La no reinserción social de Alejandro, un riesgo latente

Redacción de La Nueva.

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Por Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com

Alejandro tiene 28 años y desde hace unas semanas vive a la intemperie, en un espacio público.

El 9 de enero salió de la cárcel de Villa Floresta y a poco de recuperar la libertad perdió el "rancho" de chapa y cartón que tenía en Miramar. Un incendio lo dejó en situación de calle.

Desde entonces “ocupa” El Pinar ubicado entre las calles Agustín de Arrieta, D'Orbigny, Fortaleza Protectora Argentina y 14 de Julio.

Duerme bajo el techo de una precaria “casita” perteneciente a ABSA y, cuando no sale a vender bolsas de consorcio por una esquina de la zona, es común encontrarlo cocinando algún guiso en una lata de dulce de batata o tirado sobre dos viejos colchones de los que emana un olor nauseabundo.

“Prefiero vivir acá y cagarme de frío que pasar una noche más en la cárcel. En el penal tenés que pelear con otros presos, he pasado noches con la cara rota, encerrado en un calabazo; es horrible”, le contó días atrás a La Nueva., convencido de que aún con bajas temperaturas, hambre y sin trabajo puede estar mejor que entre rejas. Le da valor a la libertad, el bien más preciado después de la vida. ¿Y por qué antes no lo priorizó?

Alejandro dijo que pasó más de 8 meses en prisión por robo. La estadística de la fiscalía confirmó su historial entre la delincuencia y la marginalidad: pesan en su contra 11 causas penales, algunas por sustracciones y otras por amenazas.

Además de los colchones, la precaria escenografía que montó en El Pinar la completan dos bolsas repletas con ropa sucia, una estatua de El Gauchito Gil, las bolsas de consorcio que vende para subsistir -y que vaya a saber cómo las obtuvo-, una vieja frazada, un paquete de cigarrillos, dos botellas de vino vacías y una lata de pegamento que contiene tolueno y casi con seguridad usa para drogarse.

“Necesito un teléfono, un trabajo y un lugar dónde vivir”, rogó.

Alejandro no es más que un eslabón de una larga cadena de exconvictos que vuelven a la calle sin ninguna posibilidad de evolucionar. Mucho menos de sumarse al mercado laboral o de insertarse en algún programa del Estado que les permita obtener un ingreso medianamente digno.

Está a la deriva. Y su presencia, pese a las buenas intenciones que pretende comunicar, no deja de ser un potencial peligro para quienes transitan el pulmón verde, entre ellos jóvenes y mujeres que realizan actividades físicas o de recreación.

Puede que nunca más cometa un delito o que, en breve, vuelva a ser noticia en las páginas policiales. En medio de tantas barreras -las propias, las del Estado y las sociales- su suerte pareciera estar echada.

El caso de Alejandro se conoce en medio de las noticias por las muertes de dos indigentes que vivían, casi en las mismas condiciones que él, pero en el Parque de Mayo.

Red de contención muy permeable

Los "Alejandros" se multiplican por cientos en Bahía Blanca. La reincidencia sin solución de continuidad es un flagelo casi tan preocupante como el del delincuente primario.

¿Cómo evitarla?, ¿de qué manera reinsertar en la sociedad a aquellos que se desviaron de la ley?, ¿por qué no alcanzan los soportes del Estado?, ¿qué cuota/parte nos corresponde a todos?, ¿somos una sociedad hipócrita?. Muchas preguntas sin respuestas concluyentes.

Lo concreto es que el modelo carcelario “resocializador” -no solo de castigo sino de corrección-, parece estar en un callejón sin salida.

El número de expenitenciarios y procesados en libertad que están siendo sometido al control del Patronato de Liberados aumenta en forma progresiva. No así los recursos destinados a tal fin.

Traducido: a fines de 2015 el organismo tutelaba en Bahía y la región a 999 personas, de las cuales 21% eran pospenitenciarios (habían cumplido total o parcialmente una condena en prisión) y en la actualidad, son 1.300, con un 25% de exconvictos. Sin embargo, el plantel profesional de la delegación local del Patronato no se modificó: es de 40. Y tienen apenas un vehículo para movilizarse en nuestra ciudad y llegar a distritos de la zona, como Coronel Rosales, Coronel Pringles o Coronel Dorrego.

Para hacer una comparación sencilla, cada operador tenía hace 2 años un promedio de 25 casos, hoy tiene más de 32. De todas maneras, las intervenciones son grupales, con psicólogos, abogados y trabajadores sociales.

