Flotar entre cuestionamientos
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En la ciudad capital del territorio bonaerense se respira un fuerte olor a huelga. La gobernadora María Eugenia Vidal sobrevuela el conflicto laboral por demandas salariales. Ante esta coyuntura conflictiva, el Ejecutivo sigue sin poder frenar los paros en distintas reparticiones del Estado, incluido los tribunales de Justicia.
La tensión sindical va en ascenso. Exigen actualización salarial por el aumento de la inflación y los tarifazos en los servicios públicos. Vidal ya esgrimió que no puede asumir ahora compromisos que no puede cumplir en términos presupuestarios.
El proyecto de ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica que impulsa la Gobernación sigue en la antesala del recinto de Diputados. Ni siquiera la presencia del ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, pudo persuadir a la totalidad de los legisladores aliados al bloque de Cambiemos, como para contar con los votos suficientes para aprobar una emergencia que ya fue sancionada por el Senado pero concita el rechazo mayoritario de los gremios estatales.
El oficialismo pretende que la nueva normativa sea votada a libro cerrado, pero esa estrategia parece naufragar ante la persistencia del Ejecutivo de rechazar modificaciones.
En líneas generales, el peronismo opositor objeta que con dicha ley se siga “preparando el terreno para una mayor precarización y flexibilización laboral”, según señala la diputada Valeria Amendolara.
“Vidal jamás enviaría a la Legislatura un proyecto de ley que vulnere los derechos adquiridos de los trabajadores”, le respondió el vicepresidente de la Cámara baja, Manuel Mosca.
Entre los artículos cuestionados aparece el hecho de habilitar la contratación de “empresas privadas” para realizar tareas en organismos de la administración pública.
Los diputados del Frente Renovador demoran una definición. Es que, al igual que no pocos intendentes, los legisladores del massismo no logran adaptarse al doble rol de aliados y opositores. En este caso “árbitros” en la resolución de la emergencia que pide la gobernadora.
“El delincuente no pregunta si son de Cambiemos o del Frente para la Victoria. En la Provincia hace falta que entendamos que en seguridad no hay posibilidad de especulaciones", subraya, en tanto, el ministro Cristian Ritondo ante el pedido global de intendentes y legisladores por un mayor compromiso con la inseguridad.
Por su parte, la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, avisó recientemente su intención competir electoralmente en la Provincia. A su modo, claro: “Ya estoy peleando contra las mafias bonaerenses”, señaló. La chaqueña sueña con encabezar la lista de senadores o de diputados nacionales en 2017. Y para ello, instruyó a los legisladores bonaerenses que forman parte del frente Cambiemos, a recorrer cada distrito y armar con sello propio.
En las diagonales, sabedores de que la dinámica del Pro en el Gobierno puede llevarse puesto al resto de los socios, cuentan con que Margarita Stolbizer, una espada denunciadora en términos mediáticos, legislativos y judiciales de la supuesta corrupción K, también “cobra” en Provincia. El exdiputado “margarito” Juan Carlos Juárez ocupa un importante rol directivo, apenas por debajo del presidente del Instituto de Previsión Social, Cristian Gribaudo, el organismo encargado de administrar todas las jubilaciones y pensiones y comparte tarea junto a representantes del massismo.
La punta del ovillo que puede desenrollar Vidal para poner en marcha su gestión pasa por el “plan de obra pública sin precedentes”. El vicegobernador Daniel Salvador le puso fecha al impreciso “segundo semestre” de arranque macrista. Los trabajos que permitirán el saneamiento para garantizar la provisión de agua potable y la extensión de la red de cloacas, entre otras obras, comenzarán en “dos meses”, precisó el dirigente radical.