​​​​​Escenario político: el reparto de culpas por el drama del agua

Redacción de La Nueva.

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Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

   ¿De quién cree la gente que es la culpa? Esa es la pregunta que hoy desvela a dirigentes políticos de los principales espacios. Nadie quiere pagar el costo ni pasar a la historia como el responsable del drama que viven decenas de familias de Bahía Blanca por la falta de agua.

   El problema que comenzó hace varias semanas en los barrios altos, cerca de la planta potabilizadora Patagonia, ya se extendió a rincones en la otra punta del distrito (Noroeste y Villa Delfina, entre otros) y amenaza con profundizarse a medida que avance el calor, con el agravante de que por razones de pandemia este verano habrá mucha más gente en la ciudad y, por ende, mayor consumo.

   "¿Dónde está el OCABA como organismo de control? ¿Dónde está Marta Crisafulli (titular de la Autoridad del Agua)? ¿Por qué no dan la cara?". Esas preguntas, en mal tono, se escucharon en estos últimos días en los principales despachos del Palacio Municipal.

   "¿Por qué no explica Gay qué pasó con su promesa de 2016, cuando dijo que el gobierno de Vidal iba a solucionar el problema del agua en 4 años?", responden desde la vereda de enfrente.

   Discusiones casi ociosas. La responsabilidad del suministro es de la empresa provincial ABSA, que será una sociedad anónima pero tiene como cabeza final al gobernador. Hoy es Axel Kicillof, ayer María Eugenia Vidal, antes Daniel Scioli. Todos mandatarios que hicieron sus carreras políticas en la ciudad de Buenos Aires y apenas conocían la Provincia cuando empezaron a administrarla.

   El presupuesto bonaerense 2021, como todos los anteriores, incluye obras estructurales para dar solución a este inconveniente que, para quienes lo padecen, se está acercando a la tragedia. No queda insulto sin vociferar para esas familias que no solo no tienen una gota sino que ven cómo sus propiedades, a este paso, se van a convertir en bienes de casi nulo valor. Nadie compraría ni alquilaría una casa sin agua.

   Si se cumplen las promesas de los funcionarios que vinieron a Bahía esta semana, durante el primer trimestre de 2021 la Provincia licitará obras relevantes, que deberían adjudicarse en junio para comenzar con su ejecución muy poco después. Pero los bahienses tienen razones para desconfiar: esa canción ya la escucharon demasiadas veces.

   El intendente Héctor Gay, aunque no sea el responsable directo, tiene que poner la cara por y ante sus vecinos, muchísimos de los cuales lo votaron el año pasado (sacó el 51% de los votos, en buena medida procedentes de los barrios de clase media y media alta, hoy entre los más afectados). La mayoría del electorado bahiense se plantó en un lugar muy claro en los últimos años: peronismo kirchnerista, no. Esa mayoría quiere ser representada por aquellos a quienes eligió.

   De hecho, los carteles colgados en avenida Cabrera y en 14 de Julio no le recriminan a Gay la interrupción del servicio sino que textualmente le piden ayuda. En Alsina 65 algunos no leyeron con literalidad esos mensajes e incluso se molestaron con los medios que reprodujeron las imágenes. Sensibilidades.

   Por parte del Frente de Todos local, silencio. Solo algunos satélites se expresan, básicamente echando culpas a Vidal por incumplir promesas como la del acueducto del río Colorado y aumentar las tarifas sin una debida contraprestación. Todo eso es cierto, pero olvidar que antes de ella hubo 28 años de gobiernos peronistas es una omisión grosera.

   Como novedad positiva, el subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinski, y el presidente de ABSA, Germán Ciucci, se instalaron por unos días en Bahía Blanca para palpar de primera mano la bronca y analizar respuestas ante la emergencia. Vale la intención, ahora habrá que ver la acción. Cientos de canillas, a esta hora, siguen vacías.

   El Concejo Deliberante instó a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) a presentar amparos y otras medidas que busquen reparar el daño a las familias afectadas. Una opción es pedir que no se cobre por un servicio que no se da.

   No sería la primera vez que Juntos por el Cambio promueva medidas judiciales contra ABSA. En enero de 2016 el entonces presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini, presentó una denuncia penal contra la empresa luego de que casi toda Bahía Blanca se quedara sin agua durante tres días por la rotura de un acueducto. Cambiemos acababa de asumir los gobiernos municipal y bonaerense, por lo que sus dardos apuntaban a quien fue presidente de ABSA entre 2007 y 2015, Guillermo Scarcella.

   Esa denuncia que planteaba la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, atentado contra la salud pública, malversación de caudales públicos y abandono de persona, entrañaba un riesgo político porque, si bien mencionaba a Scarcella, el curso de la investigación podía salpicar a dirigentes nombrados por la flamante administración de María Eugenia Vidal.

   Cuenta la leyenda que desde esferas superiores le hicieron notar a Vitalini, no muy amablemente, este detalle. El mismo relato sugiere que el concejal los mandó "a la m....".

   No obstante, eso es anécdota. Lo concreto es que el fiscal Julián Martínez tomó la denuncia pero no dirigió la responsabilidad por la falta de agua contra Scarcella, hombre de estrecha confianza de Daniel Scioli y de aceitados vínculos con el exintendente Cristian Breitenstein, sino contra dos dirigentes de ABSA a nivel local: el exgerente regional Antonio Ferrara y el exjefe de Producción, Marcelo Viola.

   No era el objetivo original de la presentación judicial. De hecho, además del problema por el agua, se buscaba exponer a Scarcella por supuesto uso de la caja de ABSA con fines políticos en los años del sciolismo. El resultado quedó lejos de eso.

   La semana pasada, a casi cinco años de aquel apagón hídrico y ya con la causa en manos del fiscal Mauricio del Cero, se conoció la respuesta de la jueza de Garantías Susana Calcinelli al pedido de elevación a juicio contra Ferrara y Viola.

   Calcinelli sobreseyó a ambos, aunque no por considerarlos inocentes sino porque entendió que el encuadre legal del fiscal era técnicamente equivocado: la magistrada dictaminó que los roles que ocupaban en la empresa no se pueden interpretar como de "funcionarios públicos" y, por lo tanto, no se les puede atribuir delitos como omisión de deberes o abuso de autoridad. La medida fue apelada.

   Del Cero y Calcinelli suelen tener miradas bastante divergentes sobre el Derecho. Quienes respaldan al primero critican a la jueza por una presunta exageración en la búsqueda de argumentos en favor de los imputados, cualesquiera sean, sobre todo si el que acusa es Del Cero. En torno a la magistrada le apuntan al fiscal con una ironía: "Mauricio pide elevación a juicio hasta para los pibes que agarran con un porro para consumo personal. Jurídicamente no es serio".

   La conclusión, de todos modos, es que la Justicia se mueve demasiado lento y la necesidad de agua es acuciante. No hay razones para ser optimistas. El plan de emergencia de ABSA de reparto de bidones va a ser una imagen difícil de olvidar para los bahienses, pero fácil de dejar atrás para quienes gobiernan a 700 kilómetros.

   Salvo que Kicillof sorprenda y su gestión rompa el molde. El problema del agua, el servicio más indispensable de todos, será una verdadera demostración de cuánto le importa esta ciudad.