Bahía Blanca | Miércoles, 24 de abril

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Filtración de imágenes: las claves para enfrentar a los gigantes de Internet

El abogado especialista Martín Leguizamón, de visita en la ciudad y en medio del caso Luciano Castro, aludió a la responsabilidad de los motores de búsqueda.

Fotos: Pablo Presti, Emmanuel Briane y Archivo LN.

Por Pablo Andrés Pascual/ppascual@lanueva.com

   “No es que hay que ser malo con los buscadores o las nuevas tecnologías, sino que hay que hacerles aplicar la ley y que las cumplan”.

   Así de directa y categórica es la afirmación del abogado Martín Leguizamón, reconocido a nivel nacional e internacional por haber ganado 60 juicios contra gigantes de internet como Google y Yahoo.

   Especialista y pionero en el derecho informático, el letrado capitalino asistió a cientos de personas (varias famosas) que sufrieron la viralización de fotos o videos íntimos o se vieron injuriadas o acusadas falsamente en las redes.

   “La gente cree erróneamente que no hay herramientas legales para pelear contra todo lo que sea injurias, odio o violencia”, le dice a “La Nueva.”.  

   En 2006 recibió la primera consulta y desde entonces no paró.

   Sin embargo admite que su gran victoria se produjo 8 años después, con el fallo de la Corte Suprema en la demanda iniciada por la modelo María Belén Rodríguez a buscadores que la enlazaban con la prostitución. 

   “Esa resolución se convirtió en la herramienta más importante. La gente cree que fue un fallo ganador para Google, pero en ese caso se establecieron las ilicitudes manifiestas y groseras, y todo aquello que debe requerir un bloqueo inmediato. Sentó un precedente, por eso para mí me resultó mucho más fácil ganarles juicios a estas empresas después de esa decisión”.

   Explica que, según lo resuelto, “cuando se dan situaciones como la difusión de videos íntimos, cuestiones relacionadas con menores, religión, trucamiento grosero de fotografías o lesiones al honor se produce una ilicitud manifiesta que no requiere orden judicial para su bloqueo y desindexación:  solo basta intimarlos fehacientemente para que los buscadores procedan”.

   De todas maneras, asegura que la respuesta no es inmediata.

   “Con el famoso caballito de batalla de la libertad de expresión, los buscadores creen que vale todo y, salvo videos íntimos o cuestiones extremadamente graves, no bloquean y hay que recurrir a un juez”.

   “La causa de Silvina Luna fue un ejemplo, pero hoy recibo más consultas de personas comunes que aquellas que son conocidas. Chicas muy jóvenes que se filmaron con el novio y, tras una pelea, ese chico, poco hombre, no tiene mejor idea que colgar los videos y hay que recurrir a la justicia”, describe.

   De la misma forma, señala Leguizamón que “por suerte la justicia ha tomado cartas en el asunto y las órdenes judiciales salen más rápido, pero entre la vía extrajudicial y la judicial pasan de 1 a 2 meses,  que para una víctima, que ha sido atacada en la honra y el honor, es muy grave”.

   “Hoy ensuciar a una persona demanda tan solo un minuto, pero tratar de solucionar ese problema lleva un tiempo. Las herramientas tendrían que ser mucho más adecuadas”. 

   Leguizamón, que es socio de Fernando Burlando, presentó proyectos de ley para que este tipo de resoluciones demanden apenas 24 horas.

   “Cuando yo estudiaba tenía que hacerlo por un manual que no lo tenía todo el mundo y ahora la información está disponible para todos en tiempo real, lo que es magnífico y brillante, pero también hay que proteger a la gente de los daños que pueden causar las nuevas tecnologías, en algunos casos irreparables”.

Sin identidad y con una huella  indeleble

   Leguizamón sostiene que en el mundo digital el límite de la privacidad es difuso.

   “Creo que allí se terminó el tema de la privacidad y la intimidad, cosa que me parece muy grave, porque son cuestiones protegidas por la Constitución Nacional. Así como son una herramienta extraordinaria, mal usadas las nuevas tecnologías son gravísimas”.

   También destaca la necesidad de comprender que cualquier acción que realizamos en la web queda registrada. Tanto para bien como para mal.

   “La gente piensa que en internet no queda nada. El delito en la red deja más rastros que en la vida real. Cualquier dispositivo puede ser fácilmente detectable. La gente cree que si borra el chat se elimina del mundo, lo que es un error. Mientras haya lugar en el disco rígido siempre va a quedar allí”.

   Este abogado, fanático de River, padre de 5 hijos y abuelo de 2 nietos, señala que el derecho informático cobró auge a partir de decisiones judiciales y la dependencia que en la actualidad se tiene de los dispositivos tecnológicos.

Leguizamón disertó en una jornada de derecho informático organizada por el CABB.

   “A partir del fallo de la Corte Suprema (en el caso María Belén Rodríguez) se empezó a estudiar en las facultades y tomó protagonismo. Además hoy dependemos de estos aparatos”.

   “Siempre digo que antes de acostarnos lo último que hacemos es mirar el celular, lo enchufamos para que se cargue y lo primero que hacemos a la mañana, antes de decir buen día, es verlo nuevamente para ver si tuvo actividad durante la noche”, agrega.

