El video viral de una médica bahiense agitó el debate sobre la vacuna contra el coronavirus

Redacción de La Nueva.

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   Una médica bahiense publicó ayer en las redes sociales un video que empezó a viralizarse y agitó el debate sobre la vacuna contra el coronavirus.

   La médica clínica Pamela Más (MP 2858) habla en el video sobre una ley que se aprobó a principios de mes en la Cámara de Diputados y dice que tiene algunos puntos “extremadamente graves”.

   Según Más, esta ley —que todavía tiene que tratarse en el Senado— le permite a los laboratorios “contar con los excipientes de la vacuna” y tener “confidencialidad”, por lo que “nos pueden inyectar cualquier cosa que no sabemos”.

   Además, asegura que “nuestros gobernantes le otorgan a estos laboratorios inmunidad legal en caso de que haya un efecto adverso”.

   Estos puntos, dice Más, fueron denunciados “por la Red Federal del Derecho a la Salud, un grupo de abogados que mandó la semana pasada un documento al Senado”, porque “viola tratados internacionales de bioética y nuestra Ley de Derecho al Paciente”.

   No obstante, un nota de Chequeado publicada el 19 de octubre desmiente que esta ley haga “referencia a la obligatoriedad de aplicación de una futura vacuna”.

   “Tampoco establece inmunidad legal para los laboratorios por efectos secundarios, sino que propone marcos jurídicos para potenciales conflictos contractuales entre el Estado y las empresas que produzcan las vacunas”, dice Chequeado.

   Además, asegura que “la confidencialidad de los componentes de la vacuna no rige ni para la ANMAT ni el Ministerio de Salud de la Nación, sino que limita la publicación de los datos tras su evaluación y aprobación”.

   El diputado Pablo Yedlin (Frente de Todos), autor del proyecto de ley, explicó a Chequeado la propuesta “no otorga ninguna protección jurídica” a los laboratorios, sino que permite la “prórroga de jurisdicción”.

   Esto “significa que, si hay un problema legal y si esta prórroga de jurisdicción es exigida en alguno de los contratos (entre el Estado y estas compañías), puede resolverse en los tribunales del país o la ciudad que el contrato establezca. Puede no ser necesariamente la Argentina”, dice.

   Chequeado aclara que “la prórroga de jurisdicción es para los contratos entre el Estado y estas compañías por la venta de vacunas, no por efectos adversos que se podrían suscitar en algunas personas que se vacunen”.

   “En ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina, sean personas humanas o jurídicas, quienes en todos los casos conservan su derecho de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos”, dice al Artículo 2° del proyecto.

   Sobre la “confidencialidad” de los componentes de la vacuna: el proyecto autoriza a “incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional”, pero estas tienen que respetar “las leyes 27.275 de Acceso a la Información Pública, 26.529 de Derechos del Paciente y normas concordantes, complementarias y modificatorias”.

   “Maliciosamente se interpretó que eso significa que los argentinos se aplicarán una vacuna que nadie sabrá cómo está hecha”, dice Yedlin sobre el Artículo 4°.