Vitivinicultura argentina: ¿por qué el sector atraviesa un momento desafiante?
Más allá de la caída en el consumo, un menor volumen de exportaciones (y la pérdida de competitividad externa) y el aumento de las importaciones colocan al sector en una verdadera encrucijada. Informe de la CEPA.
Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.
No son pocas las razones que han puesto al sector de la vitivinicultura argentina en uno de los momentos más complejos de su historia. Esto es así en razón de la confluencia de varios factores que, al menos en lo inmediato, no son de sencilla resolución. Lo que más se aprecia en la superficie en la caída en el consumo que, en gran parte, se atribuye a la actualidad económica por un menor poder adquisitivo por habitante.
De acuerdo con el último informe del Centro Económico Política Argentina (CEPA), la disminución es del 18,3 % —interanual, para este mes de agosto, en base a una comparación tras la recesión de comienzos de 2024—, “si bien persiste una tendencia estructural descendente vinculada al cambio en los hábitos de consumo (con predominio del vino varietal y mayor competencia de la cerveza), la contracción reciente responde principalmente al deterioro del ingreso real”.
Las otras razones argumentadas desde la entidad son las siguientes:
—Caída de las exportaciones y pérdida de competitividad externa.
Entre los meses de enero y agosto del corriente año, las exportaciones de vinos y mostos disminuyeron 8,4 % interanual, con caídas más marcadas en el vino color (—9,8 %) y en el vino a granel (—11,9 %). De acuerdo con el informe, este desempeño negativo está asociado al atraso cambiario, a los elevados costos logísticos y productivos y al encarecimiento relativo de los precios locales en dólares (lo que limita la inserción internacional del sector).
—Aumento de las importaciones.
Se precisó que este incremento refleja la pérdida de competitividad del producto nacional, en un contexto donde se desregula el sector e importar resulta más rentable que exportar; incluso, en un país tradicionalmente productor y exportador.
En el año 2024 ingresaron al país 45.971 hectolitros de vino (entre granel y fraccionado), lo que representa un aumento del 415 % respecto del año anterior (se habían importado 8.923 hectolitros). El incremento de las importaciones también responde a la caída de precios internacionales del vino a granel (—7 % en 2023), combinada con el aumento de los costos internos (+74 % entre 2023 y 2025) en logística, envases y energía.
Se argumentó que este diferencial amplió la brecha de rentabilidad y reforzó la tendencia a sustituir producción local por importaciones (especialmente desde Chile). Como referencia se cita que, entre los años 2015 y 2024, la provincia de Mendoza perdió 16.864 hectáreas de vid (—10,6 %) y 1.576 viñedos, principalmente de pequeña escala.
El 7,4 % de los establecimientos más grandes concentra hoy casi la mitad de la superficie cultivada, lo que evidencia una fuerte concentración productiva y el retroceso de los pequeños productores.
Los viñedos
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en el año 2024 la provincia de Mendoza registró 142.785 hectáreas cultivadas, correspondientes a 14.593 viñedos en funcionamiento.
De todos modos, de acuerdo con el análisis del CEPA, en una mirada de mediano plazo se observa una reducción significativa de la superficie implantada. Así entonces, respecto de 2015 la provincia perdió 16.864 hectáreas en producción (una variación negativa del 10,6 %). Este comportamiento contrasta con el de otras provincias vitivinícolas, como Salta, que en el mismo período registró un crecimiento del 17,7 %, aunque sobre una base de superficie considerablemente menor.
También en Mendoza, el tamaño medio de los viñedos (TMV) aumentó de 7,3 a 9,8 hectáreas entre los años 2015 y 2024, reflejando un proceso de concentración productiva y una tendencia hacia unidades de mayor escala.
“Esto refleja el abandono de viñedos, el envejecimiento promedio de los productores y la no continuidad de las unidades de producción familiares”, se explicó.
También que el análisis de la estructura productiva provincial muestra una alta presencia de pequeños productores, aunque con una marcada concentración de la superficie en manos de unidades de mayor tamaño.
