles
Por Norman Fernández / nfernandez@lanueva.com
El Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó un proyecto de resolución presentado por la concejal Elisa Quartucci, de Integración Ciudadana, destinado a requerir al Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia la pronta creación de una fiscalía especializada, que entienda en la investigación de delitos rurales en el ámbito del Departamento Judicial local.
En rigor, la constitución de dicha fiscalía fue anunciada, un par de meses atrás, por el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, pero hasta el momento no hubo más novedades al respecto.
Otra fiscalía tendría asiento en la localidad de Bolívar.
La creación del organismo había sido solicitada con insistencia, en los últimos tiempos, por la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, atento al elevado número de delitos cometidos en campos de los distritos del sudoeste provincial.
Así lo plantearon sus directivos en varias oportunidades, inclusive durante reuniones celebradas con funcionarios policiales y de la cartera de Seguridad.
Quartucci presentó su propuesta luego de haber participado de reuniones en la sede de dicha entidad gremial, “teniendo en cuenta el notorio incremento de delitos en el ámbito rural registrados en los últimos meses”.
La edil de IC señaló que es motivo de inquietud la repetición de tales episodios, en los cuales no solamente se roba hacienda, sino también implementos de trabajo de los productores y, en algunos casos, también se cometen agresiones físicas contra las personas”.
También manifestó que hay productores que están cansados de soportar el asedio de los cuatreros.
“Por eso, en muchos casos, ni siquiera hacen la denuncia ante la policía”, dijo la concejal.
Asimismo, expresó que, sin duda, quienes roban hacienda y la faenan en los propios campos, forman parte de una cadena ilegal de comercialización que funciona en diversos lugares de la zona.
“Esto significa que no solamente se evaden todas las reglamentaciones y los impuestos de rigor, sino que también se pone en peligro la salud de los consumidores, ya que esos productos no tienen ningún tipo de control sanitario”, advirtió.
En fuentes del gremialismo agropecuario, en tanto, se manifestó la complacencia por la preocupación de la concejal Quartucci, por entender que será un argumento más para sostener las anteriores demandas de los productores por la creación de aquella fiscalía.
Dijeron que el productor requiere del Estado una adecuada protección.
“Para ello, contribuimos con el sostenimiento de las Patrullas Rurales”, afirmaron por último.