Bahía Blanca | Miércoles, 01 de mayo

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Política fiscal “M”: igual déficit, mejor calidad

La presión tributaria nacional resultó del 25,1% del PIB en 2017 (24,7% si se excluyen los recursos provenientes del blanqueo), contra 26,3% en el año 2015.

De acuerdo con el Ieral de la Fundación Mediterránea, el rojo primario de las cuentas públicas se mantuvo casi igual con respecto a la administración kirchnerista.

Sin embargo, se bajó la presión fiscal y se eliminaron subsidios que afectaban a la oferta energética. 

Aunque terminó el año con niveles similares de déficit fiscal, el gobierno de Mauricio Macri despidió 2017 con una política fiscal de mejor calidad, que incluye la reducción de impuestos distorsivos y un menor gasto en subsidios económicos, de acuerdo con un análisis del Instituto para el Estudio de la Realidad Latinoamericana (Ieral), dependiente de la Fundación Mediterránea.

“En el segundo año de la administración Macri se observó un déficit primario similar (y un déficit financiero mayor) que, en el último año de la administración Kirchner, aunque se observa también una política fiscal de mejor calidad, que va reduciendo impuestos, (especialmente los más distorsivos) y subsidios económicos (reordenando el sector energía), y sinceró algunas erogaciones que anteriormente se evitaban pagar en el presente, a costa de generar obligaciones para el futuro (jubilaciones), así como se pasó a una estructura de financiamiento del déficit fiscal menos inflacionario”. 

“Si la inflación en él año 2017 no resultó marcadamente inferior a la de 2015 es porque entre éste y aquel año se necesitaba sincerar algunas variables claves, como tipo de cambio y tarifas de servicios públicos, proceso aún en marcha”, explicaron desde el Ieral.

No obstante —agregaron— la estrategia gradualista exige cumplir todos los años las metas fiscales fijadas, incluso sobre cumplirlas, de modo de disminuir drásticamente la velocidad a la que aumenta el endeudamiento público, y así asegurar un sendero fiscal sustentable en el tiempo.

“Lo anterior, a la par que se profundiza la reducción en la presión tributaria, para contribuir también a la sustentabilidad macro desde el punto de vista de la competitividad de la economía", comentaron.

"Se trata de los grandes desafíos de la política macroeconómica de la administración Macri”, advirtieron los consultados.

Similares, no iguales

Los técnicos del Ieral admitieron que el déficit fiscal primario —diferencia entre ingresos y gastos públicos, sin restar las erogaciones por el pago de la deuda pública— que dejó el último año del macrismo, del 3,9 por ciento del PBI, fue similar al del 3,8% de 2015, que se obtuvo al finalizar el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Incluso, el déficit financiero —incluye el pago de intereses— creció en la comparación de ambos mandatos presidenciales, del 5,2% del PBI en 2015 al 6,1% del macrismo.

Pero que los déficits primarios resulten similares en los años 2015 y 2017, no quiere decir que la política fiscal resulte, también, similar.

“Debe recordarse que la administración Kirchner terminó en el año 2015 con un alto déficit fiscal (no sustentable en el tiempo), financiado en gran medida con emisión monetaria (presiones inflacionarias), con un alto gasto en subsidios económicos a empresas (generó graves distorsiones en el sector de energía), con pagos incorrectos de una porción de las jubilaciones (generaban demandas judiciales), todo lo anterior, a pesar de contar con una presión tributaria récord para la Argentina, con impuestos muy distorsivos, que deterioraban la competitividad”, recordaron desde el centro de estudios con sede central en Córdoba capital.

En definitiva, la nueva administración requiere: bajar el déficit fiscal, reducir la asistencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al Tesoro, disminuir la necesidad de endeudamiento público, bajar la presión tributaria, reducir el gasto en subsidios a empresas y regularizar el pago de jubilaciones.

La presión tributaria nacional resultó del 25,1% del PIB en 2017 (24,7% si se excluyen los recursos provenientes del blanqueo), contra 26,3% en 2015, mostrando entonces una importante caída de 1,2% del PIB en dos años, que resulta de 1,6% si se excluyen los recursos del blanqueo en 2017.

Este resultado se dio, básicamente, por la menor presión fiscal en Ganancias (-1,1% del PIB) y en Derechos de Exportación (-0,7%).

Desde 2018, y hasta 2022, se profundizará la caída en la carga fiscal en ambos impuestos.

De hecho, este año se reducirá la alícuota de Ganancias para utilidades reinvertidas a 30%, mientras que ya se actualizaron las deducciones y escalas para personas físicas en base al RIPTE (mecanismo automático previsto en la reforma normativa de fines de 2016).

Por el lado de las retenciones, entrará en vigencia una disminución en la alícuota afrontada por las exportaciones del complejo sojero de medio punto porcentual por mes, que la llevaría del 30% actual a 24% a fines del año 2018.

 A estas novedades se agregarán los efectos en aportes patronales, impuesto al cheque y en otros tributos incluidos en la reforma tributaria aprobada en diciembre último, lo que permitirá una reducción todavía mayor de la presión tributaria. 

Poca baja del gasto

Por el lado del gasto público, entre 2015 y 2017 sólo bajó 0,2% en términos del PIB (de 25,8% a 25,6%).

Pero aquí también se pueden hacer varias aclaraciones, en torno a la razonabilidad de la política fiscal, alertaron desde el Ieral.

“Entre ambos años cayó en 0,6% del PIB el gasto en subsidios al sector privado, no por una reducción en las transferencias a las familias (más bien ocurrió lo contrario´, tanto por la ampliación en el universo de beneficiarios de asignaciones familiares como por la actualización automática de los haberes en base a la Ley de Movilidad Previsional), sino por el fuerte recorte producido en los subsidios a la energía, que se profundizarán en 2018 y se sumarán a los que se produzcan en materia de transporte y otros servicios públicos”, destacaron.

Así, mientras las transferencias corrientes a empresas privadas representaron un 2,1% del PIB en 2015, alcanzaron un 1,2% en 2017 (cayeron 0,9 puntos porcentuales del PIB).

“Tales ajustes eran necesarios para reordenar el sector energético, comenzar con la recuperación del autoabastecimiento y reducir el déficit fiscal”, evaluaron desde el Instituto cordobés.

También disminuyeron, aunque levemente, el gasto en Consumo y Operación del sector público nacional (-0,3% del PIB) y las Transferencias de Capital (-0,5%), principalmente a provincias.

Pero, por otra parte, aumentó el gasto en seguridad social, en 0,8% del PIB, y las Transferencias Corrientes (principalmente a provincias), en 0,3% del PIB.

“En el primer caso se trata de una situación intertemporalmente justificada: con la reparación histórica previsional se deja de generar pasivos contingentes, por incorrecta liquidación de haberes previsionales para una porción de los jubilados, que normalmente se terminaban reconociendo a partir de juicios iniciados por los perjudicados por dicha situación”, advirtieron.

Intereses de la deuda

Finalmente, no se aprecia una fuerte reducción en el gasto público porque, concomitantemente a algunos ajustes en las erogaciones, aumentó el pago de intereses por deudas, por el equivalente a 0,8% del PIB.

“Al pasar a financiar el déficit mayormente con emisión de deuda, en lugar de emisión de dinero, como hacía la anterior administración, ahora pesa más la cuenta de intereses, lo que se podrá revertir sólo si el gobierno nacional cumple con su compromiso de reducir todos los años el déficit fiscal, y de este modo, requerir cada vez menos financiamiento”, concluyeron los economistas del Ieral.