Informe especial: por qué casi todos los acusados rechazan el juicio por jurados

Redacción de La Nueva.

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Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com

   Polémica. Enfrentamientos que llegaron a ser personales. Crítica y respaldo. Vecinos y familiares de víctimas que se quejan, fiscales que se capacitan para frenar el avance de las absoluciones y defensores que "defienden" el sistema. Los juicios por jurados levantaron mucha polvareda durante los últimos meses, en particular en Bahía Blanca, donde -a diferencia del resto de la provincia- es mayoritaria la cantidad de veredictos de no culpabilidad (10 de 15).

   Sin embargo, existe una estadística, hasta ahora soslayada, que habilita otra mirada del mecanismo, que en el territorio bonaerense se instauró sobre fines de 2013, aunque el primer juicio recién se realizó en marzo de 2015: casi todos los acusados prefieren el sistema tradicional, con jueces profesionales.

   A los juicios por jurados solo se puede recurrir en casos de delitos de 15 años o más de prisión, como robos con armas, violaciones y homicidios.

   De las 6.672 causas que se elevaron a juicio entre 2014 y 2015 por ese tipo de hechos, solo 78 se definieron mediante este instituto. Es decir, el 1,17% por ciento.

   Los datos, a los que tuvo acceso exclusivo este diario, figuran en la Procuración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

   Ese porcentaje sube en Bahía (5%), ya que de 299 expedientes, 15 fueron resueltos frente a jurados civiles, aunque en la mayoría (9) intervinieron defensores particulares.

   Hay que tener en cuenta que se trata de rechazos, porque los imputados de delitos de más de 15 años deben aclarar durante el proceso que no quieren ir a juicio por jurados porque, de lo contrario, la ley obliga a juzgarlos por esa vía.

   Entonces la pregunta cae de maduro: ¿por qué si esta modalidad “favorece” al acusado, como muchos detractores creen, casi nadie la usa?

   Lo consultamos al principal opositor del sistema en Bahía Blanca, el fiscal general Juan Pablo Fernández:

   -Las estadísticas provinciales indican que son muy pocos casos los que llegan a juicio por jurados en relación con la cantidad de causas, ¿cómo se explica?

   -En 2 años aproximadamente se han hecho unos 80 juicios por jurados en toda la provincia de Buenos Aires, lo que implica un promedio de menos de 2% de las miles de causas que se enviaron a juicio. Ello mayoritariamente obedece a que son rechazados por el imputado y su defensor, dato que evidencia la falta de confianza en las presuntas bondades de esta forma de resolver los casos, no obstante las grandes ventajas que la ley provincial les da. Fíjese que para acceder a la absolución les basta con sembrar la duda en una minoría de 4 jurados -o menos para estancarlo-, mientras que la declaración de culpabilidad requiere la certeza en al menos 10 jurados o la unanimidad en los delitos con prisión perpetua. Esto ocurre solo aquí y sin embargo los imputados y sus defensas, masivamente, prefieren un juicio técnico de jueces profesionales del derecho. Este simple dato derriba varios mitos que pretende instaurar la propaganda en torno a su confiabilidad y a que solo los fiscales lo cuestionamos. No hay cuestionamiento más categórico y contundente a los juicios por jurados que los miles de rechazos expresos del imputado y su defensor a esa forma de ser juzgado.

“No puede ser llamado exitoso”

   -¿Esto pone en jaque el éxito del sistema de juicios por jurados?

   -Debiera ser fácil acordar que un sistema de enjuiciamiento que solo resuelve excepciones no es algo que pueda ser llamado exitoso. Si del 100 % de los casos que deberían ir a juicio por jurados, llegan menos del 2%, en términos de sistema es casi nada. El 98% restante se resuelve por jueces profesionales, de modo que nada cambió salvo para esa excepción que admitió ser juzgada de esta forma. Ahora bien, si se estableció el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires para que se juzguen excepcionales casos en que la defensa no los rechaza, eso no es un sistema de enjuiciamiento. Mucho menos, exitoso. En todo caso es un experimento que, en mi opinión, tiene un alto costo en términos de justicia.

   -Pero los juicios por jurados están en la Constitución y se han establecido en otras provincias y países...

   -Sí, pero eso nada dice en cuanto a su utilidad para hacer justicia y, además, en muchas provincias lo han hecho de un modo distinto, compatibilizando intereses. Sin embargo, la propaganda a favor de estos juicios, en pos de esa democratización, deja de lado otros valores y mezcla las cosas, como si los distintos modos de participación popular fueran lo mismo. El problema no es la incorporación de jurados en la construcción de las decisiones judiciales. El problema es que aquí se lo hizo de un modo en que, por una lado, no es lo más eficiente para el fin de administrar justicia y, por el otro, resulta incompatible con otras partes de nuestra Constitución y del sistema jurídico desarrollado en consecuencia. Córdoba, por ejemplo, ha logrado esa compatibilidad con un sistema escabinado integrado por jueces profesionales y jurados populares que fundan sus decisiones con sujeción a la ley. Si en Buenos Aires se hubiera establecido un sistema como el cordobés, no tendría objeciones. Lo mismo ocurre en países como Italia, Francia o Alemania, por lo que mezclar todo para avalar lo que se hizo aquí responde a un discurso oportunista que busca confundir.

