Los desafíos de la Provincia ante el ajuste de Milei

Ricardo Salas

rsalas@lanueva.com

No pocos actores del oficialismo bonaerense coinciden en que el Gobierno libertario pretenderá querer “asfixiar económicamente” al gobernador Axel Kicillof para que no sea “punta de lanza” de los gobernadores peronistas contra el paquete de reformas del Estado propuesto por el presidente Javier Milei.

“Cuando dicen que por no acompañar determinadas políticas no recibiremos recursos, sepan que no están castigando a un dirigente, sino a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires”, respondió el gobernador, quien parece plantarse ante un escenario hostil que, incluso, va más allá de las diferencias ideológicas.

No hay dudas que la administración bonaerense se prepara para atravesar un año con complicaciones económicas, mientras Kicillof asegura que “no va a retroceder, ni a darse vuelta”, ante el fuerte recorte de fondos que anunció el Gobierno nacional.

La Provincia pretende sostener la inversión en infraestructura a contramano de lo que proponen los libertarios de la Casa Rosada de terminar con toda la obra pública y llevarla al sector privado.

“Entonces con Milei volvemos a las viejas prácticas del látigo y billetera. Ahora maquillado a la concentración de poder y los recursos del Estado y violentar con la fusta bajo el brazo los principios básicos de la Constitución y el federalismo”, indican en calle 6.

“Con este modelo de ajuste que no es otra cosa que un 'Sálvese quien pueda', el Presidente en funciones es tan parecido a Mauricio Macri que asusta”, agregan.

Durante la última semana del año, Kicillof insistió con el pedido para lograr la autorización legislativa para buscar un endeudamiento que, según se asegura oficialmente, sería tomado en el mercado local y en pesos para encarar un 2024 que será más que complejo en materia financiera para la PBA.

También ante el ajuste de Milei, el gobernador arriesgó políticamente: avisando que la mayor presión fiscal para el año próximo podría aplicarse sobre los sectores de mayores ingresos, es decir, los propietarios de grandes extensiones de campo, de acuerdo a lo que establece el proyecto de actualización de la Ley Impositiva bonaerense sobre las boletas de los inmobiliarios rural y urbano (como puede ser el caso de los barrios cerrados) además de las patentes (particularmente, en autos de alta gama).

Después de un intenso año electoral, las necesidades financieras acorralan por igual a intendentes oficialistas y opositores. Con “pronóstico reservado” la negociación política legislativa por la sanción de las leyes del Ejecutivo, dejó mucha tela para cortar.

El interbloque de Juntos -legisladores radicales y del PRO, con muchas terminales políticas en intendencias bonaerenses- le corrió el arco de lugar a la Gobernación. “El impuestazo deja en evidencia que la PBA incumple con el pedido de achicar el gasto público y político como acción destinada a ordenar económicamente el Estado. Por lo tanto, termina con endeudamiento, aumentos disparatados en los impuestos y fantasías con cuasimonedas”, chicaneaban legisladores libertarios y macristas.

El radicalismo, en tanto, como base de extensión política de Juntos,  cada día más parece no comulgar con el núcleo duro del PRO que está detrás de Macri y la ministra nacional Patricia Bullrich.

No pocos boinas blancas piensan que ya no es tiempo solo de acompañar el proceso dentro de Juntos de manera incondicional, sino de tratar de imponer condiciones a una coalición que en los últimos tiempos se vio un poco desdibujada. Sobre todo después de las elecciones generales de octubre último.

La oposición pidió modificaciones al proyecto original, en particular los topes del Impuesto Inmobiliario con subas de hasta el 300% para aquellos segmentos sociales, es decir, “grandes contribuyentes”, argumentan en Economía. 

También planteó incorporar una “cláusula gatillo” en la Ley Fiscal que prohíba el cobro de los tributos bonaerenses por sobre la inflación de 2024, y que se garantice un “fondo extraordinario” para que los alcaldes opositores puedan hacer frente a las dificultades económicas y terminar además, con aquellas obras que están en marcha en los distritos.

Con guía camporista, Kicillof también termina de armar un “mix” para disputar su segunda gestión bonaerense con supuesta proyección presidencial en 2027. Le pagó a la “liga de intendentes peronistas” con cargos y estructuras ministeriales.

También aquel presagio electoral que el kirchnerismo utilizaría la Provincia como “refugio” para poder retener poder político y “caja” presupuestaria a través de “La Cámpora”, podría terminar de verificarse caminando sobre las diagonales.

“Discursivamente, Kicillof hace cristinismo moderado porque al igual que toda la estructura ministerial y legislativa, está "condicionado" por un ejército de militantes camporistas con cargos en primeras y segundas líneas, y difícilmente se los pueda sacar de encima con Máximo Kirchner en el tablero de control partidario”, explican en rondas de “off” del oficialismo peronista.

En paralelo, el nuevo equipo gubernamental sigue sumando refuerzos con dirigentes PJ para las denominadas “segundas líneas” ministeriales. Ese bien podría ser el caso de los exalcaldes de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, y el de Guaminí con reciente pasado como funcionario nacional, Néstor Álvarez, quienes ya desembarcaron en La Plata. 

El primero será secretario ejecutivo del Instituto de Lotería y Casinos, mientras que el otro será subsecretario de Recursos Hídricos del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis en el área encargada de la operación y ejecución de obras de saneamiento ambiental y el manejo integral de las cuencas hídricas.