Los jurados no alcanzan y muchos juicios se postergan
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Pablo Andrés Pascual / ppascual@lanueva.com
En 2015 se implementó el sistema de juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires y desde sus inicios no para de generar controversias.
Por un lado, la aparición de una “grieta” (por utilizar un término de moda) entre los defensores a ultranza del modelo, que lo ven como una democratización de la justicia, y los opositores, que lo tildan casi como “una aberración jurídica”.
Ya en nuestra ciudad, fue tema de debate la llamativa cantidad de absoluciones registradas a través del mecanismo, alcanzando claramente los porcentajes más altos en todo el territorio bonaerense.
Desde un sector señalaron un deficiente desempeño de la acusación como el desencadenante, mientras que del otro lado del mostrador, entre algunas otras consideraciones, aseguraron que el número de votos que se requieren para alcanzar una condena (10 de 12 o la unanimidad en el caso de las perpetuas) es alto y debería modificarse.
En la actualidad esa brecha desapareció y los veredictos condenatorios y de inocencia se dividen en partes iguales.
Sin embargo, en los últimos tiempos apareció otro problema clave para el desarrollo de este tipo de debates: la conformación del jurado.
Cuatro juicios debieron suspenderse en lo que va del año y la gran mayoría sufre retrasos de una o dos jornadas en su inicio ante la imposibilidad de reunir a los 18 ciudadanos que se necesitan para llevarlo adelante.
Ser jurado es una carga pública, para la que están habilitadas las personas de entre 21 y 75 años.
Cada año se elabora un listado de candidatos, quienes tienen documentos de identidad con las terminaciones sorteadas en la sede platense del Instituto de Loterías y Casinos de la Provincia. En 2017 fueron los números 428 y 939.
De acuerdo al sistema legal bonaerense, el listado debe quedar conformado con una cantidad equivalente a un ciudadano por cada mil bonaerenses en condiciones de ser jurados y, para este año, fueron alcanzadas unas 12 mil personas.
El número para el Departamento Judicial Bahía Blanca es de 700, pero, de acuerdo a un relevamiento realizado por “La Nueva.”, no es suficiente para cubrir la demanda.
Inconvenientes para notificar a los candidatos, presencia en las listas de personas que no pueden cumplir esa misión o la falta de interés en participar son algunas de las causas que determinan esta falencia.
No pueden integrar un jurado los miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios electos o empleados del Poder Judicial, entre otros. Del mismo modo, aquella persona que participó en el juzgamiento de un procesado puede no volver a desempeñarse por un plazo de 3 años.
De todas maneras, en el inciso 10 del artículo 338 quater del Código Procesal Penal se establece que podrán ser llamados nuevamente en caso de haber sido convocados todos los integrantes del padrón.
Una misión casi imposible
La tarea de organización de un juicio por jurados comienza 40 días hábiles antes del mismo. Los secretarios de los tribunales deben hacer un sorteo utilizando un software proporcionado por la Corte Suprema y generar un listado de personas convocadas para la audiencia de selección del jurado.
Posteriormente elaboran las notificaciones, para que sean entregadas a los destinatarios por el personal de la Oficina de Mandamientos y de los Juzgados de Paz de las distintas localidades que integran la jurisdicción.
Allí se produce el primer problema: muchas veces el domicilio de la persona elegida no es el correcto; el candidato falleció; se mudó o no pudo ser localizado.
En casos excepcionales no se especifica la calle o la altura de donde vive el potencial jurado, por lo que resulta casi imposible localizarlo.
Más aún, se han encontrado en el listado con policías o militares, que están exceptuados de participar.
Por último, es importante la cantidad de personas que no concurren, por lo que en muchas ocasiones las audiencias de selección, en las que tendría que haber 48 personas, se hacen con menos de la mitad.
“Hay personas que, por más que sea una carga pública, deciden no concurrir. Muchas veces sortean más de 100 candidatos para llegar al número exigido de ciudadanos notificados”, dijo una fuente tribunalicia.
Esta situación, sumada a las recusaciones que por ley pueden realizar las partes (4 sin causa), determinan que en reiteradas ocasiones no se alcance el número necesario para conformar el jurado (12 titulares y 6 suplentes, en igual cantidad de hombres y mujeres) y la irremediable suspensión o postergación.
