Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

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Libertad anticipada: “Si quieren sacar beneficios, se debería cambiar la ley”

El Colegio de Magistrados también respondió a la opinión del comisario general Gustavo Maldonado.

   Como nunca antes lo había hecho en el último tiempo, el Colegio de Magistrados y Funcionarios Públicos de Bahía Blanca fijó posición pública en medio de la polémica sobre la inseguridad.

   Luego de la carta pública del comisario general Gustavo Maldonado, jefe de la Superintendencia Interior Sur de la fuerza, la doctora Claudia Fortunatti, presidenta del organismo, respondió.

   “Lo que plantea el comisario son casos particulares y no los conozco. Si estaban con arresto domiciliario es porque un juez lo dio y la Cámara lo confirmó. El control está afuera de la órbita de los tribunales. Eso sí, en caso de comprobarse alguna violación al beneficio, no se le vuelve a otorgar”, explicó Fortunatti a La Nueva.

   Con respecto al “fracaso” de la reinserción social, tal como lo mencionó el uniformado, la jueza -integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2- explicó que ese aspecto “es parte o función del servicio penitenciario” y que, por otro lado, “el fin de la pena es la reinserción social”.

   “Tenemos la ley de Ejecución Provincial, que habla de una progresividad para lograr la reinserción social. Una vez que el sujeto que fue condenado y cumplió parte de la pena, hay informes para otorgarlos y conforme a ello se resuelve. Si se quieren sacar beneficios, se tiene que cambiar la ley”.

   En esa misma línea, Fortunatti dijo: “El juez no va a hacer nada más que lo que la ley le permite hacer. Se habla de un sector 'garantista', pero los jueces son 'de Garantías', están para que se respeten las garantías de todos los ciudadanos y hubo modificaciones para restringir las facultades que tiene el juez para otorgar beneficios”.

"Estamos preocupados"

   Sobre el recrudecimiento del delito violento, la titular del Colegio de Magistrados reconoció su inquietud.

   “Nosotros estamos preocupados por la inseguridad, pero no es algo que podamos resolver. La prevención es parte del trabajo policial. Cuando el hecho llega a nosotros, ya está consumado. Los juzgamos, condenamos y absolvemos”, detalló.

   Insistió con que los jueces no otorgan beneficios porque “se les ocurre o alguien le cayó bien. Tienen que cumplir determinados requisitos y se someten al contralor de la Cámara, que confirma o revoca”.

   Por último, Fortunatti sí reconoció que existen problemas relacionados con la reinserción porque “hay cárceles superpobladas y faltan recursos: el fiscal general lo dijo, también en el servicio penitenciario y lo mismo le sucede a la policía”.