Denuncian en la Justicia Penal a dos funcionarios

Redacción de La Nueva.

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Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

El titular de la Agencia Urbana Municipal, Marcelo Lenzi , y el secretario de la Agencia Ambiental, Sebastián Serra, fueron denunciados en la Justicia Penal el lunes pasado por el supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público, a la vez que se solicita que se los investigue por un eventual delito de asociación ilícita.

La denuncia contra ambos funcionarios fue realizada por el abogado Leandro Aparicio ante la Unidad Fiscal Nº 3, en representación de los grupos de vecinos que se oponen a la instalación de antenas de telefonía celular bajo las actuales circunstancias. Esos mismos vecinos incluso participaron de la redacción de la ordenanza que regula ese tipo de artefactos, la cual se encuentra vigente desde el 22 de agosto pasado, pero sin aplicación efectiva hasta la actualidad.

“La ordenanza 17.130 fue promulgada hace exactamente ocho meses, sin que hasta el momento el Departamento Ejecutivo (a través de las oficinas encabezadas por los denunciados) haya realizado su implementación, la que hasta el momento es nada más que un conjunto de buenas intenciones sin aplicación práctica y efectiva”, explica Aparicio en su presentación ante el fiscal Oscar Duizeide.

Luego enumera lo que considera una serie de irregularidades cometidas por ambos, al asegurar que no está conformado el consejo asesor que exige el artículo 24 de la ordenanza, que no existe información sobre las mediciones de potencia periódicas establecidas en el artículo 16 y que no se conformó el fondo de control y monitoreo exigido en el artículo 22, ni la unidad de gestión que exige el artículo 21 de la norma local.

También explica que hasta el momento las empresas prestatarias del servicio no han presentado su propuesta de plataforma móvil ni sus declaraciones juradas, como tampoco la comuna ha controlado las obras civiles de las antenas en funcionamiento, deterioro de las estructuras existentes, como así tampoco se ha requerido la contratación de seguros que cubran los riesgos asociados a sus instalaciones y su funcionamiento, entre otras.

Por lo expuesto, Aparicio afirma que prima facie se acredita el incumplimiento de los deberes de funcionario público de Lenzi y Serra “al no ejecutar como establece el artículo 240 del Código Penal las leyes cuyo cumplimiento les incumbiere".

Fundamentalmente, quienes se oponen a las antenas argumentan que las mismas presentan riesgos para la salud debido a las ondas electromagnéticas y que muchas de ellas deben ser reubicadas para alejarlas de centros de salud, escuelas, etcétera.