El Estado sobredimensionado y la necesidad de ser justos

Redacción de La Nueva.

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La motosierra del presidente Javier Milei está en pleno funcionamiento y cada día hay novedades de un achicamiento del Estado a partir del despido de empleados de diferentes organismos de alcance nacional.

Si bien en su discurso preelectoral, Milei anticipó que iba a accionar y actuar contra la que denominó “La casta”, es decir –en una de las varias definiciones del concepto—contra "aquellos que están en la política e implementan prácticas que hacen "daño a la gente" y que para "proteger" sus privilegios argumentan que no se puede hacer otra cosa.

Según la Real Academia Española, la palabra casta se denomina a un grupo de personas que tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión u otras consideraciones. En este caso, al tener en cuenta el contexto político que vive la Argentina, define "al establishment político y las grandes coaliciones políticas”.

Sin embargo, en estos primeros meses han sido los organismos públicos, algunos ministerios y secretarías los que han sufrido el golpe, con la cancelación de contratos y el despido de trabajadores.

Es una situación desesperante la de quedar sin trabajo, pero en parte el ajuste es consecuencia de políticas implementadas durante décadas, donde estos lugares de trabajo eran asignados a militantes políticos, familiares o personas que limitaban su labor a cobrar un sueldo, los denominados “ñoquis”.

Era inevitable poner las cosas en orden y que cada entidad estatal tenga una cantidad de empleados coherente, acorde a sus funciones, y no encontrar, por caso, una Biblioteca Nacional con 940 empleados ó la del Congreso con 1240, por citar dos ejemplos.

Sin embargo, para que ese achique tenga sentido y calidad de justicia es imprescindible que se haga un adecuado estudio de situación, sea  a través de una intervención que, en un plazo reducido, establezca con pruebas esos excesos o la presencia de trabajadores inexistentes.

Si bien quizá es complejo reducir a cero la posibilidad de que paguen justos por pecadores, es importante que estas decisiones sean razonables, que se puedan argumentar y que caigan fuera de todo cuestionamiento.