   -¿Cuáles son sus objeciones al juicio por jurados?

   -En mi opinión, de validez y utilidad. Yo dije que, como están reglamentados en la provincia de Buenos Aires, los juicios por jurados atrasan. Porque desde la Constitución de 1853 se incorporaron con tal jerarquía convenciones internacionales y nuestro derecho penal se ha desarrollado en un determinado sentido, lo que requiere un esfuerzo de compatibilización. Sin embargo aquí, para cumplir la Constitución en una parte, se la incumplió en otra e introdujo una herramienta ineficiente para resolver los casos, en tanto la dogmática penal no resulta transmisible a un jurado popular clásico. Tanto la Corte Suprema, en su doctrina de la arbitrariedad, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han señalado que es requisito de validez constitucional y convencional de las sentencias que tengan debida fundamentación, es decir que expliquen con buenas razones el por qué se resuelve de una manera en lugar de otra. Ello forma parte de la garantía del debido proceso y la defensa en juicio. En este sentido la Convención Americana de Derechos Humanos establece el derecho a la tutela judicial efectiva en los derechos de toda persona.

Afecta la falta de fundamentación

   Todo esto se ve afectado por la falta de fundamentación que es incompatible con los estándares de ambas Cortes. En ellos, para satisfacer el derecho de defensa, a la doble instancia y al recurso, no basta con poder revisar la razonabilidad de lo decidido sino que se requiere poder determinar su acierto de conformidad al carácter vinculante de la ley. Y para eso se requieren los fundamentos del veredicto.

   -¿Qué hay de cierto en la crítica del Inecip a los fiscales?

   -El Inecip hace propaganda de estos juicios y parecen operar como grupo de presión, agrediendo o felicitando públicamente según el posicionamiento de a quién se dirijen. Frente a la crítica que hicimos a la ley bonaerense, insólitamente nos han agraviado con falacias. Vivimos en una república democrática y existe el derecho a opinar que ejercimos y lo seguiremos haciendo. Las críticas a estos juicios la hacen, además de prestigiosos autores, llamativamente también muchos de sus propios integrantes que, en líneas generales, dicen lo mismo que nosotros aunque, algunos, escondidos en escritos judiciales que no publicitan. Vale el ejemplo de la Defensoría General que ya planteó la inconstitucionalidad de disposiciones de la ley del juicio por jurados, en un caso de tortura, por negarle a la víctima el derecho al recurso. Es llamativo que pretendan callarnos señalando genéricamente que las absoluciones son producto de la “ineficiencia de los fiscales”, sin considerar que diríamos las mismas cosas si los resultados fueran todas condenas. Pero eso es falso porque en la resolución de un jurado influyen muchos factores y porque determinar la culpabilidad no solo es establecer los hechos, sino también asignar la valoración que esos hechos tienen para el derecho. Si el jurado lo hizo correctamente o no -y porqué-, conforme a las instrucciones, la prueba producida y ley vigente, nunca se sabrá debido a la falta de fundamentos del veredicto. Pero supongamos que solo la habilidad de las partes determinara el resultado del juicio, se trataría entonces de un duelo en el que la verdad y la justicia no cuentan. Bienvenidos al Far West. ¿Qué tiene eso de bueno? Yo quiero un sistema de justicia respetuoso de los derechos y garantías, democrático y participativo, pero que haga justicia con sujeción a la ley.

“Creo que hay deficiencias en la difusión” 

   “Estoy de acuerdo con el sistema porque es un mandato constitucional y creo muy interesante la participación comunitaria, agrega un valor que no tiene aquel que está inflamado por la norma, por el conocimiento del derecho, que es el sentido común y el criterio. Creo que no hay tantos juicios por jurados por deficiencias de difusión, de la incorporación de parte de la justicia al modelo, pero con el paso del tiempo me parece que, en la medida que haya una sensación de que a la ciudadanía le sirve, va a haber más. También hay que cambiar la forma de litigar, la oralidad, que es fundamental y ni siquiera los exámenes son orales en el Consejo de la Magistratura. Por eso es importante readaptar el sistema de formación de abogados y jueces. Nos detenemos más en cómo sancionarlos o echarlos y nos tenemos que ocupar más de cómo los formamos.

