Bapro: gerente regional y tesorero, afectados por el caso de Suris
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Daniel Calderón, gerente regional del Banco Provincia, y Jorge Navarro, tesorero de la sucursal del barrio Universitario, quedaron comprometidos con el sumario administrativo iniciado por la entidad a partir del caso Suris y el presunto lavado de activos.
Calderón fue puesto en disponibilidad preventiva (tiene un plazo de 180 días aunque actualmente está de licencia) y Navarro fue suspendido, notificado el martes por carta-documento y dejará de percibir sus haberes hasta que se aclare su situación interna.
La medida la tomó el directorio y la gerencia general del banco, según se informó desde la seccional gremial local de La Bancaria.
Tanto el gerente como el subgerente de la sucursal de la avenida Alem 979 están actualmente jubilados y no serían pasibles de sanciones administrativas, aunque sí podrían serlo desde el punto de vista penal.
Los investigadores creen que Juan Ignacio Suris -detenido y procesado por distintos delitos, entre ellos la comercialización de drogas-, ingresó en el mercado legal, a través de la sucursal Universitario del Provincia, dinero proveniente de negocios ilegales, como la evasión tributaria a partir de la emisión de facturas truchas.
El propio Suris, al momento de ser indagado, confesó operaciones sospechosas, como por ejemplo el depósito de 500 mil pesos a las 13 y el retiro del dinero a las 13.02.
Ante ese tipo de situaciones, el banco debía emitir lo que se denomina ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas) a la Unidad de Información Financiera (UIF), pero al parecer no lo hizo, y en distintas ocasiones.
La irregularidad motivó el allanamiento de la semana pasada en la sucursal, dispuesto por la Justicia Federal.
La documentación secuestrada está siendo analizada por la AFIP y la unidad Lavado de Activos de la policía bonaerense.
Mientras tanto ayer finalizó la ronda de testimonios, iniciada el lunes, de todos los empleados de la entidad que está bajo la lupa, en medida que dispuso el juez Santiago Martínez y que se desarrolló en la delegación local de la Policía Federal.
Ese material será enviado la semana próxima, para su evaluación, al juzgado, que también analiza la adopción de otras medidas de prueba.
"Esto puede exceder la gerencia regional. Lo que se intenta saber es quiénes son los que tenían niveles de decisión y quiénes, en su caso, se equivocaron o actuaron de mala fe. Se intenta llegar hasta donde corresponde llegar", comentó un vocero judicial que no se identificó.