Micaela: una pericia clave en un perfil de Facebook depende de un juez de los EE.UU.

Redacción de La Nueva.

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Por Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com

La burocracia y los estándares de seguridad tecnológicos no contemplan angustias ni emergencias. Los investigadores del paradero de Micaela Ortega, desorientados por la falta de pistas de la menor de 12 años, a 22 días de su desaparición, creen que del contenido de una de sus cuatro cuentas de Facebook puede surgir alguna revelación, aunque la posibilidad de acceso a esa página es remota, o al menos de trámite dificultoso y prolongado, contraproducente para los intereses de la causa.

Un juez de los Estados Unidos debería habilitar el planteo, luego de una serie de requisitos procesales que el fiscal Rodolfo de Lucía ya inició, aunque sabiendo que el éxito es improbable, teniendo en cuenta antecedentes por otros casos penales.

Facebook, a través de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen del Ministerio de Seguridad bonaerense, ya había aportado datos de tráfico, como accesos y conexiones a las cuentas y números de IP (identificación de computadoras), aunque es lo que se llama información "no sensible". Obtener el contenido es muchísimo más complejo, aún en casos como estos, donde está en juego la vida de una niña.

Confirmaron que Micaela tenía abiertas cuatro cuentas de Facebook, pero solo una, la "oficial", pudieron revisar sin advertirse nada que llamara la atención. En una de las otras tres, por testimonios y averiguaciones, establecieron que presenta más de 600 contactos desconocidos y que fue la última que empleó para comunicarse con su novio. Creen que en ese marco pueden surgir pistas, pero no cuentan con la contraseña, que solo puede habilitarla la central de la red social, con asiento en Atlanta, Estados Unidos. Aquí surge el problema. Para esta investigación, como para otras.

Laberíntico

El fiscal (en este caso De Lucía) debe plantear a la justicia de Garantías el pedido de apertura de cuenta a Facebook (ya lo hizo). Este planteo se debe canalizar a través de una autoridad de aplicación, que es el área de Cooperación Penal de Cancillería, que traslada el reclamo al país del norte, traducido al inglés. El organismo análogo estadounidense, a su vez, tiene que girar las actuaciones al juez competente de aquel territorio (Atlanta pertenece al estado de Georgia).

Una vez superada esta etapa, el magistrado debe analizar, primero, si la solicitud reúne todos los requisitos de la ley norteamericana. De lo contrario, habrá marcha atrás.

Si se cubren las formas, se traslada el pedido a Facebook y la empresa responde si acepta o no, aunque los antecedentes marcan cierta intransigencia en contra de los reclamantes. Se trata de medidas excepcionales. De hecho, desde Bahía Blanca sería la primera vez que se exige.

En Rosario, meses atrás, la justicia sufrió inconvenientes similares a los de Bahía. El fiscal Marcelo Vienna intentaba determinar quiénes administraban una cuenta en Facebook llamada “Venta de armas Rosario”, que salió a la luz el año pasado. Con acceso público, cualquier usuario podía adquirir armamento exhibido a través de fotos.

“Cuando la Justicia gira oficios, no reciben respuestas o no responden con celeridad. Hay que esperar que contesten desde Atlanta (sede de la red social)", dijo Vienna.

De hecho, Facebook impone condiciones que limitan los requerimientos. “Cualquier magistrado en la Argentina tiene que cumplir con un protocolo. Nos dice que tenemos que informar lo que investigamos para así después ellos informarnos”.

El fiscal rosarino, en ese marco, consideró que sería necesaria una intervención del Estado, no para atentar contra las redes sociales o la propiedad privada, sino para cuestiones de interés público, como la posible comisión de un delito.

En Brasil también son notorios los conflictos que se han suscitado a partir de pedidos judiciales a las redes sociales, con el fin de esclarecer delitos. De hecho, en marzo fue detenido el ejecutivo de mayor rango de Facebook e Instagran en América Latina, el argentino Diego Dzodan, luego de que no respondiera sistemáticamente a la solicitud judicial para entregar información sobre el contenido de mensajes en WhatsApp, como medio de prueba para detectar una red de crimen organizado y tráfico de drogas en Sergipe, al noreste del vecino país.