PAMI Bahía Blanca: habrá juicio por una denuncia de corrupción de hace 20 años

Redacción de La Nueva.

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Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com

   La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) había calculado que el promedio de duración de una causa por corrupción en la Argentina es de 14 años.

   En Bahía Blanca no existen demasiados antecedentes por el tipo de delito pero hay un expediente que -a excepción de los casos de lesa humanidad- bate récords en materia de proceso abierto sin juicio: 20 años de instrucción.

   Se trata de una causa por supuesta asociación ilícita y fraude al Estado nacional, a través de la delegación local del PAMI, hoy olvidada por casi todos pero que entre 1999/2000 tuvo gran repercusión.

   Los 6 acusados de esa maniobra quedaron al borde de ir a juicio oral.

   La Cámara Federal de Casación Penal acaba de revocar un fallo del Tribunal Oral Federal bahiense que había sobreseido a todos, al dictar la insubsistencia de la acción penal por el extenso plazo transcurrido.

   La Sala IV de Casación fue la que cambió de rumbo. Es la misma que en 2018, en el marco del expediente conocido como IBM-DGI, decretó la imprescriptibilidad del delito de corrupción.

   Los procesados son exfuncionarios de la regional Bahía Blanca y de la central de la obra social.

   Se trata de Pedro Alberto Montes, entonces coordinador de la gerencia de Calidad de Vida; Norberto Enrique Carli, subgerente del plan 'ProBienestar'; Guillermo Damián Gori, asesor de la gerencia de Calidad de Vida; Nanci Beatriz Tarantino, coordinadora operativa de la subgerencia; Liliana Diez, coordinadora de la delegación V, con asiento en Bahía y Sonia Daysi Cergneux, titular de la sucursal local.

Sonia Daysi Cergneux, una de las procesadas.

   El recurso presentado por el fiscal de juicio Gabriel González Da Silva fue aceptado por mayoría. Los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos votaron por la afirmativa, mientras que lo rechazó Mariano Borinsky, aunque prevaleció la postura mayoritaria.

   De todas maneras, queda un paso más en esta historia de desidia judicial: algunos defensores hicieron uso de un recurso ante la Corte para frenar el debate.

   Cinco jueces de instrucción -el primero de ellos, Luis Dardanelli Alsina, ya fallecido- pasaron por la causa que se inició por una denuncia que formuló en julio de 2000 el exintendente Juan Carlos Cabirón.

"Unos privilegiados"

   ¿De qué se los acusa? De otorgar, en 1999, subsidios a centros de jubilados para la compra de equipos de imprenta o maquinarias para confeccionar bolsas de polietileno.

   Se entregaron montos por 13.000 y 14.000 pesos (unos 500 mil pesos de hoy) cuando los equipos, para esa época, tenían un valor de mercado de entre 3.000 y 6.000 pesos. Y siempre cotizaban dos empresas: Juan Carlos Russo, de Lomas de Zamora y Magnotec, de Villa Ballester.

   Se cree que esta maniobra se practicó en otras regionales y de ahí algunas demoras en el avance del proceso, porque el juez de origen entendía que no era competente para actuar, aunque finalmente lo tuvo que hacer.

   En Bahía se detectó esta acción en al menos 3 centros de jubilados: Grunbein, Barrios del Sur y Loma Paraguaya.

   Les decían a los directivos de esas entidades -según la investigación- que debían firmar una nota en blanco para el pedido y después avanzaban con la maniobra.

   Alberto Fierro, uno de los jubilados, declaró que habían rechazado la propuesta por no adaptarse a las necesidades del sector, muy humilde, y porque los asistentes no iban a entender cómo manejar las máquinas, aunque tuvo que ceder frente a la insistencia de Liliana Diez, quien le aseguró que "eran unos privilegiados" por haber salido sorteados.

   Cecilio Arrieta, otro "favorecido", también se mostró asombrado. "A los integrantes de su centro de jubilados les sorprendió el monto que les dio el PAMI, porque en otras oportunidades habían solicitado unos pocos ladrillos y nunca fueron entregados".

Las posturas y el fallo

   El fiscal González Da Silva, al rechazar la resolución del tribunal local del año pasado, argumentó que "la duración anormal del proceso no puede, per se, habilitar casi automáticamente una decisión definitiva y exculpatoria de semejante tenor".

   El doctor Enrique Comellas, defensor de Carli, Tarantino y Diez, opinó que el caso no revestía la severidad de un delito de corrupción, como para declarar la imprescriptibilidad, que desde 2004 no se había incorporado nueva prueba y que la duración del proceso era desproporcionada frente a la pena máxima del delito de asociación ilícita, de 10 años de prisión.

   Sin embargo, Casación le dio la razón al fiscal.

   Explicó que la investigación fue compleja por el tipo de delitos, la diversidad de víctimas y de acusados (algunos con domicilios alejados de nuestra ciudad, la revocatoria de cargos de defensores, las pruebas solicitadas a múltiples organismos y la presentación sistemática de recursos (al menos 7 postergaciones de indagatorias, planteos de nulidad y solicitudes de prescripción).

Carbajo, Borinsky y Hornos, los jueces de Casación que votaron.

   También destacaron la actitud "contumaz" de Guillermo Gori, uno de los procesados que estuvo un tiempo prófugo, una vez que la causa había sido elevada a juicio.

   "La garantía constitucional a ser juzgado en un plazo razonable no puede limitarse exclusivamente al estricto cumplimiento del transcurso de los plazos previstos en el código de fondo. La invocación que se hace en el fallo al aludir a los tiempos que transcurrieron entre las indagatorias y la recepción de la causa en su ámbito luce carente de fundamento", dijo Carbajo.