En 2024, el 75 % de los viñedos mendocinos posee menos de 10 hectáreas, pero solo concentran el 25,8 % de la superficie cultivada con vid. En el otro extremo, el 7,4 % de los viñedos —aquellos con más de 25 hectáreas— reúnen el 44,7 % de la superficie total implantada.
En comparación con 2015, se observa una disminución en el número de viñedos pequeños, particularmente en los rangos de 1 a 5 hectáreas, mientras que aumentó la participación relativa de las explotaciones de mayor escala.
Entre los años 2015 y 2024 se ha reflejado un proceso de concentración productiva de viñedos y una tendencia hacia unidades de mayor escala.
“Este proceso refleja una tendencia progresiva hacia la concentración productiva y la reducción del número de pequeños productores, con implicancias en la estructura social y territorial del sector vitivinícola mendocino”, se indicó.
Asimismo, que a eso se suma la vulnerabilidad socioambiental del sector, marcada por la crisis hídrica estructural y el impacto del cambio climático sobre los rendimientos y costos de producción. Y que estos factores afectan de manera diferencial a los pequeños productores, que cuentan con menor capacidad de inversión en tecnología y gestión del recurso hídrico.
Del estudio surgió que la elaboración y el fraccionamiento de vino se concentran en un número reducido de bodegas, mientras los productores más chicos enfrentan crecientes dificultades para sostener su actividad. Y que este proceso reduce la diversidad territorial y social del complejo vitivinícola y profundiza las asimetrías dentro de la cadena de valor.
Respecto del desafío de recomponer demanda y rentabilidad, la recuperación del sector requiere mejorar los ingresos reales, garantizar financiamiento accesible y sostener un tipo de cambio competitivo. “Políticas activas que aseguren precios de referencia y rentabilidad mínima resultan claves para preservar el entramado productivo y el empleo asociado a la vitivinicultura”, se aseguró.
De qué se trata
El complejo vitivinícola argentino se desarrolla en 20 provincias del país, pero Mendoza concentra el 71,4 % del total de hectáreas implantadas, siendo la provincia con mayor superficie, producción y número de agentes productores presentes en su territorio.
Este liderazgo se refleja también en su peso económico y simbólico: la actividad aporta cerca del 7 % del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial y una importante cantidad puestos de trabajo directos e indirectos. A nivel nacional, el sector se ubica entre las diez principales cadenas exportadoras, concentrando más del 68 % de la producción de uva; el 78 % de la elaboración de vino y más del 52 % del mosto.
De acuerdo con el CEPA, y más allá de su relevancia económica, la vitivinicultura constituye un rasgo identitario y cultural de Mendoza, integrando tradición, territorio y producción en torno a una de las actividades más emblemáticas de la provincia.
Para analizar el sector se realizó un abordaje sobre la evolución reciente de indicadores clave del complejo vitivinícola, tales como el consumo y los despachos al mercado interno, las exportaciones en cantidades y valores, las importaciones, y la dinámica de la cosecha, la superficie cultivada y los agentes elaboradores y fraccionadores.
Este recorrido permite observar los cambios estructurales y coyunturales que atraviesa el sector, así como los factores que condicionan su desempeño en el actual contexto económico. El informe examina la dinámica reciente del mercado interno (ventas y consumo per cápita), las exportaciones e importaciones de vino y mosto, y la estructura productiva y territorial del complejo, identificando tanto los factores coyunturales vinculados al contexto macroeconómico como las tendencias estructurales que afectan su sustentabilidad.
En conjunto, el análisis permite dimensionar el grado de fragilidad actual del complejo vitivinícola y los principales desafíos que enfrenta para recuperar niveles de actividad, rentabilidad y equilibrio territorial en el mediano plazo. Es importante tomar en consideración que, a nivel internacional, la coyuntura del sector también muestra signos de contracción.
