¿Quién busca a los prófugos en Bahía?

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La noche del 2 de junio pasado, la policía arrestó a Alejandro Schneider cuando salía de una vivienda en Esmeralda al 100. Acusado de un brutal homicidio cometido el 15 de julio de 2004 -en medio de una disputa por tierras en Malvinas al 4.300-, desde esa fecha se encontraba con pedido de captura. Se lo atrapó a apenas 43 días de quedar desvinculado del caso. ¿Por qué? Porque la acción penal en su contra hubiera prescripto a mediados del mes pasado. ¡Estuvo casi 12 años prófugo!

Lejos en el tiempo parece haber quedado aquella frase, repetida por distintos investigadores, acerca de que para el delincuente, en especial aquel de cortos recursos, "es muy difícil vivir en la clandestinidad". Hoy los hechos le quitan entidad.

¿Quién busca a los prófugos como Schneider? Nadie de manera organizada. Se trabaja, por un lado, con los operativos rutinarios de control en la vía pública y, por otro, se trata de esfuerzos individuales y aislados de algunos policías -más preocupados y ocupados por la desbordante coyuntura diaria- o la inquietud de ciertos fiscales o jueces insistentes en eventuales reclamos. O el azar, que no hay que desmerecer en estas lides (hace 8 años, en una casa de Maestro Piccioli al 700, se lo fue a buscar a Carlos "El Chino" Alberti por un asalto y se lo encontró con más de 16 kilos de cocaína compactada).

No existe en la provincia de Buenos Aires un organismo dedicado exclusivamente a recapturar delincuentes profugados. Y a nivel federal recién ahora se está relanzando. Se llama Comando Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE). Es una célula dormida que había sido creada en 2013, integrada por la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la Policía Aeroportuaria. El tema cobró fuerza tras la fuga veraniega de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, que se inició en General Alvear, terminó en Santa Fe y pareció una película de ciencia ficción.

Es preocupante esta anomia en materia de seguridad, porque muchos delinquen, evaden la ley o se aprovechan de los beneficios que reciben de ella, cambian de destino y vuelven a delinquir, a veces con consecuencias irreparables. Jonathan Luna se había escapado desde General Roca en la primera salida transitoria que se le había otorgado, en diciembre de 2014. Y nadie lo buscaba, porque un año y medio después permanecía en Bahía Blanca, a la vista de todos, a través de las redes sociales. Y así mató a Micaela.

En la actualidad permanecen prófugos 12 condenados con sentencia firme, que tienen pedido de captura de parte del único Juzgado de Ejecución Penal local. Ese organismo, a cargo del doctor Claudio Brun, se encarga del control de los penados en esta jurisdicción, ya sea dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense o sometidos a medidas de vigilancia externa.

Muchos cometieron delitos graves. Uno debe purgar una pena a 12 años de prisión por violar a una niña y se evadió en 2008 y otro -al que buscan desde 2005- fue condenado a 9 años y 4 meses por un homicidio. También se mantienen en la clandestinidad cinco acusados de cometer robos con armas. Cualquiera de ellos, ahora, puede estar caminando por las calles.

El número se duplica y llega a 24 si se cuentan a los fugitivos que tienen sentencias de primera instancia, pero no firmes (técnicamente siguen siendo procesados), a disposición de los tres tribunales locales en lo Criminal. Y ni hablar de aquellos con causas en proceso, que manejan las fiscalías y de los cuales no se tiene un registro estadístico detallado.

Los penados que se profugaron incumplieron libertades condicionales, salidas transitorias o arrestos domiciliarios, abandonaron las tareas comunitarias que tenían a cargo o directamente se escaparon de sus vigiladores, como sucedió con un detenido que huyó cuando iba a ser operado en el Hospital Penna.

"Cada 6 meses mandamos oficios y pedimos a los organismos del Poder Ejecutivo por el estado de la investigación, para saber si se hizo algo", explicó Claudio Brun, juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca.

Cada vez que alguien evade la ley, el magistrado emite la novedad al Registro Único de Detenidos provincial, al Registro Nacional de Antecedentes, a la Policía y a la dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense. La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) es el nexo local.

