El gobierno reglamentó la ley de Acceso a la Información Pública
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El Poder Ejecutivo publicó hoy en el boletín Oficial la reglamentación de la ley de Acceso a la Información Pública, que presentó la legisladora bahiense Karina Banfi (Cambiemos) y obliga a los tres poderes del Estado a brindar datos a cualquier ciudadano que lo requiera.
Fuentes oficiales dijeron a Télam que esta reglamentación completa ese proceso para la puesta en marcha de la ley a partir del 29 de septiembre próximo, luego de que fuera aprobada en el Congreso en septiembre de 2016 y reglamentada parcialmente el 31 de enero último.
A partir de la entrada en vigor de la ley, cualquier ciudadano podrá solicitar información pública en manos del Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial y deberá tener una respuesta en tiempo y forma en un lapso no mayor a 15 días, prorrogables por otros 15. Y en caso de no recibir respuesta en tiempo y forma, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa y/o judicial.
La normativa introduce además obligaciones de transparencia activa mediante la cual cada área del Estado se obliga a publicar de manera accesible, gratuita, actualizada y en formato procesable información sobre su nómina salarial, personal contratado, declaraciones juradas de funcionarios, ejecución de partidas presupuestarias y contrataciones entre otras cuestiones.
Prevé además la autarquía y la elección por concurso abierto, público y participativo de los funcionarios que integren la autoridad de aplicación. Y la creación de un Consejo Federal para la Transparencia que estará conformado por todas las provincias y desde el cual se podrá evaluar el funcionamiento de la aplicación de la ley, informó la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior que conduce Adrián Pérez.
"Esta ley pone a la información pública en manos de quien corresponde: los ciudadanos", señaló Pérez al ser consultado por Télam.
La ley de Acceso a la Información Pública tendrá como autoridad de aplicación a la Jefatura de Gabinete de Ministros, mientras los otros dos poderes deberán establecer sus propias autoridades de aplicación. (Télam y La Nueva.)