Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

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Juicio por jurados: otro dato que suma polémica

Juicio por jurados: otro dato que suma polémica. La ciudad. La Nueva. Bahía Blanca

Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com

   El dato que faltaba sumar a la polémica, ya consolidada, por la instauración del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, lo publicó hace algunos días la Fiscalía General de Bahía Blanca. Contraste puro entre los juicios tradicionales y los que emplean a civiles en el estrado. Una diferencia abismal que desnuda una falencia. ¿Algo falla?

   Se trata del índice de condenas en debates con jueces letrados, que llegó al 90%, tanto en 2015 como 2016. Para el mismo periodo de dos años, los juicios por jurados (debutaron en Bahía en abril de 2015) sumaron poco más de 30% de sentencias condenatorias.

   Otra conclusión de interés que surge de la estadística publicada es que la nueva modalidad ocupa el 2% o menos del universo de juicios realizados en Bahía Blanca. En 2015 fueron 5 de 437 y en 2016, 11 de 557. Prácticamente nada.

   Mirá también: La Cámara Federal de Bahía es la que más sentencias dictó en 2016

   De todas maneras, hay que aclarar que, en cantidad, se dan muchísimos más juicios tradicionales porque abarcan todo tipo de delitos, en cambio que los jurados solo pueden intervenir cuando la pena en abstracto supera los 15 años, es decir en los casos más graves (robos con armas, violaciones y homicidios). Incluso, si el acusado prefiere ser juzgado por profesionales del Derecho, puede evitarlo.

   Entre 2015/16, los 4 jueces en lo Correccional (abordan delitos con penas que no superan los 6 años) y los 3 tribunales en lo Criminal avanzaron en 978 juicios, que se resolvieron vía oral o con medidas alternativas, como el juicio abreviado. De ese universo, 881 terminaron en condenas y apenas 97, con absoluciones.

   Los primeros dos años de jurados, en cambio, sumaron 16 juicios, de los cuales 11 fueron absoluciones y solo 5 condenas.

“Una excepción que no mueve el amperímetro”

   Los números sobre la cantidad de condenas en juicios tradicionales los publicó la Fiscalía General Departamental, que encabeza el doctor Juan Pablo Fernández, reconocido opositor del sistema de jurados.

   “Es una herramienta que atrasa, inútil, injusta y arbitraria, en especial en la provincia de Buenos Aires”, siempre reconoció Fernández, ante distintas consultas.

   En este caso, admitió que difundieron los datos para “completar la información y comparar”.

   “Sirve para que quede en claro que (el juicio por jurados) se trata de una excepción, que no mueve el amperímetro”, sostuvo.

   Si bien dijo que existe un mandato legal que obliga a los fiscales a intervenir en esta modalidad, en caso de que el acusado de delitos graves no la rechace, y que lo cumplen de manera responsable, “para los familiares de las víctimas de los delitos, cuando hay absoluciones, es desesperante”.

   De esta manera, la Fiscalía, a su vez, quiso remarcar ante la sociedad que, más allá de la repercusión pública que genera, el sistema de jurados no es el único y que la mayoría de las causas se definen por la vía tradicional. Y con condena.

   En los juicios con letrados, el nivel de condenas también deja en claro "el esfuerzo en materia de productividad de los fiscales", asumió Fernández, teniendo en cuenta que todavía existen 4 vacantes en las fiscalías y algunos instructores multiplican su tarea.

   Por el contrario, estimó que no hay tantas condenas en los juicios por jurados porque “hay mejores defensores" que eligen el caso buscando empatizar con los civiles. Con 3 o 4 del jurado que se identifiquen con ellos, se les garantiza la absolución. Pero siempre son la excepción”.

La “defensa” de algunos defensores

   En la vereda opuesta a Fernández, tanto en la función diaria como en el respaldo al sistema de juicios por jurados, algunos defensores oficiales destacan la puesta en marcha de esta vía, que figuraba en la Constitución de 1853 pero recién hace 4 años se motorizó en la provincia.

   Carlos Carnevale, uno de ellos, ya había considerado “consolidado” el mecanismo, durante una nota publicada por “La Nueva.” a fines del año pasado.