Ese panorama, y la limitada cantidad de personas habilitadas, provoca que algunos ciudadanos sean convocados más de una vez en un año para ser jurado.
Bahía y los dos problemas
“La ciudad, sin ser uno de los departamentos más grandes, es de los que más juicios por jurados ha realizado. Como el problema está en la cantidad, el listado de la gente sorteada quedó chico”.
El análisis corresponde al defensor oficial Carlos Carnevale, miembro del Observatorio de Juicios por Jurados.
El letrado sostuvo que el número de debates en Bahía supera lo proyectado cuando se analizó la implementación del sistema en la provincia.
“Estaba prevista la realización de entre 4 y 6 por año para un departamento como el nuestro y ahora llevamos alrededor de 14”.
“Esto no es porque los procesados lo eligen más, ya que no tendría lógica que en el resto no lo hagan. La pregunta sería al revés y habría que ver la razón por la cual en otros lugares no optan por el sistema”, agregó.
Para Carnevale, “en otros lados del mundo el juicio por jurados está acotado a muy pocos casos, porque se resuelven con anterioridad por otras vías, como nosotros tenemos el juicio abreviado”.
“El problema que hay acá es la dificultad para llegar a los acuerdos de juicios abreviados, entonces las defensas y los imputados prefieren ir a un debate por jurados en lugar de acordar un abreviado, porque la propuesta de la fiscalía suele ser muy alta”.
Sostuvo además que la Corte Suprema de Justicia bonaerense “no está evaluando esta situación como un problema, porque es algo que no ocurre en otros departamentos. Bahía tiene dos problemas: la extensión territorial y la cantidad de debates que se realizan”.
Carnevale afirmó que están evaluando realizar un informe y “poner en conocimiento de la Corte nuestra preocupación por lo que está sucediendo”.
Admitió que existen problemas en los listados y sostuvo que sería necesaria la puesta en marcha de una oficina que se ocupe de las notificaciones.
Finalmente comentó que las personas que forman parte de los jurados expresan inicialmente dudas o temores, aunque una vez que participaron sostienen que la “experiencia les cambio la percepción y la mayoría se van satisfechos”.
Distancias y la falta de interés
El fiscal Mauricio Del Cero opinó que la extensión del departamento judicial bahiense determina que el listado de potenciales jurados resulte insuficiente para el número de debates.
Al mismo tiempo, destacó que algunos de los ciudadanos que son convocados demuestran poca predisposición para participar.
“Las personas que acuden a los llamados lo hacen en varias ocasiones muy mal predispuestas, considerando que esta carga pública no está bien, porque es el Estado el que debe juzgar los casos criminales”.
También señaló que la posibilidad de hacer concurrir a los jurados por la fuerza pública debería revisarse, ya que “es obligarlos a que decidan, aún cuando no tienen voluntad de hacerlo”.
De la misma forma, mencionó que se debería aumentar la cantidad de personas que integran la lista de postulantes.
“La ley establece que quienes forman un jurado no pueden volver a hacerlo por un plazo de 3 años. Hay una excepción para esto, pero se está convirtiendo en regla. Quizás la alternativa sería ampliar la base de jurados y llevarla a 3 o 5 cada mil habitantes”.
Por otro lado, relató que “el Ejecutivo ha diseñado una misma ley para una provincia que es enorme y con conformaciones socioculturales muy distintas en sus regiones. La misma se aplica de igual manera en el conurbano como en el resto del interior bonaerense. La realidad es que hay dos particularidades: un jurado cada mil habitantes en departamentos judiciales como Lomas de Zamora, San Martín o Morón significa miles de jurados, porque son millones de habitantes. Eso, sumado al hecho de que no se estila o utiliza tanto como acá el juicio por jurados, determina que no tengan ese problema y nosotros sí”.
Respecto de esto último, dijo no poder explicar la aceptación que tiene el sistema en nuestra región.
También analizó la situación el fiscal Cristian Aguilar, quien recientemente sufrió la suspensión de un debate ante la imposibilidad de conformar el jurado.
“Hay varios aspectos que confluyen para que se produzca esta situación. Por un lado la extensión del departamento judicial, los problemas de actualización de los listados y el desinterés por tomar parte. Algunos quieren participar y otros no”.
El letrado agregó que “hay que notificar en forma personal a la gente, lo que también resulta trabajoso”.