   De la misma forma, a cambio de esa conectividad las empresas concentran un cúmulo de información muy valioso.

   “Les damos muchos datos y ellas viven de esa información. A veces la gente dice que Internet es gratis y ahí está cometiendo un error. El costo es darle a estas empresas y plataformas tecnológicas lo que tiene más valor de cada uno, que son los datos. Luego ellas nos segmentan por gustos, preferencias, etc. Eso significa que están constantemente monitoreándonos, saben lo que nos gusta y utilizan esa información”.

   Reitera que “la privacidad hoy no existe, pero hay que lograr que vuelva. No puede ser que no exista”.

   Si bien esa lucha implica chocar con fuertes intereses, asegura que se tiene que dar de todas maneras.

   “Hay que enfrentarlos. Cuando lo hice solo en 2006 se me reían en la cara y me decían que estaba loco por querer ir contra las empresas. Todo lo que pasa ahora está en mis escritos. No es que era un genio o un visionario, sino que lo estudié y empecé a compenetrarme en esto”.

   “Hay que aplicar la normativa de la Unión Europea. (Mark) Zuckerberg, el dueño de Facebook e Instagram, dice que las nuevas tecnologías deben adaptarse a esa legislación, lo que significa un gran triunfo para esa parte del mundo”.

Las consultas recurrentes

   Leguizamón dijo que la mayor parte de las consultas que recibe tienen que ver con “la difusión de videos íntimos, trucamiento de fotografías (es muy normal) y la imputación falsa de delitos sexuales”.

   “Me sorprendo cuando vienen al estudio a decirnos que les han creado blogs o perfiles donde se acusa a determinadas personas de haber cometido delitos de carácter sexual. Lo primero que pregunto es si existe denuncia penal, porque en caso de haberla no tomo los casos. Es una cuestión de principios y de política del estudio”, agregó.

   Sobre las causas ganadas a buscadores de Internet, aseguró que “no tengo dudas de que en el país soy quien más juicios les ganó a estas empresas y me animo a decir que en el mundo. Eso no lo tenía en cuenta esto y mi hija Clarita, que es mi brazo derecho, lleva la estadística”. 

   El abogado dijo que con las firmas demandadas hoy tiene “un muy buen trato profesional”, aunque para llegar a esa relación “costó mucho, porque fueron años de pelearnos, de ataques y denostación, porque decían que estaba en la industria del juicio”.

   También explicó que está cerca de terminar un libro que cuenta desde la primera consulta.

   “Haber logrado el primer caso de derecho de olvido en la Argentina es muy importante, además de presentar un proyecto de ley contra el odio y violencia en las redes sociales en el Congreso. El derecho del futuro pasa por las nuevas tecnologías”.

¿Qué pasó con la lista de machirulos?

   Hace un año, por distintas redes sociales, desconocidos difundieron en nuestra ciudad lo que se conoció como “lista de machirulos”, una nómina de nombres y apellidos de hombres -muchos de ellos menores- acusados de acoso, abuso o violencia de género.

   La situación provocó gran revuelo pero no prosperó en el terreno judicial, al menos desde el punto de vista penal.

   “Quedó en la nada”, confirma la abogada Viviana Lozano, miembro del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados.

   No avanzó la investigación porque, según la fiscalía, se trataba de casos de calumnias e injurias, que tenían que ir por vía de querella y resolverse en juzgados Correccionales.

   Ese tipo de trámite prevé solo una multa de bajo monto, con lo cual muchos directamente optan por recurrir a la demanda civil.

   “Una colega de Mendoza, Bárbara Peñaloza, busca encuadrar como delito una lista de machirulos de esa provincia, publicada en Twitter”, asegura.
Peñaloza, especialista en la materia, obtuvo dos fallos muy relevantes. 

   Por un lado logró que la justicia condenara a una mujer a pagar 100 mil pesos por “escrachar” públicamente a supuestos abusadores.

   Y por otro consiguió que Facebook retirara fotos de menores mendocinas publicadas en el perfil de un adulto.

   Lozano recuerda que a fines de 2018 un joven de 18 años se suicidó en Bariloche por haber sido acusado falsamente por una amiga.

   “Hay que tomar real dimensión del peligro”, dice.

   “El impacto que genera una publicación en una red, a quien se señala como abusador, violento o ladrón, no se limpia con una aclaración. Hasta que el Estado no empiece a endurecer la postura se seguirá fomentando, lo mismo que las fake news”.

   El proyecto de reforma del Código Penal, hoy en evaluación, “no actualiza nada” sobre el derecho informático, según Lozano.

   “Tenemos una ley vieja. Lo último, de fines de 2017, es que la Argentina adhirió al convenio de Budapest, que da un marco importante pero no regula lo interno. Más que lagunas tenemos océanos”, grafica.

   La especialista aclara que tanto el que sube a la nube el material como aquel que lo reenvía pueden tener la misma responsabilidad. “Eso está establecido”.

   De todas maneras, cuando una difusión se viraliza -como sucedió con las fotos de Luciano Castro- es más difícil de establecer y también de compensar.

   “Cuando una querella manda a rectificar, el acusado lo saca de su muro...¿y el resto? La rectificación claramente no se viraliza como la primera publicación", finalizó.