Según datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), en 2024 la producción mundial cayó 11 %, alcanzando su nivel más bajo desde 1961, mientras que el consumo global retrocedió 3 % (el mínimo desde 1996). Este contexto global de menor oferta y demanda se suma a las dificultades internas, profundizando el escenario recesivo del complejo vitivinícola argentino.
Las complejidades de una provincia icónica
En el informe del CEPA se precisó que la vitivinicultura mendocina atraviesa actualmente un escenario complejo en ambos frentes, interno y externo.
“Si bien los niveles de stock se mantienen dentro de parámetros normales —equivalentes a unos seis meses de comercialización de acuerdo a algunas estimaciones—, el sector enfrenta una marcada caída en los precios y en los ingresos generales, resultado del descenso de las ventas tanto en el mercado interno como en las exportaciones, con aumento de importaciones de vino”, se sostuvo.
A ello se suma un incremento sostenido de los costos productivos y logísticos, que profundiza el deterioro de los márgenes y agrava la situación de rentabilidad del conjunto de la cadena. “Este combo de precios deprimidos y costos en alza configura un escenario propicio para procesos de mayor concentración económica, especialmente en los eslabones elaborador y fraccionador, donde los grupos de mayor escala logran sostener volúmenes y acceder a mercados internacionales”, se explicó.
En contraste, los productores pequeños y medianos enfrentan crecientes dificultades para sostener su actividad, lo que deriva en abandono de viñedos, pérdida de empleo y una reducción de la diversidad productiva y territorial del sector.
Cabe destacar que cerca del 70 % del vino producido en el país se destina al mercado interno, por lo que el funcionamiento equilibrado del complejo vitivinícola depende en gran medida del nivel de consumo doméstico.
“En este sentido, resulta imprescindible avanzar hacia un modelo que garantice condiciones macroeconómicas y de ingresos que estimulen la demanda interna, permitiendo sostener la actividad productiva y la distribución del ingreso a lo largo de toda la cadena de valor. A la par, avanzar con políticas orientadas a fortalecer la demanda externa, mediante un tipo de cambio competitivo y un Estado presente que facilite las exportaciones con mayor agregado de valor, promoviendo así el ingreso genuino de divisas”, se argumentó.
La mejora de los precios constituye una condición esencial para la sostenibilidad del complejo vitivinícola. Así, las políticas orientadas a reactivar la demanda interna y externa contribuirían a una recomposición de los valores de mercado, permitiendo que los precios cubran los costos de producción y aseguren la continuidad de los productores, especialmente los de menor escala.
“No obstante, en ausencia de una recuperación espontánea de precios, resulta necesario que el Estado intervenga de manera activa mediante mecanismos de regulación o acuerdos que establezcan precios mínimos de referencia, garantizando márgenes de rentabilidad básicos y evitando la competencia desleal dentro de la cadena por vía de importaciones”, se expresó.
La suba de las importaciones responde a la caída de precios internacionales del vino a granel, combinada con el aumento de los costos en logística, envases y energía.
En paralelo, se requiere avanzar hacia una política integral para los circuitos productivos que promueva la articulación entre los distintos eslabones —productores, elaboradores, fraccionadores y comercializadores—, de modo de fortalecer la equidad y la sostenibilidad del conjunto del sistema vitivinícola. Políticas selectivas de promoción regional, con financiamiento a través de fondos rotatorios o líneas específicas, podrían compatibilizar el equilibrio fiscal con la necesidad de reactivar las economías regionales.
Uno de los aspectos más preocupantes del escenario actual es la creciente falta de información confiable y actualizada. La decisión de discontinuar ciertas estadísticas oficiales, junto con la pasividad de algunos organismos técnicos, ha dejado al sector sin datos fundamentales para la toma de decisiones estratégicas.
Los reportes sobre precios, volúmenes y variedades son cada vez más escasos, lo que obliga a los distintos actores de la cadena a recurrir a fuentes informales para acceder a información básica. Esta falta de transparencia no solo limita la capacidad de planificación y gestión del complejo vitivinícola, sino que también facilita la aparición de prácticas irregulares.