"Tenemos fugas de todo tipo; algunas llevan bastante tiempo. De todas maneras, en el caso de los condenados, entendemos que no es un número alto, teniendo en cuenta que tenemos a disposición a 517 personas y manejamos alrededor de 2.500 causas", sostuvo el juez.

Brun reconoció que "al juzgado le preocupa que una persona no cumpla la pena que se le impuso", pero recalcó que el organismo destinado a la recaptura es el Poder Ejecutivo.

"No creo que exista un juzgado en la República Argentina que no tenga un pedido de captura, es una situación que se podría calificar como normal dentro de los procesos", cerró.

Según el comisario mayor Daniel Fabián Salazar, quien desde mayo está al frente de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), vienen trabajando de manera coordinada con la Justicia.

“Nos dan los oficios y abocamos a los grupos operativos para realizar las capturas. Mantuvimos entrevistas con las autoridades judiciales, quienes nos mostraron su inquietud y nos pusimos a trabajar”, explicó.

Un centenar de efectivos forma parte de la DDI. Están divididos en gabinetes especializados en diferentes problemáticas.

Salazar también dijo que en julio se realizaron más de cien detenciones en el ámbito de nuestra ciudad, Tres Arroyos y Coronel Suárez. “Los procedimientos tienen que ver con pedidos judiciales, hechos de flagrancia e investigaciones llevadas adelante por nosotros”.

Crean una oficina local de búsqueda

El caso de Micaela y la evidente falta de coordinación en este tipo de acciones condujeron a la Fiscalía Departamental Bahía Blanca a la conformación de una Oficina de Búsqueda de Personas, que ya articula algunas tareas, aunque estará formalmente creada en noviembre. Un agente del Ministerio Público Fiscal la coordinará y un comisario en función judicial actuará como nexo con policías que centralizarán la tarea. No solo buscarán a prófugos, sino también a testigos para juicios y a víctimas.

"Se utilizarán las redes sociales y los datos aportados por el padrón electoral, las prestatarias de servicios públicos y los bancos, entre otras herramientas", describió Santiago Garrido, secretario de la Fiscalía General. Usarán el sistema Nosis.

De hecho, mediante esta vía ya se localizaron testigos de importancia para algunas causas, según trascendió.

Por otra parte, el Juzgado de Ejecución Penal avanza en otra iniciativa que puede ser útil: dar difusión, a través de los medios de comunicación, la foto y los datos personales de aquellos penados que se evaden, tal como sucede habitualmente con las fugas de hogar de menores de edad. De esa manera, se cree, la sociedad, a través de eventuales llamados al 911, podría colaborar.

La desorganización, hoy, está a la vista. Basta con ingresar en la página del Ministerio de Seguridad bonaerense. En un link figuran las personas con pedido de captura. Ninguno de los 12 penados que se fugaron en Bahía Blanca está en ese listado.

Peor aún, uno de ellos, Gustavo Alejandro Aguilar -condenado por un robo y por la tenencia de un arma de fuego sin autorización-, se evadió de un penal de Choele Choel, en Río Negro, y nadie de ese presidio avisó al juzgado de Brun, hasta después de varios meses. Otra falla grave, que motivó un sumario.

Mantenerse en la clandestinidad

“En algún momento pisan el palito y quedan al descubierto”, aseguró un policía con más de 30 años de servicio y vasta experiencia en la búsqueda de prófugos, a quien La Nueva. consultó sobre cómo es la operatoria que utilizan los delincuentes en la clandestinidad.

Con los viejos DNI, cambiaban la foto y podían lograr una falsa identidad con suma sencillez, aunque en la actualidad, a partir de la implementación de la tarjeta y la digitalización del sistema, esa cuestión es más complicada y, en caso de intentar adulterarla, “hay que involucrar a gente especializada, que no creo que se comprometa”.

