Dilemas

Vicente Massot

El gran desafío que ha asumido Mauricio Macri desde hace siete meses –condensado en el nombre de la coalición gobernante- no es de fácil abordaje. Para definirlo, antes es necesario dar una respuesta, lo más realista posible, a la siguiente pregunta: si el propósito resulta cambiar el rumbo del país, ¿de qué premisa parte?

Es claro que el macrismo está en las antípodas de la paradoja expresada por el personaje central de la famosa novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Don Fabrizio Corbera, Príncipe de Salina, sostiene allí una suerte de contradicción que dará lugar, más tarde, al concepto conocido como gatopardismo: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. ¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tironeos inocuos y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado…”.

No hay parecido alguno entre el aristócrata que contemplaba el fin de un mundo lleno de añoranza y se desvivía por conservarlo, con este hijo de inmigrantes, también italianos, cuyo afán es, precisamente, el opuesto: poner fin a un estado de cosas que detesta. Dando por descontado que desea modificar una constitución perversa, la cuestión de fondo radica en saber si es o no consciente de los peligros implícitos en la empresa y, dato no menor, conocer cuál es su diagnóstico de la enfermedad.

En una palabra, para cambiar un país se hace menester pisar en firme, tener en claro cuáles son sus adversarios, calibrar los intereses creados que reaccionarán en cuanto vean peligrar sus privilegios y no perder nunca de vista la relación de fuerzas existente al momento de iniciar el proceso de reforma.

Es difícil determinar con alguna precisión cuál es la composición de lugar que se ha hecho el presidente. No es lo mismo creer que la Argentina ha sufrido una serie de crisis sucesivas, de diferente magnitud, que considerar como clave el dato de la decadencia. Tampoco es lo mismo introducir en el análisis o dejar de lado la categoría de la enemistad.

Por momentos Macri parece convencido de ser un heraldo que viene a sacudir una modorra y atraso de décadas y, por momentos, parece un actor tímido, que no se baja de sus convicciones teóricas pero no termina de decidirse a la hora de avanzar con decisión en el terreno práctico.

¿Es consciente de las dificultades que se interponen en su camino? ¿Sabe que las acechanzas que se recortan en el horizonte son, en algunos casos, estructurales –la mentalidad prebendaria de una parte considerable del empresariado nacional, por ejemplo- y en otros son producto de planes específicos para torpedear su gestión?

Las preguntas, como es fácil apreciarlo, podrían sumarse unas a otras, sin solución de continuidad. Las respuestas, al menos de momento, brillan por su ausencia y nos obligan a conjeturar con el margen de error imaginable en estos lances.

La semana pasada quedó planteada, en dos hechos diferentes, la cuestión social que condicionará el segundo semestre y, casi con seguridad, se transformará en el problema principal que deberá enfrentar el gobierno.

Por un lado, el Poder Ejecutivo dio comienzo al plan de devolución de unos 30.000 millones de pesos correspondientes a fondos de las obras sociales sindicales retenidos desde tiempo atrás. Dado este paso sería lógico suponer que no habrá novedades de bulto en ese sector, capaces de inquietar a Macri. Tamaña cifra dejaría tranquilo a cualquier protagonista de la política argentina.

A los caciques gremiales –nunca conformes con lo que ya tienen- les viene como anillo al dedo. Si agitaron en estos días la amenaza de una huelga general, ahora el proyecto –que nunca tuvo mucho sustento- quedará en la nada. Con la plata en el bolsillo las diferentes fracciones que pueblan el movimiento obrero organizado –para utilizar el léxico peronista- tratarán de limar asperezas y firmar un acuerdo de unidad el próximo día 22.

Pero hubo un segundo episodio asociado a la peregrinación (manifestación), ya tradicional en el día de San Cayetano. El acto puso de relieve un fenómeno que es necesario tener presente en cualquier análisis: mientras los sindicatos reciben 30.000 millones de pesos y el gobierno insiste en que la inflación tiene tendencia a la baja, crece la inquietud respecto del tema salarial.

Los reclamos que se escucharon en la marcha donde, en apretado montón, se confundieron fieles, militantes de organizaciones sociales aliadas al kirchnerismo, partidos de izquierda y sectores del sindicalismo peronista, entre otros, apuntaron al alza del costo de la canasta familiar y a la necesidad de reabrir las paritarias antes de fin de año.

Por algún tiempo –es difícil determinar cuánto- los sindicatos no se subirán al pedido de aumentos salariales, pero todo hace prever que, tarde o temprano, se producirá un choque entre la necesidad del gobierno de reducir la inflación y cumplir con las promesas que se le vienen haciendo a la sociedad desde el 11 de diciembre pasado –lo cual supone una política monetaria inflexible- y los efectos que, en términos de los índices de actividad económica y de desempleo, puede producir esa política dura del Banco Central.

El escenario descripto no resulta fatal. No está escrito en ningún lado que deba darse con arreglo a una causalidad física. Sin embargo, el brete está ahí. Representa un desafío en la medida en que el oficialismo no puede defraudar las expectativas de la gente en cuanto a un descenso de la inflación y, al mismo tiempo, generar –implementando una solución monetaria dura- mayores niveles de empleo y de crecimiento de la economía. Hasta la próxima semana.