Reembolsos: por ahora no habrá buenas noticias
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Adrián Luciani
aluciani@lanueva.com
Todo parece indicar que, en el tema reembolsos a los puertos patagónicos, a corto plazo no habrá que esperar desde la Nación una medida favorable a los intereses locales.
Hasta ahora lo único concreto es que el gobierno de Mauricio Macri piensa eliminar los subsidios a los embarques mineros, algo que no tiene incidencia en el funcionamiento de la estación marítima local.
Según el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Capello, se eliminarán unos U$S 147 millones previstos para este año.
El más perjudicado sería el puerto de Comodoro Rivadavia, que en agosto comenzó a despachar lingotes de oro a Europa.
“No nos gusta, no corresponde y estamos haciendo todos los trámites interministeriales para terminar con este subsidio, que va a ser mantenido en minerales industriales y rocas ornamentales”, dijo Capello durante Argentina Mining 2016.
“Estamos trabajando con los ministerios de Hacienda y Producción y nuestra opinión es que este es un flanco discutible muy grande de este tipo de reintegro que queremos saldar con su abolición”, agregó en declaraciones al diario “Tiempo de San Juan”.
Por su parte, el subsecretario de Política Minera, Santiago Dondo, explicó que “la demora se debe a que hay una discusión liderada por Hacienda, que está escuchando a Energía, Agro y otros sectores, pero es un tema que está avanzando”.
El reintegro a las exportaciones de oro y plata desde los puertos patagónicos adquirió notoriedad en abril de 2009 con el naufragio del buque chileno “Polar Mist” frente a las costas santacruceñas, que llevaba a Punta Arenas 9,5 toneladas de exportación metalífera en 340 barras doré de las minas Cerro Vanguardia y Manantial Espejo, de las cuales buzos especializados pudieron rescatar 339.
En Chubut, aunque paradójicamente tiene prohibida la minería a través de la ley 5.001, es beneficiaria y entusiasta defensora de estos reintegros.
A principios de agosto pasado, las mineras que extraen oro en Santa Cruz, iniciaron la exportación a través de Comodoro Rivadavia.
Según el administrador del puerto, Fabio Cambarieri, el impacto de la medida no será significativo.
Dijo que la actividad pesquera creció un 30% en relación al año anterior y “no es una actividad marginal”, mientras que son importantes las actividades asociadas a la exportación de cemento y movimiento de crudo, además de los ingresos vinculados a servicios.
Sin novedades
En definitiva, pese al anuncio formulado hace dos meses por el subsecretario nacional de Puertos, Jorge Metz, en la redacción de “La Nueva.”, aún no hay novedades sobre el reclamo realizado por Bahía Blanca en contra de los polémicos reembolsos.
“En unos 30 días seguramente habrá novedades al respecto. Consideramos que desde el Estado debemos corregir este procedimiento que le quita competitividad a Bahía Blanca y Quequén”, había dicho el funcionario.
En noviembre de 2015 Cristina Fernández firmó el decreto 2229/15 que restableció el pago de reembolsos adicionales a las exportaciones de productos originarios y manufacturados al sur del río Colorado, fijando como condición para su cobro que dichos productos o bienes industrializados se exporten por los puertos desde San Antonio Este hasta Ushuaia.
El régimen dispuesto, por cinco años, reconoce antecedentes nefastos para el puerto local cuando se instrumentó por primera vez en la década del '80 so pretexto de activar, mediante medidas de promoción, la producción patagónica en tiempos de tensión con Chile, país que promovía exenciones fiscales en Punta Arenas.
Sin embargo, no pocos sostienen que respondió simplemente al lobby de dirigentes y ex legisladores patagónicos que terminó con las exportaciones de fruta y con la pesca de altura para White, dos actividades que llenaron de puestos de trabajo a los muelles locales y a la ciudad.
En mayo último la Justicia Federal no hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consorcio de Gestión del Puerto, en noviembre de 2015, pidiendo la suspensión del decreto que reinstauró los reembolsos hasta tanto la Justicia resuelva la cuestión de fondo planteada, es decir, la inconstitucionalidad de la medida nacional.