Explicó que en algunas circunstancias se van del sitio en el que cometieron el delito, aunque “depende de la mentalidad del sujeto”. Algunos, con el paso del tiempo y bajo un nombre falso, pueden resinsertarse en la nueva sociedad e intentar el comienzo de una nueva vida. Sin embargo, esto se liga a los recursos económicos.

En Bahía, a la que el vocero describió como “una ciudad-pueblo”, la mayoría de los delincuentes se queda o a lo sumo se retira hacia una localidad cercana (se cree que Alejandro Schneider estuvo recluido en un campo de Médanos), aunque en muchos de estos últimos casos los lazos familiares juegan su papel y obligan al prófugo a retornar.

Esta situación, a su vez, genera que en forma inconsciente el fugitivo baje la guardia y quede expuesto, facilitando la tarea de la policía.

“Pablo Escobar Gaviria (por el narcotraficante colombiano) tenía toda la organización, el poder y el sustento económico, y terminó cayendo por un teléfono”, ejemplificó.

Insistió el policía en que, pese a la realidad de hoy, sigue siendo difícil mantenerse en la clandestinidad. De todas formas, “si el investigador no les está atrás, no caen”, cerró.

Menos control y más capacitación

El Patronato de Liberados no tiene buena imagen entre la gente. Siempre está “en la mira” ante los incumplimientos de los tutelados que eluden un arresto domiciliario o dejan inconclusa una tarea comunitaria y se profugan. Sin embargo, sus autoridades se encargan de remarcar que son un organismo auxiliar de la justicia, pero con neta función social.

En Bahía Blanca articulan 34 personas, entre trabajadores sociales, psicológos, abogados y un técnico informático, para contener a un universo de 1.080 tutelados, aunque solo poco más de 200 de ellos son pospenitenciarios o tienen alguna medida restrictiva de la libertad.

"La gente tiene que entender que cualquiera de nosotros puede ser tutelado por el Patronato de Liberados. Quien provoca un accidente de tránsito, por ejemplo, también puede ser sometido a un control o debe cumplir determinada tarea comunitaria como regla de conducta. Además, más del 70% son procesados, aunque es difícil que la sociedad entienda y diferencie entre penados y procesados".

La explicación corresponde a la doctora Silvina García, coordinadora de la Región III del Patronato de Liberados, que incluye a nuestra ciudad aunque tiene sede en Azul.

"Ellos, en su gran mayoría, quieren reinsertarse pero muchas veces encuentran una pared en la sociedad", sostuvo.

García recalcó que "no controlamos las 24 horas" porque "nuestra responsabilidad es social". De todas maneras, aseguró que "es muy bajo" el índice de incumplimiento de los tutelados.

La profesional, oriunda de Trenque Lauquen, está a cargo de la jurisdicción desde marzo y, con la nueva administración política, le busca dar una nueva impronta a la institución.

"Somos todos de carrera y con pertenencia en el Patronato. Conocemos la problemática. Nosotros vamos a buscar más la autonomía de la persona, tomando como valor primordial la libertad. Se busca la integración del tutelado a la sociedad. Desde el control no se obtenían resultados”, opinó.

En La Plata se inauguraron los centros de inclusión, que capacitan a la persona en conflicto con la ley y a su familia. La iniciativa llegará a nuestra ciudad, según anunció.

“En Bahía estamos pensando en hacer un taller para instalación de cloacas, agua y plomería en general, porque hay muchos (tutelados) que son ayudantes en albañilería. También estamos proyectando un convenio con la UNS”, detalló.

Se burlaba por Facebook  y cayó en 2015

Un caso paradigmático es el de Carlos Esteban Montenegro, de 61 años, quien fuera condenado en primera instancia en 2011, a la pena de 10 años de prisión por el abuso sexual de dos menores, en Coronel Pringles. Como al juicio llegó en libertad, no presenció la lectura del fallo y se profugó. Sin embargo, un año después se burlaba de la justicia a través de Facebook. "¡¡Se puede estar prófugo de la justicia sino mirenme a mi!!", proclamaba el 7 de agosto de 2012. El mismo día reconocía su situación: "me acusaron de violación y estoy bien prófugo!!".

