Los bienes confiscados por trata de personas irán a las víctimas

Redacción de La Nueva.

contenidos@lanueva.com

Por Pablo Andrés Pascual/ppascual@lanueva.com

   En el último año y medio fueron rescatadas en el país 2.460 personas víctimas de trata y explotación.

   Si bien la acción de las autoridades pone fin a una situación extrema y de derechos vulnerados, los damnificados atraviesan posteriormente una situación de desprotección y desamparo difícil de sobrellevar.

   En los últimos días, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó un proyecto para la creación de un fondo fiduciario de asistencia para las víctimas, tal cual se establecía en la ley 26.364, reglamentada en 2012, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

   La iniciativa, que ya contaba con el aval del Senado y fue aprobada con 183 votos positivos, propone crear un fideicomiso público para la administración de los bienes muebles e inmuebles provenientes de este delito, para que sean destinados a las víctimas.

   También contempla que al momento de la sentencia de los imputados, se ordenen las reparaciones económicas correspondientes.

   “Esto surgió del Consejo Federal de Lucha contra la Trata, que también fue creado por esa ley y se encuentra integrado por Ministerios con incumbencia en la tematica, representantes de las provincias y tres ONG que son sorteadas”, comentó Franco Di Santi, integrante de la agrupación Bahía Contra la Trata.

   Agregó que “en ese marco surge la propuesta de crear el fondo fiduciario para asistir en forma directa a las víctimas, que fue aprobado”.

   El Fondo tendrá una duración de 30 años y, de acuerdo a la norma, los bienes que lo integren no se computarán para el cálculo de los recursos del Presupuesto Nacional y tendrán carácter extrapresupuestario.

   Además, el Poder Ejecutivo estará obligado a informar acerca de los bienes que ingresen, a través de un sitio de consulta pública y gratuita en Internet.

   “A partir de esta ley, el dinero en efectivo y el producido por la venta de bienes decomisados en los diferentes procesos judiciales por trata y lavado de activos, provenientes de estos delitos, serán destinados a restituir los derechos de las víctimas. Con estas acciones continuamos profundizando nuestro compromiso en esta lucha”, indicó tras la sanción la secretaria de Justicia y coordinadora del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, María Fernanda Rodríguez.
Necesidad

   En ese sentido, Di Santi consideró que “si nos circunscribimos a la letra de la ley, plantea una asistencia directa a partir de la creación del fondo, que tiene que ser alimentado por recursos provenientes de los decomisos en el marco de investigaciones judiciales. Si en esas investigaciones no se avanza contra el funcionamiento en red o las partes de mayor poder de las redes, difícilmente se llegue a los recursos y decomisos”.

   Explicó también que en algunas ocasiones se pierde el rastro de las víctimas durante el proceso judicial.

   “Viene a complementar lo que se determine dentro de los presupuestos para contener y asistir a las víctimas. Es importante que avancen las investigaciones, se apunte a los bienes ligados a la estructura del delito y, por otro lado, se tenga en cuenta el presupuesto genuino de cada año de organismos nacionales y provinciales para el abordaje de asistencia a las víctimas”, reiteró.

Una deuda pendiente

   La subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nación, Florencia Schkolnik, consideró que la sanción de la ley para conformar el fondo “era una deuda pendiente con la sociedad. Es un compromiso que asumió este gobierno, que se traduce en gestión”.

   En diálogo con “La Nueva.”, la funcionaria enfatizó que “es una política y una medida necesaria con el fin de restituir derechos a las personas víctimas”.

   Más adelante, Sckolnik resaltó que "es deber del Estado brindar asistencia y reparación a todas las personas víctimas de estos delitos, para que puedan volver a tener el control y autonomía de su vida".

   "Este tipo de acciones destinadas a reparar los daños causados a quienes sufrieron explotación, es una prioridad de este Ministerio", siguió diciendo.

   El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, celebró el amplio respaldo que obtuvo la iniciativa en el Congreso.

   “Es un avance que va en línea con el reciente reconocimiento internacional a la Argentina por las políticas de Estado destinadas a combatir, prevenir y erradicar la trata y explotación de personas”, mencionó la subsecretaria.