Seguridad.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

Unos 30 agentes sanitarios de la cárcel denunciaron "persecución"

19/06/2017 | 09:00 | Personal profesional y no profesional de Villa Floresta reclamó contra la apertura de sumarios desde el Servicio Penitenciario Bonaerense, por el supuesto incumplimiento de la carga horaria.

Unos 30 agentes sanitarios de la cárcel denunciaron "persecución". Seguridad. La Nueva. Bahía Blanca

El personal sumariado cumple funciones en el área de Sanidad de la cárcel local.

Gerardo Monforte

gmonforte@lanueva.com

Por el supuesto incumplimiento de las 25 horas semanales de trabajo, inasistencias injustificadas y otras presuntas faltas laborales, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) inició sumarios administrativos contra el 70% de profesionales y no profesionales del área de Sanidad de la cárcel de Villa Floresta.

De los 40 empleados de dicho sector de la Unidad Penal Nº 4, 28 fueron sumariados y podrían ser destituidos si se los sanciona con el artículo 93 del Régimen del Personal del Servicio Penitenciario (decreto ley 9.578), vigente desde 1980.

Una fuente allegada al caso explicó que los sumarios se elevaron al ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, para su análisis y resolución, y dijo que hasta el momento no se cesanteó a ningún trabajador.

“Al personal sumariado lo pueden absolver o imputarle incumplimiento de horario, porque no le toman en cuenta las horas pasivas de trabajo. Esos empleados pensaron que los sancionarían con el artículo 91 o el 92 (de dicha norma)”, remarcó el vocero.

La noticia generó la reacción de los trabajadores sanitarios y administrativos de la prisión local, quienes denunciaron “persecución y un régimen de trabajo autoritario” a manos de los directivos del SPB, intervenido desde octubre pasado por la gobernadora María Eugenia Vidal.

En malas condiciones

En un comunicado enviado a La Nueva., también se suministró información sobre las malas condiciones de trabajo en Sanidad donde, al parecer, faltan insumos médicos básicos para los internos y elementos administrativos para cumplimentar las demandas de esa naturaleza.

El vocero se refirió al corte en el suministro de gas a causa de “pérdidas en cañerías obsoletas”; a la insuficiente calefacción generada por un “inútil radiador de cuatro elementos que se debe apagar para usar las computadoras o la impresora” y al alojamiento para los profesionales de guardia en “condiciones paupérrimas, sin calefacción, con sanitarios inadecuados y alimentación a cargo de cada uno”.

El martes 6 de este mes, las autoridades del organismo desplazaron de su cargo al jefe de Sanidad del penal bahiense, tras solicitar una audiencia al director provincial de Salud Penitenciaria, el abogado Javier Zoulemian, con la intención de “exponer ante él y sus colaboradores la caótica situación que se vive en la sección Sanidad de la Unidad Penal 4”. Sin embargo, el profesional continúa prestando servicios médicos a los reos.

Según el informante, esta situación se asemeja a la que atraviesan trabajadores de los departamentos de Sanidad en la mayoría de los presidios bonaerenses.

No es solo en Bahía

Agentes locales perjudicados por las medidas tomaron contacto con colegas de la Unidad Penitenciaria Nº 19, en Saavedra, donde hace un mes y medio se iniciaron sumarios a 15 empleados, por no cumplir aparentemente la cantidad de horas de trabajo semanales estipuladas.

La información la suministró el médico clínico Carlos Rostand, jefe del servicio sanitario de la penitenciaría saavedrense desde 2005, quien dijo que no se desafectó personal.

En la Unidad Penal Nº 20, de Trenque Lauquen, las condiciones laborales de los empleados de Sanidad tampoco son las adecuadas.

“Mediante sus ministros, Vidal dispuso profundos cambios en el marco del SPB en general y en el de la Sanidad Penitenciaria en particular. Lamentablemente, esas modificaciones vinieron de la mano de un cúmulo de sanciones sin sentido a personas que, según los mismos jefes que los calificaron hasta el año pasado, tenían un promedio de 8, 9 o 10 puntos en su desempeño”, concluyó.

Uno de los denunciantes calificó como “incomprensible” que a los damnificados se les puedan aplicar “las más gravosas sanciones previstas en una ley que fue generada durante el gobierno militar y nunca se aplicó con anterioridad”.

“Resulta inadmisible que una persona sea perseguida y sancionada por haber llevado a cabo una tarea durante más de 20 años de la forma dispuesta por las autoridades del momento”, se resaltó.

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