Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

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¿Qué pasa con los juicios por jurados?

Más allá de la cuestión de fondo, crece otra polémica, referida a los resultados. Cada vez que se produce un veredicto de no culpabilidad, se calienta la discusión.
¿Qué pasa con los juicios por jurados?. La ciudad. La Nueva. Bahía Blanca

Por Juan Pablo Gorbal/ jgorbal@lanueva.com

Las discusiones son dos. Una macro y otra del pago chico. La global apunta a la efectividad del sistema: si es útil o no el juicio por jurados -que se puso en marcha el año pasado en la provincia de Buenos Aires- en comparación con el mecanismo convencional. Ese debate está abierto y se potencia en los pasillos de Tribunales. Hay quienes están a favor y lo consideran una "democratización" de la justicia y otros que prácticamente lo catalogan de una "aberración jurídica", pese a formar parte de la Constitución Nacional desde sus orígenes.

En Bahía Blanca, más allá de la cuestión de fondo, crece otra polémica, referida a los resultados. Cada vez que se produce un veredicto de no culpabilidad, se calienta la discusión.

En todo el territorio provincial, el índice de condenas por juicios por jurados es superior al 60%, mientras que en Bahía apenas alcanza al 25%. Es el departamento judicial bonaerense con más bajo registro. ¿Por qué?

Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) tienen una postura contundente: creen que existe ineficiencia en las investigaciones de los fiscales y pruebas de cargo "débiles", que ponen en duda al jurado y lo llevan a decidir por la no culpabilidad.

"Que las absoluciones en Bahía superen largamente la media provincial habla mucho más acerca del esfuerzo que les resta hacer a los fiscales por presentar prueba y casos más sólidos y a capacitarse en litigación oral que a la destacable labor del jurado o a las formas de rendir el veredicto", sentenció el INECIP.

Desde una nota de opinión, publicada el pasado lunes en La Nueva., el doctor José Luis Ares, juez en lo Correccional y docente de la UNS, sostuvo que "si un litigante cree tener un asunto sólido y le va mal al presentarlo ante el jurado, lo que debería hacer la próxima vez es preparar mejor el caso, con más y mejor prueba, afinar argumentos, clarificar conceptos". Para Ares, el jurado bonaerense "goza de buena salud".

Quienes mantienen una postura intermedia creen que la prolongada falta de recursos humanos en el Ministerio Público Fiscal puede incidir. Dicen que la existencia de fiscales que actúan en dos y hasta tres fiscalías a la vez -por las vacancias no cubiertas- afecta, por lógica, la instrucción de las causas y su presentación en juicio.

Entre los que defienden el sistema "profesional" a ultranza está, por ejemplo, el excamarista Hugo Ángel Cavallaro, quien desestima la hipótesis de que el jurado valora solo hechos, ya que "éstos y determinadas cuestiones jurídicas están íntima e indisolublemente ligados".

"Resulta irritable, por lo irracional, que la ley le otorgue al ciudadano común la virtud de no equivocarse, diciendo culpable o no culpable, sin dar razones de ello", amplió, para dejar en claro que existe una "desventaja procesal" de la víctima respecto del imputado, al poder recurrirse solo la condena y no la absolución.

Cavallaro no negó la existencia de malos jueces profesionales, aunque dijo que esa falencia no se corrige "popularizando demagógicamente la Justicia, nombrando a buenos y honorables vecinos, sin conocimientos jurídicos, para resolver conflictos esencialmente jurídicos. La Justicia se la democratiza y jerarquiza con jueces probos, idóneos y fundamentalmente independientes", dijo.

Quien más contrariado se mostró en los últimos días fue el fiscal Cristian Aguilar, tras sufrir un revés en un caso de tentativa de homicidio.

"La gente pide justicia, critica a los jueces, a la fiscalía y a todo el poder judicial, y cuando tiene que formar parte de acciones judiciales no decide como reclama", advirtió.

En el conurbano es más alto el índice de condenas

Del gráfico de barras actualizado sobre los juicios por jurados, surge, más allá del amplio dominio de las absoluciones en Bahía Blanca, que los distritos del conurbano presentan el mayor índice de condenas.

