Retenciones: ni se miran ni se tocan (hacia abajo)

Guillermo D. Rueda

grueda@lanueva.com

Del Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Trabajó en la revista Encestando (1985-2000). Actualmente, desde 1987 es redactor de la sección La Ciudad del diario La Nueva Provincia. Es periodista especializado en el sector agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa). Responsable página web de la Asociación de Ganaderos (AGA).

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

   Para saber de qué se trata, empecemos por la definición.

   Los derechos de exportación (en adelante, retenciones) son tributos aplicados —por la Dirección General de Aduana— que graban la venta al exterior de bienes, tomando como base imponible las cantidades declaradas al precio internacional vigente.

  Suponiendo que la curva de demanda externa de los bienes agrícolas es (relativamente) elástica y el país no ejerce (gran) influencia sobre los precios internacionales, las retenciones producen la disminución de la cotización doméstica del bien alcanzado. Fuente: BCR.

   En tiempos recientes —se asegura que las retenciones comenzaron en 1862, durante la presidencia de Bartolomé Mitre— se han constituido en, acaso, el principal motivo de tensión de los gobiernos de turno con la dirigencia gremial del campo.

   A cada cambio de política agropecuaria, en muchos casos, como el actual, varias veces durante el mismo período presidencial de cuatro años, aparece en escena una imaginaria espada de Damocles (para los productores) y una forma de recaudar dinero fresco (en dólares) y rápida (hasta anticipada) para saciar hambrientas arcas (del Estado).

   La asunción del productor lechero; exintendente de Gualeguaychú; ex diputado nacional y ex ministro de la Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Juan José Bahillo, como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación no modificó aquella ecuación.

   El esquema de retenciones para los principales granos de la Argentina se encuentra, actualmente, de la siguiente manera:

—Girasol: 7 %.

—Trigo: 12 %.

—Maíz: 12 %.

—Soja: 33 %.

   Más allá de las reuniones y de los contactos formales —e informales— de los distintos actores de esta (eterna) discusión, Bahillo ha fijado una clara postura respecto de las retenciones.

   “Dada la situación de las cuentas públicas, por el momento no es posible salir de este esquema”, dijo, pero al mismo tiempo agregó: “Pero no me resisto a analizarlo en un mediano plazo”.

   En este sentido, sostuvo que su visión es que nuestro país tiene que exportar más, pero también incrementar la producción y que su tarea es promoverlo a través de distintas herramientas.

   En ambas circunstancias, admitió ser conciente por dónde pasa un tramo sustancial de su gestión: “No le puedo exigir a los sectores que tengan confianza en nosotros. En todo caso, debo tratar de construirla”.

   De eso se trata. Y es sobre lo cual parece estar embarcado el nuevo funcionario del ministro Economía, Agricultura y Producción, Dr. Sergio T. Massa.

   A nadie escapa, de todas maneras, que desde la producción afirman que las retenciones son ilegales e inconstitucionales, con el argumento de que el último 31 de diciembre venció la facultad del Ejecutivo para introducir eventuales cambios en el esquema. Y que cualquier modificación debería tratarse por la Comisión Bicameral en el Congreso de la Nación.

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

   Ahora bien: Las retenciones del complejo granario aportarán, en la actual campaña 2021-2022, casi 9.800 millones de dólares a la recaudación global, lo que refleja el impacto en el presupuesto de ingresos estatales.

   “Los impuestos distorsivos, sean DEX, créditos y débitos bancarios, Ingresos Brutos y demás, son una fuente rápida y segura de recaudación y representan un porcentaje muy importante del total de la recaudación global”, sostuvo el Lic. Gustavo López, de la Fundación Producir Conservando.

   “Justamente por este motivo, es muy difícil pensar en una rápida eliminación en un momento como el actual, donde gran parte del gasto es social, como jubilaciones, pensiones, planes y otros, y subsidios al transporte, energía y demás que, en forma indirecta, también atienden lo social”, añadió.

   “De todas maneras, hay incentivos económicos relevantes, desde los U$S 12.000 a los U$S 18.000 millones adicionales, según el caso, como para iniciar una etapa de fuerte reducción de los DEX en el tiempo. Por ejemplo, a cuenta de otros impuestos progresivos, como Ganancias, tal como la propuesta del Dr. Juan J. Llach, donde se minimiza el costo fiscal de la medida”, agregó —por su parte— el Ing. Gustavo Olivero, también de la oenegé FPC.

   Si aquella visión de Bahillo de exportar y producir más, al tiempo de una pretendida intención de construir confianza en sus colegas (los productores agropecuarios), logra concretarse estaríamos delante de un proceso virtuoso donde todos saldrían (saldríamos) beneficiados. Caso contrario, sería más de lo mismo.

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