Opinión: ampliación del parque industrial, sí; manipulación normativa e ilegalidad, no

10/6/2021 | 16:05 |

Se trata de un debate en el ámbito del partido de Patagones.

Foto: Archivo-La Nueva.

Por el Dr. Rodrigo Aurrecochea*

   Es mi intención reflexionar, en esta oportunidad, en relación a una situación que está siendo debatida en el Concejo Deliberante de Patagones, desde una mirada jurídica, como aporte, tanto para los vecinos y vecinas, así como para los concejales y funcionarios intervinientes a los fines de evitar situaciones legalmente reprochables y que en un futuro traigan consecuencias disvaliosas.

   La Ley Orgánica de Municipios 6769/58, norma que regula las potestades y deberes municipales en la provincia de Buenos Aires, establece desde su artículo 54 en adelante formas de adquisición por parte del municipio con opciones para la compra, venta, establecimiento de mayorías especiales y demás. Al momento de adquirir el Municipio, esa misma ley orgánica establece el mecanismo de expropiación. Incluso, a mi modo de ver, con la reforma efectuada por la Ley Nº 13.101 al artículo 77 se ha dado un gran paso que permite a los municipios llevar adelante expropiaciones con mayor seguridad jurídica.

   La Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 31, en consonancia con la Constitución Nacional, señala en lo que nos interesa “La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.”. El mencionado artículo 31 está reglamentado por la ley general de expropiaciones 5708 la que determina en su art. 3 “Las expropiaciones deberán practicarse mediante ley especial que determine explícitamente el alcance de cada caso y la calificación de utilidad pública o interés general. Exceptúase de tal requisito los inmuebles afectados por calles, caminos, canales y vías férreas, y sus obras accesorias en las que la afectación expropiatoria está delimitada y circunscripta a su trazado, quedando la calificación de utilidad pública declarada por la presente ley”.

   Llegado aquí, es preciso aclarar, a los fines de continuar con el análisis, que el instituto de expropiación es un procedimiento administrativo en virtud del cual el Estado adquiere la propiedad de bienes de particulares por razones de utilidad pública e interés general, mediante indemnización, amparado constitucionalmente, aun cuando el dueño del bien se resista —o no— a deshacerse de él. Son requisitos que habilitan la procedencia del Instituto: 1) la existencia de una causa de utilidad pública, interés general o social; 2) la calificación por ley del requisito anterior; 3) la indemnización previa.

   La definición de utilidad pública alude a todo lo que satisfaga una necesidad o la conveniencia con el fin de incrementar el bienestar general. La facultad de individualizar los bienes que el órgano legislativo otorga al Poder Ejecutivo no contraría la exigencia constitucional nacional y provincial, art 17 y 31 respectivamente, toda vez que aquel ha calificado la utilidad pública y habilitado a este último para determinar, dentro de los límites prefijados, los que constituyen objeto expropiable.

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   Las formas de adquisición por vía de interpretación, aplicando subsidiariamente las reglas del derecho privado, como puede ser la cesión de un inmueble, aun cuando su fin pueda estar justificado, traen como consecuencia una laxitud e interpretación animosa de la ley perjudicial para el honrado desenvolvimiento de un gobierno en toda su dimensión. En el caso particular se utiliza como justificación para evadir la ley de expropiación, diciendo que el titular cede “gratuitamente” una fracción de sus tierras, esto, claro está, es un supuesto instrumento para evadir el único instituto legal para que el Estado adquiera la tierra de un tercero titular, que es la EXPROPIACIÓN. En definitiva, el privado logra quedarse con la fracción no cedida con aprobación y el desarrollo inmobiliario futuro, en el caso plateado la venta de lotes, que consecuentemente le multiplica el valor de la tierra ante la posibilidad de venderlas a altos precios en un futuro próximo. El estado de manera indirecta enriquece ilícitamente al privado titular de la tierra  por hacer figurar una supuesta cesión de tierras “gratuitamente”.

   En estos días, se discute en el Concejo Deliberante una acción (cesión de una supuesta fracción de tierras) con el objeto de ampliar el Parque Industrial, amén de las opiniones políticas sobre la conveniencia de reorganizar el actual parque, que no tiene sustento  en este análisis como para ser tratado de esa manera, sino que debiera utilizarse el único mecanismo dispuesto en la ley 5708. Consecuentemente en el marco del debate ut supra mencionado sobre la ampliación del Parque Industrial es legalmente comprometedora tanto  para los funcionarios como para los concejales que presten consentimiento a un hecho tan grosero desde los parámetros legales.

   La función legislativa entendida como aquella que se produce a partir de la intervención del órgano colegiado, donde está representado la sociedad en sus diversas opiniones, es creadora de actos jurídicos en cada oportunidad en la cual intervienen. Así como el carácter legislativo de las ordenanzas es propio y consecuente del carácter político y representativo de la soberanía popular.

   Por eso mismo, toda vez que el Instituto de Expropiación es limitador de derechos fundamentales, propiedad, se determina por norma y corresponsabilidad directa de los concejales en el proceso, exigiendo una “ley” que determine la expropiación. De esta manera se ve satisfecho el interés público y general y a la misma vez salvaguardado los derechos fundamentales, a tal fin es importante notar que a través de este instituto pueden intervenir los tres poderes del Estado dado que se solicita la concurrencia del Ejecutivo, el deliberativo, y en casos controversiales, el Poder Judicial.

   En definitiva, apuntalando la potestad legislativa de tercer grado, en el marco de las competencias que son propias del Estado Municipal, los concejales adquieren relevancia y a la vez responsabilidad por sus acciones como creadores de derecho. Es por eso mismo, que ante tamaña responsabilidad, deben actuar con la mayor solvencia, asesorándose, incluso mediante los órganos correspondientes, como es la Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno, dispuesta para llevar su opinión ante diferendos municipales a los fines de evitar acciones ilegales y futuras judicializaciones.

 

*abogado

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