"Perdón por defraudar a mucha gente, pero uno no es perfecto y me fui de Pringles porque no tengo h... suficientes para afrontar la realidad y debo estar prófugo antes de estar tras rejas 10 años", aclaraba.

Al año siguiente (21 de julio de 2013) reanudaba su comunicación a través de la red social: "mirando Telefé... el día después de mañana...".

Montenegro cayó recién el 23 de enero de 2015, en una vivienda de Villa Domínico, partido de Avellaneda. Hoy, pese a su anhelo, está preso.

Otra situación llamativa se dio con Nicolás Velazco, acusado de tomar parte en dos homicidios (Leandro Serra y Eduardo Armario) en Ingeniero White. Estuvo un año y cuatro meses prófugo y se lo atrapó en un sótano de su casa, en Guayaquil al 3.400. Lo llamativo es que la policía había hecho varios allanamientos previos en el lugar, con resultado negativo. La familia de las víctimas denunciaron que tenía protección policial y, a partir de las manifestaciones en las puertas de la comisaría Tercera (los incidentes incluyeron pintadas en el rostro al jefe de la policía departamental, comisario mayor Gustavo Maldonado), se decidió el relevamiento del titular de la dependencia, José Castro.

El grupo de los 12 prófugos
con sentencia firme

Walter Dagoberto Matus (en 2008 recibió 12 años de prisión por violar repetidamente a una niña. Llegó libre al juicio y se profugó el día del fallo. Hace más de ocho años que está en esa condición).

Gustavo Alejandro Aguilar (condenado por portar un de arma de fuego sin autorización y por un robo. Tenía antecedentes. Se escapó de un establecimiento penal de Choele Choel. Nadie avisó al Juzgado de Ejecución Penal de la fuga).

Guillermo Elías Frías (detenido en Punta Alta durante 2013, fue condenado por tenencia de arma de fuego. Recibió 6 meses de prisión, pero abandonó las tareas comunitarias que le encomendaron).

Ana Soledad Torres Alarcón (en febrero de este año incumplió la prisión domiciliaria, luego de ser penada como partícipe necesaria en un robo calificado por el uso de armas cometido el 25 de enero de 2007. La pena le vence el 11 de febrero de 2020).

Juan José Ramos (autor de un robo con armas en una agencia de lotería de Hilario Ascasubi, en 2008. Recibió 3 años pero no los cumplió. Tiene domicilio en Bahía Blanca).

Raúl Sugman (el 13 de agosto de 2015 se le revocó la prisión domiciliaria luego de que se fugara del Hospital Penna, adonde había sido trasladado por una intervención menor. Está condenado por lesiones graves).

Héctor Darío Moyano (incumplió una salida transitoria el mes pasado, mientras purgaba una condena a 3 años y medio de prisión por robo con armas y resistencia).

Matías Sebastián Rossi (fue penado a 4 años de cárcel por tenencia de drogas para la venta. Detenido en Pigüé, en 2011. Se perdió su contacto).

Julio Enríquez Borzán (no cumplió con las salidas transitorias cuando purgaba una pena de 6 años y 10 meses, por robo doblemente agravado y resistencia. Lo llamativo es que el 12 de septiembre próximo vencía la condena).

Juan Pablo Reyes Fica (le habían dado 4 meses de prisión por un hurto. Se lo envió a cumplir tareas comunitarias, pero se revocó esa medida el 1 de este mes. No volvió.

Eusebio Casco (fue culpado por un homicidio en Pedro Luro. Recibió en 2005 9 años y 4 meses de cárcel. Antes de que se venciera la pena, violó la libertad condicional).

Matías José Gómez (se perdió contacto con el acusado. Debía cumplir una pena por robo con armas y privación de la libertad, consumado el 16 de julio de 2004).

Otros 12 sin condena firme

Roberto Rotili (abuso de un menor en una vivienda del barrio Patagonia. Recibió 6 años de prisión en 2007, pero llegó libre al juicio y no se presentó al día de la lectura del fallo).

