Bahía Blanca | Martes, 23 de abril

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Puan: con recortes de sueldos y polémicos ajustes en Salud, empezó a regir la emergencia municipal

Salarios políticos y dietas bajarán un 30%, en promedio, desde este mes. También se empezó a recortar horas extras, viáticos y gastos. En Salud se suspendieron prácticas y se arancelaron otras. La tarifa de los geriátricos subirá casi el 150%.

Los quirófanos del distrito quedarán prácticamente reservados, durante febrero, para emergencias. Fotos: Archivo La Nueva.

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

   La ordenanza que dispone la emergencia económica en el distrito de Puan comenzó a tener vigencia esta semana. Algunos de sus efectos, como los ajustes en el área de Salud, son inmediatos, mientras que otros, como la rebaja de un 30% en los sueldos políticos, recién se advertirán a fin de mes. La meta está definida: bajar los gastos mensuales en no menos de 5 millones de pesos e incrementar los ingresos.

   Algunas de las medidas de ajuste tendrán vigencia por un mes; otras, por 180 días, aunque el intendente Facundo Castelli no descartó que puedan ser extendidas hasta fin de año.

   Varias de ellas son polémicas. Por ejemplo, el incremento de las tarifas de geriátricos, que subieron de 21 mil a 38 mil pesos mensuales en enero y que, según aclaró el jefe comunal, continuarán incrementándose hasta cubrir los 52 mil pesos que cuesta atender a cada abuelo. 

   Esto representa una suba de casi el 150% respecto de lo que se cobraba en diciembre. Sólo se contemplará la situación de quienes no tengan una familia capaz de costear el servicio.

Facundo Castelli (segundo desde la izquierda), días atrás, al anunciar el ajuste que comenzó a tener vigencia esta semana. Lo acompañaron los secretarios Cristian Haag, Lorena Ustarroz y Cristian Desch.

 

   “El otro camino es reducir la estructura de empleados de municipio -es decir, sacar a 300 de los 900 empleados- o aumentar mucho las tasas. Ninguna de estas opciones nos convence”, dijo Castelli.

   Otra medida de ajuste polémica contempla la posibilidad de dar de baja los convenios con obras sociales que adeuden grandes sumas por el pago de prestaciones o no acepten adecuar lo que abonan por cada práctica.

   "Si hay obras sociales con las que no nos ponemos de acuerdo sobre el costo del afiliado o las prestaciones, es probable que no firmemos convenio. A partir de ahí, esos pacientes tendrán que abonar el costo de lo que sale la práctica médica”, se indicó.

   Las obras sociales que están en la mira son Osprera (del personal rural y estibadores) y IOMA. La primera debe más de un millón de pesos; la segunda -que en Puan cuenta con 4.500 afiliados- no ajusta los valores que abona por las prestaciones desde 2015.

¿Prestaciones médicas programadas? Casi todas suspendidas

   En el marco de esta emergencia, hasta el 29 de este mes la atención programada de servicios médicos no se brindará a personas que no residan en el distrito de Puan. Según se explicó, los hospitales y salas médicas “son municipales y deben garantizar la atención de salud de sus habitantes”.

   “Las urgencias -se aclaró- se atenderán indistintamente de la localidad de origen y de la cobertura de obra social”.

   El servicio de quirófano también estará fuertemente restringido, ya que “no se realizaran cirugías programadas para evitar el consumo de insumos” y preservarlos “para las urgencias”. Tampoco se alquilarán las instalaciones o equipos.

   “Durante el mes de febrero se definirá número de cirugías por servicio y por obras social con las cuales se continuará trabajando”, se indicó.

   Las cirugías oncológicas de PAMI serán la única excepción y se continuarán realizando. 

   En cuanto a las cesáreas programadas y partos, sólo se harán a pacientes del distrito. 

   El servicio de diagnóstico por imágenes también será restringido. Las radiografías se harán a todos los pacientes, pero las mamografías, tomografías y ecografías programadas sólo se practicarán a afiliados al PAMI y al seguro de salud municipal Sedem.

   En cuanto a los estudios complementarios programados de ecografía, tomografía y ecocardiograma, serán suspendidos (a excepción de los que correspondan a afiliados a PAMI o al Sedem). 

Habrá que pagar

   Otros servicios médicos no serán restringidos, pero pasarán a tener costo. Uno de ellos es el servicio de guardia. 

   Aquí las personas que sufran una emergencia con riesgo de vida serán atendidas en forma prioritaria. Sin embargo, la prestación sólo será gratuita para afiliados a PAMI, el Sedem y obras sociales (estos últimos deberán pagar un coseguro en caso de que corresponda). 

   Atención a este dato: los pacientes no residentes en el distrito deberán abonar los gastos hospitalarios de una urgencia en forma particular “indistintamente si tienen o no cobertura de obra social”.

   Para los casos de urgencias sin riesgo de vida o en situaciones posibles de ser programadas, los pacientes que no sean del distrito (tengan o no obra social) deberán abonar 500 pesos por la consulta y, aparte, los gastos hospitalarios. Esto también se aplicará para quienes sean del distrito y, pese a tener obra social, no presenten la documentación requerida.

   También se cobrará por el servicio de enfermería en guardia o consultorio. Las curaciones tendrán un costo de 120 pesos, mientras que la aplicación de inyectables variará entre 50 y 150 pesos (según el paciente provea o no los materiales descartables y medicación).

   Los únicos eximidos serán los afiliados a PAMI o al Sedem.

   La recetas médicas, por otro lado, sólo se harán a afiliados al Sedem o PAMI. “Los pacientes del resto de las obras sociales deberán solicitarlas a sus médicos de cabecera en forma particular”, se indicó.

   Otra disposición importante es que se dejará de proveer el servicio de ambulancia para eventos o actividades de instituciones en forma permanente. “En caso de que el evento requiera para su realización la presencia de personal de salud, la organización del mismo debería encargarse de contratar el servicio a un prestador privado”, se aclaró.

Sí, se puede: así se implementará la rebaja salarial

Dos estrategias. El intendente dispuso dos estrategias para bajar los sueldos políticos, en promedio, un 30%, y generar un ahorro del orden de los 1,3 millones de pesos mensuales. 

Otra categoría. La primera consistió en recategorizar a la gran mayoría de las áreas de gobierno. “Quedaron apenas dos secretarías -aclaró Castelli-. Las restantes fueron convertidas en direcciones. A su vez, las direcciones pasaron a ser jefaturas, y estas últimas se transformaron en coordinaciones”.

Menos sueldo. De esta forma, el sueldo de un secretario reconvertido en director pasó de unos 90 mil pesos mensuales a menos de 65 mil; el de un director devenido en jefe, se redujo de esa cifra a algo más de 40 mil; y, el de un jefe que pasó a ser coordinador, de 40 mil a unos 28 mil.

Como donación. En cuanto a los salarios de Castelli y las dietas de los ediles, el descuento del 30% se hará en forma de donación, e irá a una cuenta especial destinada a becas de estudio y de residencia (para alumnos que cursan en otros distritos). Se hizo de esta forma porque las reducciones de dietas y salarios no están contempladas en la Ley Orgánica de las Municipalidades.