Un rápido análisis podría llevar a pensar que en esta situación incide el nivel de inseguridad, que en el Gran Buenos Aires es más alto que en el interior provincial, así como el hartazgo vecinal por el accionar delictivo.

Mientras Bahía presenta 3 condenas y 9 absoluciones, en San Isidro hubo 8 y 1; en La Matanza, 6 y 3; en Lomas de Zamora, 5 y 2; en San Martín 4 y 3 y en Quilmes, 2 y 0.

Mar del Plata (1-3), Necochea (1-2) y Trenque Lauquen (0-2), presentan, como nuestro partido, más absoluciones que veredictos de culpabilidad.

Casación instó a que haya una mejor preparación

El 11 de agosto pasado, al confirmar un veredicto de culpabilidad por un juicio por jurados en Quilmes, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense instó a las partes a litigar los casos de manera preparada y responsable.

Los jueces Mario Kohan y Carlos Natiello explicaron que se impone la necesidad de que "todos los operadores del sistema judicial tengan que formular nuevos parámetros de trabajo que se adecuen al mismo".

"Las partes necesariamente están obligadas (...) a aplicar novedosas técnicas de litigación dado que ya no deben convencer a jueces profesionales sino que deberán operar sobre legos, lo cual resulta sustancialmente distinto a la hora de elaborar el caso que pretenden llevar adelante. Será menester de los litigantes indicar con precisión cuáles son las pruebas que dan base a la teoría del caso que enarbolan", señalaron en el fallo.

Una idea que madura, con dos ejes de reforma

El fiscal Mauricio del Cero está de acuerdo con el sistema de juicio por jurados, aunque opinó que es necesario ajustarlo. Está desarrollando una idea con dos ejes de reforma.

Por un lado, que no sea optativo sino obligatorio para todos los imputados con penas mayores a 15 años. De esa manera, estimó, se evitarían maniobras estratégicas de parte de las defensas.

Por el otro, que la votación sea más equitativa, como la de Neuquén, donde se necesitan 8 votos para declarar culpabilidad. En la provincia de Buenos Aires, se alcanza condena con 10 de 12. Y en los casos de prisión perpetua, solo mediante unanimidad (12 de 12).

A su vez, Del Cero observó que la ley provincial 14.543 (de jurado, que se puso en práctica en marzo del año pasado) podría chocar con lo que para muchos es una garantía constitucional, como lo es la de defensa en juicio por jurados. Es que el artículo 118 de la Constitución Nacional establece que "todos los juicios criminales ordinarios (...) se terminarán por jurados".

"Las garantías constitucionales no son renunciables", afirmó el fiscal.

Además, marcó otra falencia. El artículo 168 de la Constitución Provincial define que en el caso de los tribunales colegiados, para que exista sentencia, debe concurrir mayoría de opiniones. En los juicios por jurados, la no culpabilidad se puede obtener con 4 de 12 votos, es decir, con una minoría.

Desde el Observatorio Permanente de Juicios por Jurados local consideraron que el modelo ideal es el que funciona de origen, que exige unanimidad tanto para condenar como para absolver.

"Sin perjuicio de ello, el planteo respecto de las mayorías solo se ha escuchado en Bahía, ya que en el resto de la provincia no se advierte que hayan resultado un obstáculo para que los fiscales obtengan un veredicto condenatorio", explicó un informante de ese ente, dedicado a la evaluación.

Acerca de los dos planteos constitucionales de Del Cero, el vocero dijo, por un lado, que la "renunciabilidad de las garantías" ya fue superada con la implementación del juicio abreviado y, por otro lado, la alusión a la Constitución Provincial sobre que las sentencias deben alcanzarse por mayoría, se refiere "a los jueces profesionales".

Finalmente, en cuanto a que el sistema es lento y caro, dijo que "la lentitud que puede tener la justicia obedece a muchos factores y es una crítica anterior a la implementación del juicio por jurados. En cuanto al costo, el monto asignado a los juicios realizados representa el 0,06% del presupuesto actual del Poder Judicial, por lo que su incidencia es mínima".