   "Estimo necesario resaltar que en casos como los que aquí deben juzgarse, en los que se persiguen delitos vinculados con la corrupción pública, cobran vigencia los tratados internacionales en la materia pues, de no investigarse o juzgarse estas denuncias, se podrían ver afectadas responsabilidades del país frente a la comunidad internacional", agregó.

Veinte pasos de un camino sinuoso

   1- El 11 de julio de 2000 (5 días después de la denuncia), el juez Dardanelli Alsina resolvió instruir sumario y corrió vista para determinar la competencia. El entonces fiscal Hugo Cañón creía que debía seguir interviniendo Bahía. El 26 de octubre de 2000, el juez se declaró incompetente y mandó la causa a la justicia federal de la Capital.

   2- El 8 de mayo de 2001, la Cámara Federal de Buenos Aires revocó esa medida y envió de vuelta las actuaciones a Bahía.

   3- Mientras el fiscal pedía resolver la situación procesal de los acusados, el juez Dardanelli Alsina, el 17 de septiembre de 2002, volvió a correr vista por la competencia. Pese a la oposición, se declaró nuevamente incompetente.

   4- La fiscalía volvió a apelar la medida el 13 de febrero de 2003 y el 14 de agosto, la Cámara porteña volvió a mandar las actuaciones a la ciudad.

   5- El 30 de mayo de 2004, el juez dispuso citar a indagatoria a los acusados y decidió tener por querellante al PAMI.

   6- Recién el 28 de febrero de 2008 fue la primera indagatoria. En esos 4 años se atendieron diversos pedidos de la defensa (postergación de declaraciónes, planteos de prescripción, impugnaciones y cambios de abogados) y el fiscal reclamó en 2005 y 2007 el pronto despacho para resolver.

   7- Todos fueron indagados. El 12 de agosto de 2008, el juez decretó el procesamiento de los 6 acusados, por fraude a la administración pública en función de estafas reiteradas (tres hechos), en grado de tentativa, en concurso real con el de asociación ilícita y los dejó en libertad. Por otro lado, volvió a declararse incompetente por la asociación ilícita.

   8- La defensa de Carli insistió con la prescripción de la causa. Fue rechazada por el juez, apelada y confirmada por la Cámara Federal el 25 de noviembre de 2008, y luego por Casación.

   9- El 24 de noviembre de 2009, después de impugnaciones del fiscal y los defensores, el entonces juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, elevó la causa a la Cámara Federal para resolver las apelaciones. El 17 de noviembre de 2011, la Cámara confirmó la resolución y revocó el planteo de competencia sobre la asociación ilícita. Debía seguir siendo investigado en Bahía.

   10- El 17 de mayo de 2012 se pidieron informes a la AFIP y un par de meses después se designa otra jueza subrogante, la doctora Ana María Araujo.

   11- El 11 de septiembre de 2012, la Cámara Federal volvió a intervenir. La defensa de Carli pidió la nulidad de una notificación cursada a su nuevo domicilio. Planteo rechazado.

   12- En octubre de 2012, la jueza corrió vista para fijar postura sobre la extinción de la acción penal por fraude a la administración pública y si creían que estaba completa la investigación sobre la asociación ilícita. El 12 de agosto de 2015, luego de varios trámites procesales, el fiscal pidió llevar el caso a juicio oral.

   13- Las defensas (salvo la de Cergneux) se opusieron al pedido de juicio y alternativamente instaron al sobreseimiento. El 6 de noviembre de 2015, la nueva juez a cargo, María Gabriela Marrón, no hizo lugar a los rechazos. Llegaron las apelaciones, los recursos de Casación y se rechazó la queja. Las actuaciones volvieron al origen.

   14- Ya con el doctor Walter López Da Silva como juez subrogante, se decidió sobreseer a los acusados por defraudación de la administración pública en grado de tentativa y se los envió a juicio por la asociación ilícita.

   15- El 14 de agosto de 2017 llegó la causa al tribunal oral de Bahía. Al día siguiente entró un pedido de Carli para revocar la designación de su defensor particular y pasó a tener oficial. A la inversa, hicieron lo mismo Diez y Cergneux.

   16- El 11 de mayo de 2018, el tribunal confirmó su integración para el juicio. Al notificar a las partes, Gori no pudo ser localizado en su domicilio. El 7 de septiembre, sin respuestas, el fiscal pidió la captura de Gori. Migraciones determinó que registraba diversas entradas y salidas del país hacia los Estados Unidos, la última, el 26 de mayo.

   17- El 4 de octubre de 2018 se declaró rebelde a Gori y se dispuso su captura a Interpol. El 4 de febrero de 2019, el acusado hizo una presentación a través de nuevo abogado y pidió que cesara su captura, medida que se aceptó el 21 de febrero.

   18- Las partes, mientras tanto, ampliaron la oferta de prueba y algunos volvieron a plantear la prescripción, por haber transcurrido más de 10 años entre el hecho y el llamado a indagatoria. A modo alternativo, pidieron la insubsistencia de la acción penal, por transcurrir un plazo razonable de investigación.

   19- El 22 de marzo de 2019, el tribunal, por mayoría, aceptó la insubsistencia de la acción penal por agotamiento de plazo razonable de duración del proceso y sobreseyó a todos.

   20- El fiscal apeló esa medida y ahora la Cámara Federal de Casación Penal aceptó el planteo, por mayoría. Ordenó juicio oral, aunque todavía falta un capítulo más: algunos defensores hicieron reserva del recurso federal.