   "Tenemos que avanzar hacia la división entre el título habilitante y el académico. No puede ser que una persona se reciba y al otro día pueda litigar ante la Corte. Es lo mismo que un médico, al otro día de recibirse, te opere de la cabeza. Probablemente le das tu patrimonio, tu honor, tu libertad a una persona que no está capacitada, ni tiene práctica. La mayoría de los países del mundo lo diferencian. En cuanto al sistema, si tiene que mantenerse con la normativa actual, lo debemos analizar. Yo estoy para repensar y reformar. El Código Procesal Penal que vendrá, enfocado en la víctima, determina que hagamos reformas a muchas instituciones”, Gustavo Ferrari, ministro de Justicia provincial.

“El mecanismo se consolida claramente”

   “La cantidad de casos que han sido llevados a enjuiciamiento por jurados no debe ser interpretada como un rechazo de los imputados a este sistema de enjuiciamiento. En primer lugar, porque recién ha pasado poco más de un año desde que se implementaron. Y en segundo lugar porque está previsto solo para los delitos más graves y es renunciable por el imputado. Claramente este mecanismo se está consolidando, se han realizado casi 100 juicios por jurados, un número mayor al estimado por quienes impulsaron la reforma. Teniendo en cuenta que no hubo capacitación previa en los operadores del sistema y que todo cambio genera resistencia, es comprensible que la cantidad de juicios vaya en aumento como ya se advierte en el número de juicios para 2017.

   "Sin embargo, no debe perderse de vista que en los Estados Unidos solo llega a juicios por jurados un 5 % de procesos, pese a que en ese sistema todos los casos pueden ser sometidos a la decisión de jurados populares. Es necesario destacar que todos los juicios –en Bahía y el resto de la provincia- se realizaron sin problemas. Respecto de los costos, al ser un solo juez, el Estado se ahorra el salario de otros dos. Las proyecciones que se dieron de estudios efectuados por la Cámara de Diputados es que el juicio por jurados insume el 0,003% del presupuesto actual del Poder Judicial, e inclusive con jurados a los que se les paga una dieta y viáticos”, Carlos Carnevale, defensor.

“No todos los profesionales están formados” 

   “Nosotros tomamos la decisión de ir a un juicio por jurados en base a una visión estratégica del caso, pero hay que estar preparado con todo lo que es la litigación penal, eso es importante. Hay que conocer las técnicas de litigación, porque la preparación es distinta a los casos con jueces técnicos. Los jueces técnicos suplen muchas falencias de las partes, cosa que no sucede en los juicios por jurados donde las partes no tienen muchas veces ese sostén técnico y deben demostrar su destreza en el juicio. Los defensores que no están formado en la litigación no eligen el caso porque no conocen las técnicas para manejarlo. Otros lo hacen también porque desconfían del jurado.

   "No todos los defensores creen inexorablemente en el jurado como no todos los fiscales están en contra. Hay profesionales que no les gusta la litigación y el juicio de estas características, porque la exposición es muy grande y mucho mayor el costo de preparación que frente a un juez técnico. Demanda muchísimo más trabajo la preparación. Hay casos que me arrepiento de no haber ido a jurado porque sé que hubiera tenido mejores resultados, pero uno va a aprendiendo, esto es muy nuevo. En definitiva, creo que hay pocos casos porque es nuevo, no todos los profesionales están formados y capacitados y hay muchos que no creen en el instituto. Yo lo considero una herramienta fenomenal”, Germán Kiefl, defensor.

Valiosa jornada, con presencia internacional

   La jornada provincial de juicio por jurados, desarrollada en el Aula Magna de la UNS el pasado jueves, bajo organización del Departamento de Derecho, sirvió para que fiscales, defensores, jueces y funcionarios tribunalicios se capacitaran en la materia, con la presencia de magistrados de nuestro país y hasta de los Estados Unidos, porque también disertó Harry Dorfman, juez de la Corte Superior de San Francisco.

   Entre las 9 y las 19.30, y luego de la presentación del ministro bonaerense de Justicia, Gustavo Ferrari, los paneles abordaron distintas temáticas relaciondas con el sistema de enjuiciamiento.

   Para Silvina Manes, jueza de Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, "el juicio por jurados es la única forma de democratizar la Justicia, le da firmeza a la imparcialidad".

   Héctor Granillo Fernández, presidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, sostuvo, por su lado, que este instituto "viene a terminar con la cultura del expediente, hacerlos transparentes y controlables". El fiscal de Pergamino Pablo Santamarina reforzó: "el jurado no tiene el expediente y existe la obligación de litigar en el debate".

   Una de las cuentas pendientes, que se puso de manifiesto en uno de los últimos informes de La Nueva., es adecuar el lenguaje técnico-legal al llano. Lo reconoció en el encuentro la jueza en lo Criminal de San Martín, Mariana Maldonado: "llevar al llano el vocabulario técnico es una deuda".

   Santamarina, por su lado, destacó como "importante" litigar "mirando a los ojos a los jurados" y, a su vez, evitar las autorreferencias.

   Dorfman se refirió a la actuación de los jueces en los juicios por jurados y, en ese marco, reconoció que aún estando habilitado para todos los delitos en los Estados Unidos, se resuelven ante jurados apenas el 5%.