Con mucha “rosca” y “pocas luces”

Ricardo Salas

rsalas@lanueva.com

En la intimidad de la administración de María Eugenia Vidal tienen la confianza de que el miércoles próximo la Legislatura vote el proyecto de Presupuesto y la ley Impositiva que regirá en ámbito bonaerense para el 2017.

En rigor, los acuerdos políticos que requiere el oficialismo legislativo de Cambiemos para conseguir mayoría parecían firmes hasta hace algunas días, cuando los fuertes reproches entre el gobierno nacional de Mauricio Macri y los “renovadores” de Sergio Massa, colocaron “entre algodones” la permanencia de ese “cierre parlamentario”.

En calle 6 confían en aquel acuerdo de gobernabilidad que el líder tigrense selló con la Gobernadora seguirá firme, al menos, para que Vidal cuente una vez más con esa herramienta presupuestaria, clave para su gestión. No obstante, hay dudas.

Independientemente de eso, Cambiemos sabe que deberá contar también con el respaldo de un sector “dialoguista” del peronismo. Necesitan reunir “manos alzadas” para los dos tercios que se necesitan para votar el endeudamiento de 52 mil millones de pesos que se terminaría autorizando, a cambio de la creación de un fondo para municipios cercano a los 7.500 millones de pesos que surgirá de las partidas asignadas al ministerio de Infraestructura.

No hay Legislatura hegemónica, sino que es de minorías, por lo cual la negociación de la ley de presupuesto 2017 “tiene otras características”, se sostiene aun cuando existe cierto optimismo: “a más tardar, el 14 de diciembre se va a estar votando”.

Referentes del massismo legislativo abrieron algún tipo de negociación con los diversos actores del Frente para la Victoria – PJ. Políticamente existe alguna dificultad, ya que esos grupos internos del peronismo están organizados en base al liderazgo (CKF, Florencio Randazzo, entre otros) o a la coordinación de algunos intendentes (como los del Grupo Esmeralda liderados por el lomense Martín Insaurralde y el alcalde de San Martín, Gabriel Katopodis) pero eso no se refleja mecánicamente entre los diputados y senadores.

En el futuro inmediato, puede abrirse un escenario de “acuerdos parlamentarios”. Es algo positivo, ya que “exige mayor trabajo en la negociación, en la búsqueda de consenso y mayor flexibilización en las posiciones. Esa es la parte más arquitectónica de la política legislativa.

“La opinión de Macri me sorprende, ya que parece la de un observador y no la de quien tiene la máxima responsabilidad de gobierno del país, y además, como autoridad de un frente político, prometió en la campaña atender tal situación. A nuestro entender la asignación de los recursos nacionales es una cuestión que debe resolverse en la esfera política, y no desentenderse y trasladar esa decisión a la Justicia”, afirmó el patrón bonaerense de la Cámara de Diputados, Jorge Sarghini, preocupado por las recientes declaraciones del presidente de la Nación en cuanto a que la discriminación que sufre la PBA en materia de coparticipación federal debe ser resuelta por la Corte.

El factor positivo es de algún modo, parte de la estrategia de comunicación que brinda la premisa del trabajo en equipo de la Gobernadora.

Las elecciones legislativas del año que viene encontrarán a Vidal con una activa participación ya que deberá hacer uso de la alta imagen positiva que posee dentro del electorado bonaerense.

La mandamás salió a defender su gestión en este primer año al frente de la Gobernación. “Empezamos a hacer posible lo imposible”, afirma. Por ejemplo, recuerda que hace un año atrás, la Provincia no podía asegurar pagar sueldos y aguinaldo. En sentido inverso, días atrás, Vidal anunció un “democrático” acuerdo paritario completo para 2017 con la mayoría de los gremios estatales, con un piso del 18 por ciento de suba salarial y con la posibilidad de reabrir las negociaciones cada tres meses si la inflación fuera mayor a ese porcentaje.

Ese pacto atado por los ministros de Trabajo, Marcelo Villegas; y de Economía, Hernán Lacunza, con gran parte del sindicalismo estatal, llenó de previsibilidad el escenario político y económico, con el propósito de asegurarse gobernabilidad en un año electoral.

Ese acuerdo no puede aplicarse directamente a los docentes bonaerenses ni a los empleados judiciales.

Al igual que el combativo gremio de ATE y los profesionales de salud pública, referentes del sector docente advierten que el Gobierno de Vidal puso la vara muy baja y que dicha oferta salarial (una suba salarial del 18 % en cuatro cuotas de 4,5% cada uno) para cerrar la paritaria para todo 2017 es insuficiente.

El Frente Gremial Docente será convocado “a dialogar y llegar a un acuerdo lo antes que podamos para darle la tranquilidad a las familias de cinco millones de chicos que tienen que empezar las clases en marzo", asegura la Gobernadora.

Poder arrancar sin conflictos el ciclo escolar es una de las premisas centrales de Cambiemos frente a un año con calendario electoral que para marzo, empezará a mostrar no pocas definiciones.