Pedro Emanuel Uinchinao (robo agravado por el uso de armas. Se profugó el 7 junio 2012).

María Alejandra Santaolaya (debe purgar 5 años de prisión por robo doblemente calificado. Incumplió el arresto domiciliario en enero de 2015).

Mauricio Navarrete (4 años de prisión por abigeato agravado y portación de armas. Está con captura desde febrero de 2013).

Cristian Emanuel Garrido Castro (6 meses por amenazas. Está prófugo desde abril de 2013).

Damián Antonio Ayala Valenzuela (pena única de 3 años por robos. Cuando quedó firme el fallo, el 12 de febrero de 2016, se lo fue a buscar pero no se lo encontró).

Leandro Boiero (lo fueron a notificar de una sentencia del Tribunal de Casación y no lo localizaron. Estaba con libertad condicional).

Maximiliano Daniel Berth (en 2008 fue condenado a 4 años por tentativa de homicidio. No se lo pudo notificar de resolución de la Suprema Corte).

Jonathan Alejandro Valdebenito (no lo pudieron localizar para notificarlo de la sentencia firme en su contra).

René Gonzalo Lencina (expolicía que recibió 3 años de prisión en suspenso por un supuesto pedido de coima. Lo quisieron notificar de una resolución de Casación y no lo encontraron).

Marcelo Darío Ruiz (tampoco pudieron ubicarlo cuando quedó firme una pena en su contra).

Laura Gabriela Pailamilla (no se le pudo notificar el cómputo de pena, tras recibir 4 años de prisión. La acusan de intento de homicidio calificado).

El grupo de los 12 prófugos con sentencia firmeWalter Dagoberto Matus (en 2008 recibió 12 años de prisión por violar repetidamente a una niña. Llegó libre al juicio y se profugó el día del fallo. Hace más de ocho años que está en esa condición).Gustavo Alejandro Aguilar (condenado por portar un de arma de fuego sin autorización y por un robo. Tenía antecedentes. Se escapó de un establecimiento penal de Choele Choel. Nadie avisó al Juzgado de Ejecución Penal de la fuga). Guillermo Elías Frías (detenido en Punta Alta durante 2013, fue condenado por tenencia de arma de fuego. Recibió 6 meses de prisión, pero abandonó las tareas comunitarias que le encomendaron).Ana Soledad Torres Alarcón (en febrero de este año incumplió la prisión domiciliaria, luego de ser penada como partícipe necesaria en un robo calificado por el uso de armas cometido el 25 de enero de 2007. La pena le vence el 11 de febrero de 2020).Juan José Ramos (autor de un robo con armas en una agencia de lotería de Hilario Ascasubi, en 2008. Recibió 3 años pero no los cumplió. Tiene domicilio en Bahía Blanca).Raúl Sugman (el 13 de agosto de 2015 se le revocó la prisión domiciliaria luego de que se fugara del Hospital Penna, adonde había sido trasladado por una intervención menor. Está condenado por lesiones graves).Héctor Darío Moyano (incumplió una salida transitoria el mes pasado, mientras purgaba una condena a 3 años y medio de prisión por robo con armas y resistencia). Matías Sebastián Rossi (fue penado a 4 años de cárcel por tenencia de drogas para la venta. Detenido en Pigüé, en 2011. Se perdió su contacto).Julio Enríquez Borzán (no cumplió con las salidas transitorias cuando purgaba una pena de 6 años y 10 meses, por robo doblemente agravado y resistencia. Lo llamativo es que el 12 de septiembre próximo vencía la condena).Juan Pablo Reyes Fica (le habían dado 4 meses de prisión por un hurto. Se lo envió a cumplir tareas comunitarias, pero se revocó esa medida el 1 de este mes. No volvió.Eusebio Casco (fue culpado por un homicidio en Pedro Luro. Recibió en 2005 9 años y 4 meses de cárcel. Antes de que se venciera la pena, violó la libertad condicional).Matías José Gómez (se perdió contacto con el acusado. Debía cumplir una pena por robo con armas y privación de la libertad, consumado el 16 de julio de 2004).