Bobinas Blancas: más excarcelaciones en la recta final del juicio oral

   Mientras el juicio oral de la megacausa por presunto narcotráfico y lavado de activos, conocida como Bobinas Blancas, ingresó en su etapa final, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de esta ciudad otorgó la excarcelación a dos de los imputados argentinos.
   El caso tuvo epicentro en Bahía Blanca, donde en 2017 se produjo el mayor secuestro de cocaína de máxima pureza en la historia de nuestro país: 1,5 toneladas ocultas en contrapesos que se asemejan a bobinas.
   La medida benefició al mendocino Marcelo Rafael Cuello, a quien la Justicia le había dictado prisión preventiva y estaba alojado en la cárcel federal de Marcos Paz; y a Amílcar Darío Martino, quien cumplía arresto en su domicilio de Quequén.
   Un mes antes había sido liberado de la cárcel de Ezeiza el hermano de Marcelo, Darío Maximiliano Cuello, también procesado en este expediente.
   Al menos hasta el momento de los hechos, Marcelo Cuello era titular de Minerales Aconcagua y en un predio de la firma, en Luján de Cuyo, Mendoza, se incautaron aproximadamente 500 kilos de la misma droga.
   La empresa, al parecer, estuvo a cargo del traslado de los rollos de acero a un depósito de la compañía local White Multimodal.
   El fiscal general ante el TOCF, Gabriel González da Silva interpuso un recurso de casación contra el beneficio que el tribunal le dio a Cuello.
   Para él, se trata de un partícipe secundario en la maniobra y durante los alegatos había solicitado que le impongan una pena de seis años de prisión.
   González da Silva, en tanto, había hecho el mismo pedido de pena para Martino, responsable en nuestro país de la empresa “pantalla” Can Trade Connections para el supuesto contrabando del narcótico desde el puerto de Buenos Aires hacia España y Canadá.
   Se aclaró que la medida excarcelatoria es durante el proceso y no condiciona lo que pueda resolver el tribunal al momento de dar su veredicto y eventual condena.

Cruces "acalorados" entre el fiscal y un defensor

   Ayer se realizó una de las últimas audiencias del juicio a distancia que comenzó hace casi 5 meses. La fiscalía y la querella respondieron el planteo de inconstitucionalidad y las nulidades presentadas por los defensores.

   En ese contexto se produjeron "acalorados" cruces entre González da Silva y el defensor público oficial ante el TOCF, José Ignacio Pazos Crocitto, quien patrocina a Darío Cuello.

   El fiscal expresó sus "sospechas" de que el representante de la defensa habría "plagiado o tomado como propias palabras de un artículo" del cual al parecer no citó el autor.

   El acusador rechazó enérgicamente los términos en los que Pazos Crocitto y otros defensores se habían manifestado en audiencias anteriores, a modo de ataques.

   Durante su alegación el mes pasado, Pazos Crocitto había calificado como un "show" el alegato del fiscal, con una actuación "personalista y no objetiva" y dijo que tuvo una extensión 5 veces más larga que la producción de la prueba.

   "Es como si hago un resumen de un libro 5 veces más largo que el libro", objetó la defensa.

   Aseguró además que a ningún medio local o nacional "le importó esta causa" y que no habrá una película ni personajes como con "El Robo del Siglo".

   Pazos Crocitto apuntó a que la única plataforma que lo difunde en detalle es el sitio del Ministerio Público Fiscal, lo que consideró un "proselitismo patibulario" que dijo abominar.
   En tanto, marcó como una amenaza al tribunal cuando el fiscal dijo que los jueces "deben dar la talla" al momento del fallo.

   El defensor llegó al punto de afirmar que la actuación de los fiscales, en varios casos, viene siendo inapropiada y que se debe avanzar de manera urgente con la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal que hoy tiene tratamiento parlamentario.

   "Deben salir a ser elegidos, esa es la realidad", concluyó Pazos Crocitto.

   El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el 9 de agosto, cuando el fiscal continuará su réplica.

Los otros procesados

   Por los hechos además se procesó a los mejicanos Gilberto Acevedo Villanueva, Jesús Madrigal Vargas y Max Rodríguez Córdova, detenidos en el penal de Ezeiza; y al argentino Emmanuel García, un operador de bitcoins acusado de lavar el dinero narco mediante transacciones con criptomonedas.
   El representante del Ministerio Público Fiscal pidió 15 años de cárcel para Rodríguez Córdova como coautor de tráfico de estupefacientes en su modalidad de almacenamiento, agravado por la intervención de 3 o más personas, en concurso ideal con tentativa de contrabando de estupefacientes.

   Por el mismo delito requirió una sanción de 14 años de prisión para Acevedo Villanueva y Madrigal Vargas, así como reclamó 5 años de cárcel para Darío Cuello como partícipe secundario en las operaciones y 8 años para García, el único de los encausados que llegó al debate en libertad.
   El fiscal le atribuye a este último “al menos 5 hechos de lavado de activos de origen ilegal en concurso real” y, si los jueces aceptan el planteo del Ministerio Público, García debería afrontar una millonaria multa de hasta 8 veces el valor del producto del negocio ilegal.

 

Confesaron los hechos

 

 

   A excepción de García, los otros 6 acusados admitieron durante el juicio su responsabilidad en los hechos que se les endilgan.
   También estaba imputado Rodrigo Alexander Naged Ramírez, un colombiano asesinado en 2018 junto con su hijo en un departamento de Capital Federal.
   En un primer momento la Policía también detuvo al despachante de aduanas bahiense, Damián Limanski, y a los hermanos Leandro, Gastón y Juan Ignacio Guasch, responsables de Grupo Guasch S.R.L. y nativos de Mayor Buratovich.

   Sin embargo no se pudo vincular a ninguno de los cuatro con los delitos, por lo tanto la justicia sobreseyó a Limanski y les dictó la falta de mérito a los Guasch.