   “La cantidad de casos que han sido llevados a enjuiciamiento por jurados no debe ser interpretada como un rechazo de los imputados a este sistema de enjuiciamiento. En primer lugar, porque recién ha pasado poco más de un año desde que se implementaron. Y en segundo lugar porque está previsto solo para los delitos más graves y es renunciable por el imputado”, había explicado entonces.

   También destacó que se hicieron más juicios por jurados que los estimados por quienes impulsaron la reforma, teniendo en cuenta que no hubo capacitación previa en los operadores del sistema y que todo cambio genera resistencia.

   Por último, Carnevale había remarcado que en los Estados Unidos solo llega a jurados el 5% de casos.

   Su colega Germán Kiefl, también defensor de la herramienta, había reconocido que la preparación para la litigación penal es distinta a la del juicio tradicional.

   “Los jueces técnicos suplen muchas falencias de las partes, cosa que no sucede en los juicios por jurados, donde las partes no tienen muchas veces ese sostén técnico y deben demostrar su destreza en el juicio”, había señalado en el mismo informe.

   Para Kiefl, demanda muchísimo más trabajo la preparación y no todos los profesionales están formados y capacitados en la materia.

Qué hacer con los detenidos, otro problema

   Según un informe del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, conocido a fines de 2014, solo 4 de cada 10 condenados en la Argentina cumplen penas de prisión efectiva. El 60% restante recibe una sanción menor a los 3 años, con lo cual, salvo reincidencia, es de ejecución condicional.

   Pese a este porcentaje, la cantidad de condenas en nuestra ciudad puede traer aparejada una complicación: ¿qué hacer con los presos?

   A la espera de la selección de un terreno o un edificio en desuso para la construcción de una alcaidía en Bahía, la superpoblación carcelaria crece. Hoy es del 25%.

   Y en la medida que no se construyan nuevas penitenciarías -desde hace más de 15 años que no se levanta una para 1.500 internos o más-, ese índice va a crecer, porque se incrementa de manera progresiva el número de detenidos (hoy son unos 34.500 en la provincia) y la tasa de recambio -según reconoció el año pasado el ministro bonaerense de Justicia, Gustavo Ferrari- es de 700. Es decir que anualmente ingresan 2.200 y egresan 1.500.

   En este contexto, hay que tener en cuenta que existe una política de terminar con apresados en comisarías, para evitar lugares de hacinamiento y que la policía no se distraiga de su función prioritaria, que es la prevención de delitos.

   De hecho, en nuestra ciudad, la única seccional que tiene detenidos es la Primera, aunque la capacidad de sus calabozos está ampliamente superada. Y en la medida que no surjan cupos en la Unidad Penal Nº 4, de Villa Floresta, se debe disponer de algunas comisarías de la región.

Quieren extender los jurados a todo el país

   La comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación relanzó el debate para la implementar, a nivel nacional, el juicio por jurados, tomando como base un proyecto presentado por la diputada Gabriela Burgos (UCR-Cambiemos).

   Una comisión presidida por Burgos tiene como prioridad esta iniciativa, que se trabajó de manera mancomunada con la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ). El análisis, según trascendió, comenzaría las próximas semanas.

   La legisladora opinó que se trata de una “deuda que tiene el Estado desde 1853, ya que la Constitución Nacional lo establece”.

   “La verdadera democratización de la Justicia es incorporar a la ciudadanía este tema”, destacó Burgos, quien indicó que el proyecto ya cuenta con el visto bueno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

   Además de la provincia de Buenos Aires, el mecanismo ya funciona en Córdoba (con un sistema mixto entre civiles y letrados) y Neuquén, mientras que tienen leyes aprobadas para iniciar, o están en vías de implementación, Chaco, Río Negro, Santa Fe, Salta, la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Entre Ríos y La Rioja.

Jurados: mandato constitucional desde 1853

   El juicio por jurados permite la participación de civiles en la administración de justicia, para delitos de 15 años o más.

   Ser jurado es una responsabilidad pública. Se los elige por sorteo, en base al padrón.

   Están habilitadas las personas de entre 21 y 75 años. Si el imputado acepta ser juzgado por esta vía, el jurado lo conformarán 12 personas previamente seleccionadas.

   Para declarar culpable al acusado, se necesitarán 10 votos como mínimo. Si la condena es perpetua, se requerirá un veredicto unánime. El juez letrado impondrá la eventual pena.