Nuevo capítulo en la interna del básquetbol provincial y nacional
La Dirección Provincial de Personas Jurídicas rechazó la resolución de la Confederación Argentina de Básquetbol.
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La Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) rechazó en las últimas horas la resolución de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB), que había calificado de “inaplicable” la intervención dictada tiempo atrás a la Federación de Buenos Aires.
Ariel Giménez, Director de la DPPJ, resolvió que la decisión de la CAB de desconocer el fallo constituye "un desconocimiento palmario de una resolución administrativa firme, que decidió una intervención que a la fecha se encuentra homologada judicialmente".
Todas las notas de un conflicto que lleva meses.
El organismo que gobierna el básquetbol de la Argentina había calificado de "inaplicable" la intervención dictada en marzo atrás por la DPPJ "respecto de la Federación de Básquetbol de Buenos Aires y suspendió la afiliación de esta última por el término de 180 días" o hasta que la Dirección Provincial "deje sin efecto la intervención".
La opinión del presidente de la ABB sobre la desafiliación.
La DPPJ había hecho lugar a una denuncia presentada en febrero pasado por diferentes asociaciones provinciales opositoras (Bahía Blanca, La Plata, Chivilcoy, Necochea, Mar del Plata y Tres Arroyos) que plantearon la comisión de "irregularidades administrativas" en torno a la conducción de Miguel Chami, quien a su vez se desempeña como uno de los vicepresidentes de CAB.
Uno de los puntos citados en la denuncia dio cuenta de que la Federación bonaerense había omitido en septiembre de 2020 convocar a las apuntadas asociaciones a la Asamblea Extraordinaria de la CAB en la que, por ejemplo, se votó el nuevo estatuto del organismo.
"La conducta adoptada por las autoridades de la Federación ha vulnerado los derechos de información y participación de sus asociados", indicó oportunamente la DPPJ.
La Dirección Provincial manifiesta que las resoluciones fueron "dictadas en el marco de la competencias legalmente atribuidas al órgano provincial, por lo que deben considerarse legítimas, en tanto mantengan su estabilidad".
Por ende establece que la resolución dictada por el Consejo Directivo de la CAB, cuando calificó de "inaplicable" la intervención, emerge "en franca contradicción con el ordenamiento jurídico vigente, manifestando una llamativa falta de miramiento por la autoridad provincial instituida, situación que no puede tener espacio en un estado de derecho". (Télam/La Nueva.).