Opiniones desde adentro
Dos jóvenes que en los últimos días conformaron el jurado en un juicio desarrollado en nuestra ciudad afirmaron estar satisfechos con la experiencia y aseguraron que es necesario participar y aceptar la carga pública como buenos ciudadanos.
Ambos fueron citados por segunda vez para un debate y finalmente tuvieron la oportunidad de participar.
“Llega la carta (notificación) y decís: `no puede ser´. Uno se preocupa porque no es nuestro mundo, pero después lo tomás como una experiencia enriquecedora. Es una responsabilidad que está buena”, dijo una joven bahiense, cuya identidad no se revela por cuestiones de confidencialidad.
Reconoció que, en general, la sociedad es reticente a lo desconocido y más en cuestiones que tienen que ver con los conocimientos jurídicos.
“Después llegás acá, te explican todo, vas viendo y es interesante. Había chicos que estaban disconformes con participar y después se dieron cuenta de que es una buena experiencia y terminaron muy contentos”, sostuvo.
La mujer dijo que en la primera citación fue jurado suplente y no participó.
Sobre los inconvenientes para reunir la cantidad de ciudadanos exigidos por ley para llevar adelante los debates, aseguró que sería interesante crear un registro de voluntarios.
“Se ahorraría ese problema, porque participaría la gente que le gusta o le parece una experiencia interesante. De todas maneras, hay que venir y, en caso de no sentirte preparado, te podés excusar; pero me parece que es una cuestión de respeto y de involucrarse con el deber de ciudadano”.
En el mismo sentido se expresó un hombre, quien arribó desde Tres Arroyos para cumplir con la misión.
“Es la segunda vez que me llaman. En la anterior vine pero luego no salí sorteado para los que quedaron en la selección definitiva”.
Afirmó que “en un principio no sabés qué hacer, uno se pregunta si es obligatorio o qué pasa si no voy. Finalmente vine y me pareció interesante”.
Al igual que su “colega”, consideró que es sumamente necesario afrontar la responsabilidad.
Faltaron y los denunciaron
El problema para conformar los jurados no es exclusivo de nuestra ciudad. A fines de 2016 también quedó evidenciado en Mar del Plata, donde un juez, en una medida inédita, decidió denunciar penalmente a quienes, pese a estar notificados, no concurrieron al debate.
El doctor Néstor Conti consideró que violaron el artículo 239 del Código Penal, que reprime con prisión de 15 días a un año a quien “resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.
Los hechos se dieron en el marco de un juicio contra un hombre acusado de golpear a su expareja. Para la audiencia habían sido notificadas 150 personas, de las cuales 48 lograron ser notificadas, aunque solo 29 llegaron hasta los tribunales el día fijado.
Las condenas ya equipararon a las absoluciones
Uno de los principales cuestionamientos al sistema de juicios por jurados en nuestra ciudad, a diferencia del resto de las jurisdicciones provinciales, era el bajísimo número de condenas en comparación con los veredictos de no culpabilidad.
Entre 2015 (el mecanismo en Bahía Blanca se inició en abril de ese año) y 2016 se habían realizado 16 juicios por jurados, de los cuales 11 terminaron con absoluciones y solo 5 con condenas.
Sin embargo hoy, según publicó en los últimos días el Observatorio de Juicio por Jurados de Bahía Blanca, existe una paridad absoluta en los resultados. De 26 debates en los 3 años del servicio, se contabiliza la misma cantidad de condenas y absoluciones.
De todas maneras, ese número (50/50) difiere de que lo que sucede en la media de todo el territorio provincial, donde se registran, según la misma institución, 73% de condenas y 27% de absoluciones. Esa cifra, agregaron, coincide con la tasa de cualquier país con juicios por jurados en el mundo.
En el caso de los juicios tradicionales, con jueces letrados, las condenas rondan el 90% en el Departamento Judicial Bahía Blanca.
Entre 2015 y 2016, los 4 jueces en lo Correccional (abordan delitos con penas que no superan los 6 años) y los 3 tribunales en lo Criminal (delitos más graves) avanzaron en 978 juicios convencionales, que se resolvieron vía oral o con medidas alternativas, como el juicio abreviado. De ese universo, 881 terminaron en condenas y apenas 97, con absoluciones.