Pese a la nueva ley, los conflictos en las plantas de biocombustible no cesan

Redacción de La Nueva.

contenidos@lanueva.com

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

   Pese a que se promulgó hace pocos días la nueva ley que regula la producción de biocombustibles, los conflictos parecen no tener fin en ese sector.

   Ante la falta de respuestas salariales, y teniendo en cuenta que no hubo paritarias en 2020 porque la labor de las empresas del sector estuvieron paralizadas durante gran parte del año, la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) anunció medidas de fuerza directas por tiempo indeterminado.

   “Somos conscientes de la situación por la que atraviesa el sector, pero los trabajadores no tienen la culpa. Estuvieron muchos meses cobrando apenas el 50% de sus salarios y creemos que éste es el momento para realizar un ajuste salarial”, explicó Gabriel Matarazzo, secretario general del sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible de nuestra ciudad y también secretario de Hacienda de la Federación Sindical Argentina.

   A principios de este año, la FASiPeGyBio logró una recomposición del 30%, divididos en dos tramos (marzo y julio).

   “Hay que tener en cuenta que en 2020 no hubo aumento alguno y hubo varios meses en que los empleados apenas cobraron la mitad de sus salarios. Por lo tanto, estamos hablando de un 30% en dos años que la inflación roza el 100%, lo que hizo perder muchísimo poder adquisitivo”, explicó.

   Por ello, hace pocos días solicitaron otro 30% para el último tramo del año.

   “Nos contraofertaron un 10%, algo que no aceptamos y por eso comenzamos con las medidas de fuerza hasta que el Ministerio dicte la conciliación obligatoria”, explicó Matarazzo.  

   En el territorio bonaerense hay alrededor de 500 trabajadores en relación de dependencia, de los cuales 60 se desempeñan en Biobahía, empresa que está afincada en el Parque Industrial de nuestra ciudad.

   “Contando Ramallo, Junín y Bahía Blanca llegamos a ese número de empleados. Es verdad que las plantas no arrancaron prácticamente nunca por el tema de los cupos y los precios, pero no podemos permitir que los trabajadores sean la variable de ajuste de los empresarios y el gobierno, porque precisan comer para vivir”, explicó Matarazzo.

   Con la firma de Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica, se oficializó la Ley 27.640, que regirá por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2030 y fija los nuevos porcentajes de mezcla obligatoria de bioetanol y biodiésel con gasoil y nafta.

   La iniciativa fue impulsada por el diputado Máximo Kirchner y establece “el Marco Regulatorio de Biocombustibles”, el cual comprende todas las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles.

   “Esperemos que la nueva ley traiga la previsibilidad que los empresarios pedían para poder producir y que el sector vuelva a la normalidad. Pero para ello se precisa que los trabajadores tengan salarios acordes”, agregó Matarazzo.

   Si bien la norma tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, el Poder Ejecutivo nacional podrá extenderlo, por única vez, por cinco años más a contar desde la mencionada fecha de vencimiento del mismo.

   La Secretaría de Energía, como autoridad de aplicación podrá regular, administrar y fiscalizar la producción, comercialización y uso sustentable de los biocombustibles.

   También podrá adecuar a los términos de la ley las normas que establecen las especificaciones de calidad de los biocombustibles, la seguridad de las instalaciones en las cuales estos se elaboran, mezclan y/o almacenan, y aquellas que se vinculen con el registro y/o habilitación de las empresas y productos.

   La ley reduce a la mitad el corte obligatorio de biodiésel para gasoil que pasará del 10 al 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final.

   Para las naftas se establece que deben contener un porcentaje obligatorio de bioetanol de 12%, en volumen, porcentaje que se repartirá en 6% para los combustibles elaborados en base a la caña de azúcar y 6% para el maíz.

   Asimismo la ley establece exenciones impositivas en el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias para la adquisición de bienes de capital u obras de infraestructura y en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

   La norma dispone que los biocombustibles no estén alcanzados por la tasa de Infraestructura Hídrica, por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, por el impuesto denominado sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o sobre la importación de gasoil.

   El beneficio impositivo regirá hasta la fecha de finalización del régimen y corresponderá en tanto y en cuanto las materias primas principales utilizadas en los respectivos procesos productivos sean de origen nacional.