Chile gira a la derecha 

Redacción de La Nueva.

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Por Pascual Albanese *

La derecha ganó ampliamente en las nuevas elecciones constituyentes chilenas. La suma de las tres expresiones partidarias con que concurrió a las urnas representó el 62 % de los votos, pero la distribución de ese porcentaje arrojó otra sorpresa. El Partido Republicano, la fuerza de extrema derecha liderada por José Antonio Kast, quien luego de haber triunfado en la primera vuelta de las elecciones de 2021 fue derrotado en el balotaje por el actual presidente Gabriel Boric, alcanzó el 36% de los sufragios, mientras que el ala tradicional, más moderada, canalizada por Vamos Chile, llegó al 21%. El Partido de la Gente, una formación volcada a la atracción del voto de centro, arañó un 5%.

En su conjunto estas tres fuerzas conservadoras reprodujeron el 62% del voto por el “no” en el referéndum de septiembre de 2022 que rechazó el proyecto elaborado por la asamblea constituyente elegida en septiembre de 2021, meses antes de las elecciones presidenciales que consagraron a Boric. La coalición oficialista, integrada por Apruebo Dignidad (una alianza entre el Partido Comunista y otros movimientos de izquierda) y el Partido Socialista, se mantuvo en un 27% mientras que Todos por Chile, un frente de centroizquierda integrado por la democracia cristiana, el Partido por la Democracia y el Partido Radical, logró sólo el 9%, lo que deja a ambas formaciones en una total minoría en el cuerpo constituyente.

La sumatoria de los representantes de Fuerza Republicana y Vamos Chile tendrá el control total del Consejo Constituyente de cincuenta miembros, con el 35 de los escaños, cuatro bancas más de los tres quintos (60%) del cuerpo establecido en la ley de convocatoria como necesario para aprobar el nuevo texto constitucional, que a diferencia de la anterior asamblea constituyente no será redactado sobre una hoja en blanco sino a partir de un anteproyecto elaborado por 24 expertos nombrados por los partidos que representan la totalidad del espectro político trasandino.

Para ese trabajo la comisión de expertos tomó como punto de partida las 12 “bases constitucionales” consensuadas por ese heterogéneo arco multipartidario. Esas coincidencia incluyen el mantenimiento de Chile como un Estado unitario, el respeto a la propiedad privada, el derecho a la vida, el sistema bicameral y el principio de la “indivisibilidad de la nación chilena” y excluyen la introducción de cambios “refundacionales” como la creación de una república plurinacional basada en las autonomías de los pueblos indígenas, tal como había sido establecido en el texto rechazado en 2021. Sobe esas premisas, la Comisión Constituyente, que empezará a sesionar en junio, tendrá que presentar su propuesta en un plazo máximo de cinco meses para ser sometida a un referéndum el 14 de diciembre.

La contrarreforma

Boric, que ya había quedado fuertemente golpeado por el triunfo del ”no” en el referéndum de septiembre último, está ahora políticamente contra las cuerdas. Ante la derrota, afirmó: “quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que obtuvo una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de “vendettas” sino de poner por delante a Chile y a su gente antes que los intereses partidarios”.

Lo cierto es que Kast nunca fue partidario de introducir ninguna reforma constitucional sino de mantener sin modificaciones el texto dictado por Augusto Pinochet. No obstante, teniendo en cuenta que en la anterior consulta popular de octubre de 2020 el 78% de los chilenos se había pronunciado a favor de una reforma, es probable que esta vez acceda a incorporar algunas enmiendas mínimas para satisfacer formalmente aquel mandato. De lo contrario, correría el riesgo de experimentar en el referéndum de diciembre una derrota similar la padecida por la izquierda.

Politólogos y expertos en opinión pública trasandinos polemizan intensamente sobre las causas de estas sucesivas mutaciones en la opinión pública. Una interpretación bastante extendida pone el acento en el sistema electoral. En esta elección se implementó por segunda vez el voto obligatorio. En la consulta popular de 2020, cuando el respaldo a la reforma obtuvo el 78%, el voto era optativo y la concurrencia a las urnas apenas superó la mitad del padrón electoral, lo que implica que sólo un 38% de los inscriptos se expidió expresamente a favor de un cambio constitucional. En la elección que nominó a la asamblea que elaboró el texto rechazado participó apenas el 43%. En cambio, en el referéndum de septiembre pasado que desestimó esa propuesta, donde por primera vez hubo voto obligatorio, la concurrencia fue del 85%.

Este contraste indicaría que existe una “mayoría silenciosa”, renuente a la participación electoral, seguramente por una pérdida de identificación con los partidos tradicionales, pero que obligada a votar inclina la balanza hacia las posiciones más conservadoras. De hecho, el proceso reformista comenzó como una respuesta del gobierno centroderechista de Sebastián Piñera, quien acorralado por las multitudinarias protestas callejeras de 2019, canalizadas después electoralmente por Boric en 2021, pretendió canalizar esas demandas de cambio con un remedio que resultó peor que la enfermedad.

Pasado y presente

La izquierda chilena ya padeció el trágico error de confundir una mayoría electoral precaria y transitoria con la legitimación popular para una transformación revolucionaria. En 1970, en una elección presidencial a una sola vuelta, Salvador Allende obtuvo el 36,6% de los votos contra el 35,2% del ex presidente conservador Jorge Alessandri y el 28% del democristiano Radomiro Tomic. Con esa escuálida base de sustentación y en minoría en el Congreso, Allende intentó instaurar el socialismo en Chile. El resultado del intento fue el golpe militar de Pinochet en 1973, que fue apoyado por los partidos de la oposición.

El proceso de transición chileno tuvo características muy especiales. La constitución dictada por Pinochet en 1980 estableció precisamente el mecanismo del referéndum que en 1988 le negó la prórroga de su mandato y habilitó la apertura política que culminó con las elecciones presidenciales de 1990. Sin embargo, Pinochet continuó como jefe del Ejército hasta 1998 y asumió después como senador vitalicio. El modelo económico instaurado en 1973 permaneció básicamente inalterado y signó el desarrollo de Chile durante los últimos cincuenta años.

El avance de una nueva izquierda más radicalizada aliada al indigenismo en las elecciones constituyentes de 2021 y el posterior ascenso de Boric, precedidos por los disturbios de 2019, parecieron marcar un punto de ruptura en esa continuidad implícita entre el régimen militar y las tres décadas de alternancia en el gobierno entre la centro-izquierda de la Concertación Democrática, formada por la democracia cristiana y el Partido Socialista, y la coalición de centro- derecha.

Sin embargo, la heterogeneidad de la nueva coalición gobernante, con una notoria influencia del Partido Comunista, el rechazo a un proyecto constitucional que favorecía las reivindicaciones autonómicas de la etnia mapuche y la ola de violencia desencadenada por la Coordinadora Arauco Malleco en el sur chileno generaron una reacción negativa de la opinión pública que se tradujo primero en el triunfo del ”no” en el referéndum de septiembre y luego en la victoria de Kast en la elección del Consejo Constitucional.

El gobierno de Boric está herido de muerte. La incógnita es si en este constante flujo y reflujo de las mareas de la opinión pública el giro derechista encarnado por Kast perdurará en el tiempo hasta las elecciones presidenciales de 2025.

* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico