La fiscalía provincial plantea su incompetencia en el caso de Facundo
El fiscal Rodolfo De Lucia hizo la presentación que tendrá que resolver la Justicia de Garantías. Pretenden que la causa se maneje exclusivamente en el fuero federal.
-
- copiado al portapapeles
-
- copiado al portapapeles
El fiscal provincial Rodolfo De Lucia planteó formalmente hoy su incompetencia en el caso de la desaparición de Facundo José Astudillo Castro (22) y pidió que siga exclusivamente en la causa la Justicia Federal.
La medida ahora tiene que ser resuelta por la jueza de Garantías Susana Calcinelli y, de ser admitida, habrá que ver qué temperamento adoptan el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y la jueza federal María Gabriela Marrón.
De ser rechazada esa postura podría generarse lo que se llama un incidente de competencia, que tendría que ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De Lucia cree que, a partir de la diligencia de allanamiento a la subcomisaría de Mayor Buratovich, la Justicia Federal hizo una valoración especial y consideró que “existen elementos objetivos que permiten afirmar la posible comisión del concreto delito de desaparición forzada”.
El fiscal provincial había declarado un día antes que no se advertían "elementos objetivos que nos permitan pensar en una actuación ilegal policial o que sea determinante para que no podamos hallar a Facundo",
La Justicia Federal tomó intervención en el caso recién dos meses después de la desaparición, a partir de la denuncia de la madre del joven y sus abogados, que elevaron sus sospechas ante lo que consideran una irregular intervención de algunos policías bonaerenses en Villarino, el 30 de abril pasado, cuando Facundo supuestamente partió desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca.
El fuero federal solo puede actuar si existen elementos concretos para entender que hubo desaparición forzada, según lo que marca el artículo 142 ter del Código Penal, es decir la privación ilegal de la libertad de una persona “actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia (consentimiento) del Estado", como sucedió en los delitos de lesa humanidad.
Los casos de averiguación de paradero o de búsqueda de personas son competencia de la justicia ordinaria.