Ley de Zona Fría: ¿Se escucharán los reclamos de Bahía Blanca y la región?

Redacción de La Nueva.

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   La vieja cruzada para que Bahía Blanca y su región de influencia sean declaradas Zona Fría y obtengan, por fin, un estatus legislativo que les permita obtener beneficios en el pago de los abonos del gas natural, volverá a estar de nuevo sobre el tapete en los próximos días.

   Con la reapertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, se espera que en las primeras reuniones de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se discuta un proyecto de ley que otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en el valor del consumo de gas por metro cúbico a usuarios residenciales en distintos territorios del país, entre los cuales se encuentra el Sudoeste Bonaerense. Cuando esto ocurra, pasaría al Senado y, de no mediar modificaciones, podría convertirse en una realidad.

   La Ley de Zona Fría no igualará las tarifas locales que se pagan en otras regiones argentinas, pero buscará introducir un criterio de equidad en ellas. Cuenta con el aval del Enargas, además de un amplio consenso entre los principales bloques de la Legislatura nacional, y también fue fuertemente apoyada por todos y cada uno de los concejos deliberantes de la región cuando fue presentada, en septiembre del año pasado. Sus creadoras, así como funcionarios y legisladores del Sudoeste Bonaerense, consideran que no debería haber problemas para que sea sancionada y reglamentada. Si a eso se le suma que este 2021 es un año electoral, se puede suponer que no habría inconvenientes para que esto ocurra.

   No es la primera vez que en esta zona se habla de la posibilidad de pagar un monto menor en las tarifas de gas: la idea viene desde hace bastante tiempo, aunque nunca llegó a buen puerto. De hecho, por la Ley Patagónica Nacional, el distrito de Patagones y localidades pampeanas de esta región, como Jacinto Aráuz o General San Martín, abonan una tarifa reducida por consumo, ya sea por tener un valor menor del metro cúbico o por contar con una escala tarifaria diferente.

   La provincia de Buenos Aires ya tiene una Zona Austral Desfavorable, que comprende al distrito de Villarino y varios cuarteles de los partidos de Puan, Tornquist y Saavedra, con beneficios impositivos determinados por la Ley 12.323, pero no habla de tarifas ni de servicios. 

   Es más, durante el gobierno de María Eugenia Vidal se temió que pudiera darse de baja esta norma y los beneficios por zona patagónica en Patagones: “Si esto sigue así -decía un alto funcionario gubernamental-, la Patagonia va a llegar hasta Pergamino”. Con el cambio de color político en la Provincia, estas modificaciones finalmente no se llevaron a cabo.

El proyecto cuenta con el consenso de los principales referentes de los bloques mayoritarios a nivel nacional.

   Por el contrario, a mediados del año pasado se volvió fuertemente a la carga con la posibilidad de aprobar una ley que otorgue un descuento de entre el 30% y el 50% en distintos territorios nacionales que podían ser considerados fríos y que no eran alcanzados por otras leyes. 

   El proyecto, presentado por las diputadas nacionales Liliana Schwindt y Jimena López, del Frente de Todos, y que cuenta con el aval general del arco político de nuestra región, ganó rápidamente la opinión pública y llegó a ser presentada en la Cámara Baja de la Nación, recayendo en la comisión de Presupuesto pero sin recibir tratamiento en 2020.

   Ahora, la idea es que en la próxima reunión pueda ser discutida y aprobada para ser puesta a consideración del cuerpo legislativo y que, en el menor plazo posible, sea remitida a la Cámara de Senadores. Se cree que en un año legislativo y por contar con el apoyo de una comisión multisectorial, no debería haber mayores problemas para que sea sancionada y puesta en funcionamiento. 

   Además, ya que el texto original del proyecto no lo contempla, se está gestionando que las pequeñas y medianas empresas también sean comprendidas en el beneficio, una modificación que podría incluirse en alguna de las instancias del tratamiento de la ley.

   En Buenos Aires, su alcance se reflejaría en toda la Sexta Sección Electoral, además de algunos distritos de la costa atlántica y del centro. También otorgaría descuentos en provincias como Mendoza, San Juan y Salta.

   En la práctica, y en consonancia con lo dicho por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, la idea es que el pago que hacen los contribuyentes de nuestra región sea equitativo al que se realiza en otros lugares del país que cuentan con condiciones térmicas similares. De cualquier manera, existen algunas diferencias.

   De acuerdo a datos oficiales de Camuzzi Gas Pampeana, hoy un contribuyente de la categoría R3-3 (que utiliza entre 1.801 y 2.200 metros cúbicos de gas anuales) del Sudoeste Bonaerense -salvo Patagones, por pertenecer a la Patagonia- paga 9,29 pesos por metro cúbico utilizado. 

El proyecto, aseguran sus creadores y promotores, busca establecer un criterio de equidad en el pago de las facturas de gas.

   A similar consumo, aunque en categorías diferentes por las escalas prefijadas, un vecino de Villalonga abona entre 3,06 y 3,21 $/m3, uno de Jacinto Aráuz (La Pampa) 3,57 $/m3 y uno de Neuquén entre 2,55 y 2,63 $/m3. En comparación con La Plata, por ejemplo, para ese nivel de consumo, el precio por metro cúbico es de 10,39 pesos.

