Milei, el plan de la motosierra y el juego de la perinola ¿todos ponen?

Francisco Rinaldi

frinaldi@lanueva.com

Licenciado en Economía por la UNS y periodista económico con 16 años de trayectoria en La Nueva. A la largo de su recorrido profesional, se ha especializado en el seguimiento de los grandes problemas de la economía argentina y sus posibles implicancias para la bahiense, con una mirada local.
También se desempeña como profesor de los niveles secundario, formación profesional y terciario en Economía Política, Administración y Contabilidad.

El plan de la motosierra del presidente electo Javier Milei es claro y si tiene un mérito es que nunca lo ocultó. El economista libertario repitió como un mantra que no va a subir ni crear impuestos, que eliminará la obra pública, las transferencias no automáticas a las provincias, los subsidios energéticos y el déficit de las empresas del Estado, a lo que se suma el “gasto de la política”.

Amparado en la idea de que todo lo que el sector privado no quiere proveer no sirve, Milei sostiene que achicar el déficit del Estado es una prioridad y adelanta un recorte del 15% del PBI, de los cuales 10 puntos porcentuales provienen del llamado déficit cuasifiscal del BCRA, el que surge como consecuencia de un crecimiento de los pasivos remunerados de la autoridad monetaria (mayoritariamente Leliqs), superior a los activos (reservas de dólares), y los 5 puntos remanentes, de recortes al gasto público.

“Aun ajustando obra pública y gasto de la política no se llega a los 5 puntos que faltan para redondear el 15%. Por eso, inevitablemente los recortes afectarán a salarios de empleados públicos, jubilaciones y pensiones”, señala el economista y docente de la UNS Francisco Cantamutto.

Agrega que “asalariados públicos y jubilados gastan casi todos sus ingresos en consumo, lo que va a afectar negativamente a los almacenes, comercios de barrio, etcétera. Va a caer la demanda y se va a generar recesión”.

De hecho, el propio Milei admite que los próximos meses serán de “estanflación”, corolario del ordenamiento de las cuentas públicas que, insiste, es indispensable.

¿Todos ponen?

La estructura del gasto público se divide de la siguiente forma: las prestaciones sociales (jubilaciones, AUH, pensiones, etcétera) se llevan nada menos que el 54% del gasto primario, seguidas por los costos de funcionamiento del gobierno, con un 16%, los subsidios económicos (principalmente, energía), un 12% de funcionamiento (salarios de empleados públicos y compra de bienes) y un 10% de gasto de capital e inversión (obra pública). El 8% restante correspondería a otras categorías de gasto.

Si se toma en cuenta que una parte sustancial del gasto son jubilaciones, pensiones, AUH y Asignaciones Familiares, que ajustan en función de una fórmula consagrada por el Poder Legislativo, caben esperar modificaciones en la misma, algo nada sencillo de avalar políticamente, amén de que se abre la puerta a futuros reclamos legales a un sistema previsional jaqueado por los altos niveles de litigiosidad, dada la ausencia de una verdadera reforma integral.

Además, y como suele pasar, el hilo se volverá a cortar por la parte más delgada: cálculos del previsionalista Alfredo Bernabei señalan que los haberes previsionales apenas por encima de la mínima (los que no recibieron bonos), pierden frente a la inflación.

Del lado de los receptores de la AUH, no hace falta aclarar que quienes la perciben son los sectores más desfavorecidos de la sociedad, a los cuales no se les puede pedir sacrificio alguno.

Así, si sólo se apunta a ese lado del gasto, la perinola no saldrá del lado del Todos Ponen.

¿Dónde apuntar?

Al hablar de gasto público, poco y nada se hace referencia al gasto tributario, que se lleva, de acuerdo con estimaciones de organismos como la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), alrededor de 2 o 3% del PBI.

El gasto tributario surge de exenciones o regímenes especiales de impuestos que reciben algunas empresas, generalmente de gran tamaño, como incentivo para fomentar inversiones productivas en proyectos sociales o exportaciones. En términos llanos, se “premia” con menos impuestos a quienes invierten y producen, algo positivo, aunque se pierde recaudación.

“El gran problema del gasto tributario es que es muy opaco. No se brinda información pública acerca de qué empresas son beneficiadas ni mucho menos se audita el cumplimiento de lo prometido, de modo que no se sabe si se generan los efectos deseados. Y si este gasto se redujera a la mitad, podríamos acercarnos al superávit fiscal”, señala Cantamutto.