"En una situación ideal necesitaríamos, por lo menos, el doble del personal. Al menos para empezar el 50%; con 60 personas estaríamos bastante bien, aunque sabemos que las vacantes están congeladas en la Provincia", sostuvo Silvina García, directora de la Región III del Patronato de Liberados, que tiene asiento en Azul aunque cubre Bahía Blanca y una vasta región del sur bonaerense.

El aumento en la cantidad de personas a las que debe controlar el organismo se da en los que salieron de la cárcel aunque, en mayor medida, en aquellos con condenas en suspenso o tareas comunitarias, también llamadas probation.

"Han crecido un montón los primarios", reconoció García.

“Algunos delinquen para chapear”

Para el juez de Ejecución Penal, Claudio Brun, quien tiene a su disposición a casi el 40% de la población carcelaria de Bahía y Saavedra, el sistema "se retroalimenta".

"La gente que delinquió, especialmente la más vulnerable, queda aislada, excluida". Es el retrato de Alejandro.

También admitió que otros son "incorregibles" y que existen situaciones que podrían considerarse llamativas.

"La llegada al delito se da por diferentes caminos. Hay gente que delinque para tener 'chapa' en el barrio, para 'chapear'. Esto lo reconocen algunos jóvenes en sede judicial", dijo.

Brun admitió que "son muy pocos" los condenados que trabajan intramuros, aunque quienes no lo hacen, o los adictos que no se someten a un tratamiento, tienen menos posibilidades de obtener los beneficios excarcelatorios.

Más allá de los que estudian en la escuela interna, son entre 10 y 15 los penados que hoy tienen salidas para estudiar o trabajar y una veintena los que buscan reforzar vínculos familiares.

A su vez, existen convenios empresariales, como por ejemplo con una talabartería o una firma dedicada a la elaboración de mates, que emplea en labores de manufactura a una decena de internos.

Oficios limitados, cupo y “acomodos”

El Estado instrumenta capacitaciones con el fin de facilitar la salida laboral de los internos, aunque evidentemente no alcanza.

"En Bahía se están haciendo cosas interesantes para los pospenitenciarios, como un taller de colocación de caños por termofusión. El primer curso, de un año, terminó hace un mes y tuvimos la entrega de diplomas y desde el Patronato se les compró la máquina para colocar los caños, con el fin de facilitar la reinserción. Dos de los que terminaron están trabajando en obra. Es cierto que son apenas dos y tenemos más para reinsertar, pero muchos te dicen que es la primera vez que reciben una mano", reconoció García.

Otro curso que se inició -algunos ya lo desarrollan en la cárcel y otros afuera- es el de la construcción de muebles con pallets, que tiene coordinación con la Municipalidad. "Entre otros elementos para vender, se van a hacer cuchas de perros y sillones de madera, por ejemplo".

El Patronato, a pesar de la limitación de recursos, impulsa ayuda habitacional para quienes salen y no tienen dónde parar. Seis meses antes de salir, las operadoras se entrevistan con los reos para tratar de buscar un proyecto de vida y revincularlos con familiares que los puedan ayudar.

"Cientos de los que hoy están presos quieren aprender un oficio; me consta. Diría que es el 80% de los que asistimos. El problema es que no hay cupos", aseguró el defensor oficial Augusto Duprat, encargado del área de Ejecución Penal.

Los talleres de carpintería o gasista, por caso, tienen ingresos muy limitados, dijo, al tiempo que deslizó que solo ingresan los que, de alguna manera, tienen "acomodo".

"En vez de que sean 4 personas, por qué no se hacen turnos rotativos y les enseñan a 20", se preguntó.

"Si el Estado dice que aporta 20 mil pesos o más por mes, en promedio, para cada interno, a ellos se les destinan no más de 1.000. Eso está claro", aseguró Duprat.

“No hay forma de que no salgan peor”

Para Duprat, no hay ninguna posibilidad de que quien ingresa en una cárcel egrese igual o mejor. "No hay forma de que no salgan peor", aseguró.

"Tenés cada vez más presos y la infraestructura está deteriorada. No se invierte nada en ese sentido. Además, la situación social y económica incide. Reafirmo lo que dije en algún momento: los tratan como animales", sostuvo.

En la misma línea, estimó que Alejandro va a estar de vuelta "adentro" en un año o menos.

"Perdió su rancho y es imposible que se reinserte. Quién le va a dar trabajo, si no lo consigue aquella persona que no tiene antecedentes", afirmó.

- Y, según su criterio, ¿cuál sería la solución o cómo se podría mejorarla?, se le preguntó a Duprat.

- El Estado debe destinar una mayor parte del presupuesto del Servicio Penitenciario Bonaerense a aplicarse a programas de oficios. Cuánto puede salir incorporar 3 electricistas para dar capacitaciones. El Estado tiene la obligación de resocializar. Y ahora que está tan de moda invertir en seguridad, hay que saber que darle herramientas a un preso para que no vuelva a cometer delitos es, también, invertir en seguridad.

