El DNU de Milei y el eterno dilema eficiencia versus equidad

Francisco Rinaldi

frinaldi@lanueva.com

Licenciado en Economía por la UNS y periodista económico con 16 años de trayectoria en La Nueva. A la largo de su recorrido profesional, se ha especializado en el seguimiento de los grandes problemas de la economía argentina y sus posibles implicancias para la bahiense, con una mirada local.
También se desempeña como profesor de los niveles secundario, formación profesional y terciario en Economía Política, Administración y Contabilidad.

La teoría económica se refiere a menudo al trade-off entre eficiencia y equidad. En términos muy simplificados, explica cómo la solución más eficiente, la que brinda el mercado a través del libre juego de la oferta y la demanda y sin la intervención estatal, no siempre es la mejor en términos de la distribución del ingreso.

Milei presentó un DNU de 366 artículos para una profunda desregulación de la economía

Aunque resta conocer la letra fina, el espíritu detrás del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado anoche es muy nítido: para el gobierno de Javier Milei, una economía mayormente desregulada y con mínima o nula intervención del Estado es preferible a una con regulaciones públicas, ya que la eficiencia estará siempre por encima de la equidad, atributo que surgirá, de modo absolutamente espontáneo, una vez que se alcance la primera.

Desde la óptica del libertario, los efectos y las formas de las leyes laborales son, por ejemplo, estorbos que impiden llegar al equilibrio de la oferta y la demanda de trabajo, el que debería surgir de un acuerdo espontáneo y libre entre trabajadores y empleadores en el que se minimice (cuando no, elimine), la mediación de sindicatos y los convenios colectivos de trabajo.

No en vano, el DNU incorpora en su articulado la figura del “trabajador independiente” (artículo 96) o se impide que se considere como empleado a los asalariados en gris (monotributistas, artículo 23) , entre otros puntos polémicos.

Pero aún aceptando que nuestro país tiene un andamiaje legal y fiscal que no siempre favorece a la inversión privada, y que, incluso, suele perjudicar a las pymes, responsables del 70 % del empleo nacional, la mano del Estado es indispensable para que una economía pueda funcionar para todos y no sólo para unos pocos, porque la tarea de proteger a los más débiles y evitar una concentración territorial de servicios básicos, son variables que no entran en el “cálculo económico” de las empresas, sencillamente, porque no se pueden cuantificar.

Porque si no fuera por la presencia de empresas estatales y regulaciones públicas, ¿qué banco o entidad financiera podría haberse radicado en un pequeño pueblo del interior argentino? ¿qué aerolínea privada se volcaría a atender rutas que no son rentables?

Hechas estas preguntas, resta ver cómo pasará este DNU por el Congreso, con un presidente débil políticamente y sin mayoría parlamentaria. La resistencia no se hará esperar y sólo el tiempo dirá cuánto de lo que Milei cree podrá materializarse en medidas concretas.

Pero una cosa, al menos para quien escribe estas líneas, es segura: las fuerzas del mercado, desatadas a su libre albedrío, no siempre aseguran la mejor solución para todos. Por eficiente que sea.