   Si se aprobase esta ley, el valor que pasaría a pagar cualquier frentista de nuestra región sería de 6,5 $/m3, cualquiera sea la categoría a la que pertenezca. Si llegase a tratarse de uno de los casos especiales que acceden al descuento del 50%, ese valor caería a 4,65 $/m3. 

   Estos números siguen estando lejos de las rebajas que se ofrecen por Zona Patagónica, pero sin dudas representarían una baja sustancial en el pago del servicio, en una región caracterizada por temperaturas por debajo del cero en varios días de los meses de otoño e invierno.

   Estos mismos descuentos, según establece la norma, también terminarían aplicándose al precio de venta del gas envasado, en los mismos territorios.

No se toca

   Si bien se espera que las pymes puedan ser incluidas en los beneficiarios de los descuentos, el texto presentado en Diputados no se refiere en ningún momento a modificar las escalas de consumo (es decir, cuánto gas se utiliza en forma anual) ni los gastos fijos de acuerdo a esa segmentación. 

   En este caso, las diferencias con otras localidades de la región siguen siendo más que importantes.

   Volviendo al ejemplo del usuario R3-3 en Bahía y la zona, el cargo fijo es de $542,28 por un consumo que va desde los 1.801 hasta los 2.200 m3/año; en Villalonga, esa misma categoría abona $209,98 y el consumo oscila entre 4.101 y 4.900 m3/año; en Jacinto Aráuz, se paga $292,6 y se gastan entre 2.301 y 2.750 m3/año; y en Neuquén, $205,26, para un uso de entre 3.901 y 4.700 m3/año.

   En 2016 se había logrado una modificación de esa segmentación para nuestra ciudad, cuando el gobierno nacional había determinado que el máximo de la categoría R1 (la más baja) pasase de 600 a 900 m3/año.

¿Más aumentos?

   En los próximos días se desarrollarán las audiencias públicas para discutir la posibilidad de introducir modificaciones en los valores que se pagará por el servicio de gas natural para los próximos dos años.

   La primera no ha sido tan publicitada, pero es crucial. Organizada por la secretaría de Energía de la Nación, el 15 de marzo se planteará la posibilidad de introducir modificatorias en el precio que se paga por el gas en boca de pozo. Se estima que este costo incide en entre el 40% y el 50% de la tarifa final al usuario.

   En el segundo encuentro, al día siguiente, se discutirá qué ocurrirá con los precios que deberán pagar los consumidores. 

   Si bien en diversos ámbitos se estima que podría darse un incremento del orden del 20% a marzo 2023, desde el ente regulador se aclaró que la idea es escuchar qué tiene que decir la gente para -a partir de ahí- decidir qué hacer. 

   En los últimos días, desde la secretaría de Energía se estimó que el aumento tendría que variar entre el 25% y 36%.

Matías Italiano: “La ley de Zona Fría es una necesidad, no un capricho”

   Matías Italiano, integrante de la Red Nacional de Multisectoriales que está impulsando el proyecto que incorpora beneficios en las tarifas de gas, señaló a este medio que “la ley es una necesidad que tenemos en nuestra región”.

   “Si bien está pensada para usuarios residenciales, hay que contemplar la incorporación de la pequeña y mediana empresa, que ha sido muy golpeada en los últimos cuatro años. Para nosotros, la Ley de Zona Fría es una necesidad, no un capricho”, advirtió.

   En ese sentido, señaló que el objetivo es contar con tarifas justas, equitativas y razonables.

Matías Italiano

   “Con similares condiciones climáticas, tenemos distintos cuadros tarifarios que otros territorios cercanos. Esta ley equipara las tarifas, incorporando localidades de Buenos Aires, San Juan, Mendoza y Salta, que se suman a otras que cuentan con beneficios”, aclaró.

   Por otro lado, se mostró esperanzado en que pueda recibir tratamiento lo antes posible, para pasar al recinto de la Cámara Baja y, de ahí, al Senado.

   “Necesitamos que se pueda tratar este proyecto de manera pronta, como uno de los primeros proyectos de la comisión de Presupuesto, ya que quedó trunco desde el año pasado”, explicó.

   Tiempo atrás, la diputada Jimena López había dicho a “La Nueva.” que los porcentajes del 30% y 50% son los que se pueden subsidiar, y había explicado que la idea es que esta zona pague menos por el gas “porque tenemos más días de frío y consumimos más” que en otras zonas de la provincia de Buenos Aires. 

   Además, había señalado que “no es imposible que se apruebe el proyecto, porque se ha hecho un trabajo a conciencia, en conjunto con el Enargas”.

Qué dice el proyecto

La ley contempla un descuento del 30% para el consumidor final, en el valor del metro cúbico de consumo, de acuerdo al cuadro tarifario vigente.

También establece un descuento del 50% para aquellas personas que perciban la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo; para quienes perciban ingresos mensuales brutos menores a tres salarios mínimos vitales y móviles, ya sean trabajadores en relación de dependencia o beneficiarios de pensiones no contributivas; monotributistas sociales; jubilados y pensionados.

A estos se sumarán monotributistas inscriptos en categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere en tres veces el salario mínimo, vital y móvil; a quienes perciban seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, y exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

Si bien el texto original señala que el beneficio es exclusivo de los usuarios residenciales, podrían sumarse algunos cambios que sumen a las pymes.