Baches de la calle y de la política

Redacción de La Nueva.

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Sin medir seguramente el alcance de sus dichos, el secretario de Infraestructura, ingeniero Guillermo Manrique, se despachó sin pudor para decir que las quejas por los malos resultados del plan de bacheo que lleva adelante el municipio son producto “de una sensación”.

Se sabe cuánto ha significado el uso de ese concepto, en boca de funcionarios de primer nivel del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández, en relación a los hechos de inseguridad. La idea de que la sociedad no aprecia lo que ocurre en la ciudad que habita, mientras que un funcionario que hace poco ocupa su cargo tiene una visión certera, no deja de ser parte de una soberbia impropia para un empleado que debe prestar atención a las manifestaciones vecinales y recordar que es un servidor público.

Cada vecino se moviliza por gran parte de la planta urbana. No tiene, como sugirió Manrique, ojos nada más para los baches de su cuadra o de su barrio. No hace un único recorrido, por las mismas cuadras y sitios. Sus actividades le permiten recorrer barrios, áreas y cuadras.

Es capaz de enfrentar, en la misma mañana, un bache de Cuyo y Rosario, otro de Estomba y Colombia, uno de Parchappe y Darwin y otro del barrio Patagonia. Puede no llegar a esquivar por la tarde los de calle Mitre o Zelarrayán, sufrir los de Avellaneda y los de Tiro Federal.

La única sensación que se puede admitir es que el plan de bacheo no resultó como lo planeado y que sí, como señaló Manrique, “había muchas expectativas” sobre los resultados. Acaso todo sea consecuencia de un defectuoso diagnóstico de la obra a realizar.

En 2011 el municipio informó la existencia de 73 mil baches. La actual administración no realizó ninguna estimación, pero no dejan de desacreditar esa cantidad, que existía antes que ellos llegaran y en base al cual trabajaba el municipio para repararlos.

La realidad es que las 1.200 toneladas que contrató el municipio fueron insuficientes para cubrir las necesidades. Una evaluación seria y adecuada hubiese permitido saber que ese tonelaje alcanzaría para reparar un porcentaje de los pozos, y que el resto se atendería con la planta de asfalto municipal.

Los funcionarios públicos tienen la obligación de informar de acuerdo a la demanda y preocupación vecinal y observar, según señala el código de ética que los rige, “frente a las críticas del público, un grado de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de un ciudadano común”. No deben hacer agua; deben evitar los baches.