Un camino que se inició en 1993 y que llegó a buen puerto

Redacción de La Nueva.

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   Los puertos argentinos han pasado por todos los estados posibles, en cuanto a su administración: en manos privadas, en manos del estado y, por último, como entes autónomos con participación de los estados provinciales.

   Sin dudas, esta última etapa, que puede llamarse de la autonomía portuaria, ha sido la más productiva y que ha llevado al desarrollo y crecimiento tecnológico y operativo de las estaciones marítimas, en donde cada uno ha aplicado las políticas más convenientes a la incumbencia regional. 

   La promulgación de la Ley 24093 en 1992, en la que tiene una participación decisiva el entonces Diputado Nacional, doctor Dámaso Larraburu y el posterior Decreto de 1993 en que la Provincia de Buenos Aires toma el control de los puertos de su territorio, significó el despegue de los puertos provinciales y en especial nuestro Puerto, el de aguas profundas más importante del país y con un potencial de crecimiento por ubicación y disponibilidad territorial superior a todos las otras estaciones provinciales.

   La autonomía es mucho más que un manejo independiente de la gestión, importante de por sí la descentralización. Es vital para que el puerto autónomo fije sus políticas de uso, de crecimiento y de operatoria en comunidad con todos los actores vinculados a su operatoria. Esta es la inteligencia de la Ley, que crea un Directorio para cada  Puerto en que todos los actores, incluyendo el Estado Provincial  y Municipal tienen voz. 

   Si analizamos el crecimiento del Puerto de Bahía Blanca, como también la radicación de industrias que ha generado la confianza en este puerto, podemos decir que la autonomía es la herramienta de gestión para esta etapa de crecimiento en un mundo globalizado. Un modelo que otros sectores del estado vinculados a la producción debieran tomar como ejemplo.

  Sancionada la ley, y producida la transferencia de los puertos a las provincias, se agregaron más bahienses al desarrollo de esta nueva visión. El, hasta entonces Administrador local de la AGP, don José Egidio Conte, el ingeniero Osvaldo Abitante, uno de los grandes profesionales que impulsaron los 45 pies de calado, el ingeniero Valentín Morán, el Dr. Jorge Conti y otros técnicos y profesionales que, junto a Larraburu, concibieron las bases para la pronta sanción de la Ley provincial N° 11.414 que se constituyó en el estatuto fundacional de nuestro Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 

   Y con la creación del Consorcio vino el primer Directorio: José Egidio Conte como primer Presidente y los Directores Oscar Doria, Carlos Sosa, Andoni Irazusta, Valentín Morán, Adalberto Thomas, Arturo Hosch, Vicente Andreani y Reinaldo Reiner; donde se tomaron las primeras decisiones para la poner en marcha este formato de cogestión. 

Un poco de historia

   En el año 1992, el gobierno dictó la Ley N° 24093, conocida como Ley de Actividades Portuarias, que tiene que ver, con todos los aspectos vinculados a la habilitación, administración y operación de los puertos estatales y particulares existentes o a crearse en el territorio nacional.

   Dicha Ley, en su artículo 11°, autorizó la transferencia de los puertos de propiedad del estado nacional a las provincias en las que se encuentren situados, y en el caso especial de los puertos de Buenos Aires, Bahía Blanca, Quequén, Rosario y Santa Fe, el artículo 12° estableció que previo a la transferencia deberían constituirse sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales que tendrían a su cargo la administración y explotación de cada uno de esos puertos.

   Estos entes debían organizarse asegurando la participación de los sectores particulares interesados en el quehacer portuario, comprendiendo a los operadores, prestadores de servicios, productores usuarios, trabajadores y demás vinculados a la actividad.

   También deberían estar representados la provincia y los municipios donde se encuentre emplazado el puerto. Esta condición previa fue cumplimentada por la Provincia de Buenos Aires por medio de la Ley N° 11414, creando el CGPBB  como entidad de derecho público no estatal que tiene a su cargo la administración y explotación de la zona portuaria de Bahía Blanca.

   De esta manera, el Puerto de Bahía Blanca fue el primero de los puertos mencionados en el artículo 12° de la Ley de Actividades Portuarias en constituir su ente administrador y, por dicha razón, a partir del 1 de setiembre de 1993 se constituyó en el primer puerto autónomo de la República Argentina, liderando el proceso de transformación del sistema portuario argentino.

   Las tareas encaminadas hacia la creación del Consorcio de Gestión del Puerto tienen una fecha formal de iniciación, aunque, para ese entonces, ya se habían concretado varios encuentros frente a un proceso que estaba claramente en marcha: la privatización portuaria.

   El 18 de diciembre de 1990 se reunieron por primera vez, convocados por la entonces Administración General de Puertos Sociedad del Estado, entidades empresarias, sindicales y el municipio, en el salón "La Siempre Verde", de Ingeniero White.

   El propósito era comenzar a elaborar un proyecto de estatuto y sistema de organización para el ente autónomo del puerto bahiense.

   Vaya si se logró...