El defensor oficial tiene en claro que existe un sector de la sociedad que "quiere matarlos a todos" o "que se pudran en la cárcel".

"Lamento informarles que no se puede, que la Constitución no lo permite", aclaró. Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como otros pactos internacionales y las leyes nacional y provincial de ejecución penal abogan por la readaptación social de los encarcelados.

Duprat, por último, también reconoció que la droga sigue corriendo dentro de los penales, a partir de cierta connivencia con algunos agentes penitenciarios. "El Servicio está muy corrompido. Lo mismo pasa con los celulares, hay guardiacárceles que los ponen en circulación. Si no quieren que pasen, no pasan. Igual que la droga", denunció.

Reincidentes por ley y extraoficiales

Para la ley es reincidente aquel que cumplió, total o parcialmente, una pena de encierro y vuelve a delinquir dentro de los 10 años siguientes al delito de la condena.

En ese marco, en la cárcel local -según números oficiales del mes pasado- existe una reincidencia de 22%, aunque ese porcentaje sube 10 puntos en los condenados por los delitos que más inseguridad urbana generan: robos y asaltos. De 285 penados por este tipo de hechos, 194 cumplen su primera condena y 91 tienen una anterior.

Está, por otro lado, lo que se puede definir como reincidencia no formal, aquella que se cuenta a partir del antecedente policial, referida a los procesados, que son mayoría en las cárceles.

“Como en toda la provincia, calculamos que en Floresta la proporción está 60/40”, dijo Duprat.

En la misma línea, es mayor el índice de repitencia en el delito de quienes no tienen una condena firme, desde el momento que vuelven a desviarse mientras las primeras causas en su contra están en instrucción o en etapas -algunas interminables- de apelación.

De hecho, el Ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, busca motorizar un proyecto para limitar la etapa recursiva.

En febrero, La Nueva. publicó un listado de sujetos que, de alguna manera, hicieron un culto de "la puerta giratoria". Se trata de 6 personas que fueron detenidas más de 20 veces desde 2011 a la fecha, según un relevemiento de la fuerza de seguridad en el que figuran otros 40 nombres con 10 o más capturas.

Los mayores más “conocidos” en sede policial son Daniel Cartes Jara (24 aprehensiones en 6 años); Héctor Raúl Lara y Alejandro Cabrera Villalonga (ambos con 22) y Oscar Alfredo Descalzo, con 21. También hay dos jóvenes que recién cumplieron los 18 pero cuentan con “prontuario” de menores. Uno reúne 28 entradas a la comisaría y otro, 22.

Duprat, sin embargo, rompe con otra creencia popular instalada: “No son más del 5% los delincuentes que roban porque son 'profesionales' o les gusta. Hace 18 años que estoy en la Defensoría y lo digo con conocimiento de causa”.

“La resocialización es muy difícil sin que el Estado intervenga”

En 2014, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto del concejal y director de la escuela secundaria que funciona en la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta, Sergio Massarella (FPV), para tratar de mejorar la reinserción laboral de las personas privadas de la libertad.

La iniciativa proponía firmar un convenio entre el establecimiento carcelario y el municipio, para que los convictos fabriquen pavimento articulado dentro del presidio y quienes recuperan la libertad puedan formar parte de una cooperativa de trabajo destinada a la instalación del material en las calles.

El proyecto estuvo cajoneado hasta agosto del año pasado, cuando el actual ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, visitó la ciudad y suscribió al menos 4 convenios laborales para personas privadas de la libertad. Uno era el del pavimento articulado.

Sin embargo, a casi un año de aquel acto, no se avanzó. Semanas atrás, el Concejo Deliberante le pidió a la comuna explicaciones sobre las demoras.

“No sabemos en qué quedó esa iniciativa, porque el municipio debía comprar la maquinaria y materiales iniciales. Lo cierto es que, un año después, y a pesar de los anuncios, no se hace pavimento en la cárcel”, relató Massarella.

Casi 300 reclusos -la población de la cárcel bahiense es cercana a 700- se dedican a estudiar, según el docente. Unos 120 están terminando el nivel primario; unos 150, el secundario y 22 estudian una carrera universitaria.

“La realidad es que, por más esfuerzo que hagan, si en estos momentos es difícil conseguir trabajo para jóvenes con títulos universitarios, para alguien que recupera la libertad es muchísimo más complicado”, admitió Massarella, quien tiene 20 años de experiencia laboral entre rejas.

Y fue más lejos con su opinión en el mismo sentido: “La resocialización es muy difícil, sin que el Estado intervenga”.