Tiempo de evaluación de daños políticos y electorales

Ricardo Salas

rsalas@lanueva.com

   El sostenido aumento generalizado de precios frente a este contexto de vulnerabilidad salarial de bolsillo agrava la crisis social, evalúan dentro de la Gobernación bonaerense, mientras observan expectantes la agenda económica nacional. 

   “La generación de obras de infraestructura no solamente soluciona una cuestión puntual a nivel municipal, sino que también crea nuevos puestos de trabajo local”, coinciden en la sede gubernamental de calle 6. 

   En esa dirección, varios ministros bonaerenses - Pablo López (Economía) más Martín Insaurralde (jefe de Gabinete), Leonardo Nardini (Infraestructura) y Cristina Álvarez Rodríguez (Gobierno)- trabajan en el primer borrador de la denominada “Ley de leyes 2023” para enviará a la Legislatura bonaerense, no sin que antes el gobernador Axel Kicillof ajuste los destinos de la obras públicas y la coparticipación a los municipios. 

   Se sabe que normalmente, en medio de los acalorados debates parlamentarios del Presupuesto bonaerense los intendentes (propios y opositores) pueden sacar alguna ventaja política, más aún, ante esta coyuntura con vaivenes económicos. 

   “Si ahora quieren sacar las elecciones primarias (PASO) para vacunar a Juntos se quedarán sin diálogo y Kicillof necesita del diálogo para aprobar el Presupuesto y su propia gobernabilidad", advierten desde el esquema opositor. 

   En ese contexto, la administración Kicillof transita unos días movidos, quizás como no los tuvo en los casi tres años de gobierno que lleva en La Plata. Es que el desborde policial ocurrido en la previa del partido entre los clubes Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors, culminó con la muerte de un hincha de fútbol. 

   Luego de eso el foco de la opinión pública estuvo puesto en el brutal accionar de las fuerzas de seguridad y en las responsabilidades, tanto de las autoridades policiales como de las políticas: el ministro Sergio Berni y el propio gobernador. 

   Rápidamente también Kicillof respaldó la figura de su ministro de Seguridad, pero no alcanzó a desviar el foco de la cuestión.  

   Sostener en su cargo ministerial a Berni, puede tener consecuencias políticas para el gobernador aunque sea un ministro que él no eligió y que fue impuesto por voluntad de Cristina Fernández de Kirchner 

   Definitivamente, el tan reciente como brutal accionar uniformado en el bosque platense sacudió el tablero institucional del oficialismo gobernante del Frente de Todos en la Provincia, en vísperas del Día de la Lealtad peronista.   

   Berni quedó en el ojo de la tormenta, apuntado por varios actores como el responsable político del gravísimo hecho. 

   “Esto no puede pasar en un gobierno peronista”, se quejó el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, en sintonía con la posición que expresaron otros sectores del oficialismo de condena a la represión policial.  “Berni intentó lavarse las manos, tirando la pelota afuera”, dicen en las diagonales. 

   Mientras avanza la investigación judicial por la feroz represión por parte de la Policía Bonaerense en las inmediaciones del estadio de Gimnasia que terminó con un hincha muerto y cientos de heridos, legisladores bonaerenses de Juntos salieron a presionar con el pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad provincial. 

   A todo esto, en Juntos por el Cambio crece la disputa interna por las candidaturas domésticas, mientras el ala dura macrista trata de aprovechar el descontento social para volver al gobierno en el 2023. 

   Por esos días el PRO parece girar más hacia la centroderecha, con el acercamiento de Patricia Bullrich y los libertarios de José Luis Espert, e incluso con el giro discursivo del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, buscando un equilibrio con el expresidente Mauricio Macri, que se resiste a dejar la centralidad de la escena opositora. 

   Mientras tanto la UCR bonaerense, a sabiendas de que su negocio está en la diferenciación con sus socios, agitó las aguas de la interna de Juntos, y lanzó al ruedo un candidato propio para la Gobernación. En este caso, candidata. 

   La visita de Margarita Stolbizer al Comité Provincia del radicalismo, y las sucesivas fotos con su titular, Maximiliano Abad, dejaron pocas dudas acerca de las intenciones de los boina blanca, entre ellos, el exvicegobernador Daniel Salvador. 

   En Juntos, para ganar, saben que deben ensanchar su base de votantes. Y como una manta corta, si se vuelcan mucho hacia alguno de los extremos, podrían quedar en falsa escuadra, y por eso la idea es sumar de todos los lados posibles.  

   En ese caso la UCR decidió avanzar sobre su histórica línea de centro-centro izquierda, con una candidata que no tiene que instalar. 

   Es una novedad, porque hasta ahora el radicalismo sólo había mostrado candidatos de papel, esperanzados en un arreglo que los sumara a la fórmula, o en el peor de los casos, con una fórmula propia apalancada en una figura nacional.   

   Una vez más Abad mostró sus aptitudes políticas, atendiendo varios frentes a la vez, en la interna de Juntos y en la interna de la interna, la del propio partido. 

   Logró cerrar filas con los radicales de Evolución, a quienes enfrentó en las internas pasadas, y con los seguidores de Gustavo Posse, histórico intendente de San Isidro, que en la interna anterior jugó con la línea interna de Martín Lousteau.