El Colegio de Magistrados instó a "legitimar el rol de la defensa"

Redacción de La Nueva.

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   La "necesidad" de legitimar el rol de la defensa en cuanto a la función que cumple "a los fines de asegurar las garantías constitucionales del acceso a justicia y defensa en juicio, como pilares que conforman el debido proceso", reclamó el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Bahía Blanca.

   Mediante un comunicado que lleva la firma de su presidenta, doctora Claudia Fortunatti, la entidad dio a conocer su preocupación luego de los ataques que sufrió la defensora oficial Fabiana Vannini en el marco del juicio por el homicidio en ocasión de robo del comerciante Ramiro Barragán.

   Vannini, asesora legal de Juan Manuel Ortiz -condenado a prisión perpetua como ejecutor del disparo que mató a Barragán- fue agraviada por familiares de la víctima durante el debate.

   "Para que haya juicio en los términos que la Constitución Nacional establece tiene que haber un fiscal que acuse, independiente del juez, y un defensor que pueda contrapesar la acusación y así garantizar el debido proceso, para llegar a la sentencia", explicó Fortunatti.

   De esa manera -dijo- el juez o al jurado popular -según el caso- pueden resolver "con imparcialidad", luego de escuchar las posiciones de ambas partes.

   "Desde este colegio nos interesa fomentar y promover buenas prácticas dentro de la función que cada uno cumple, dado que todos somos funcionarios públicos al servicio de una administración de justicia, la que pretendemos se verifique como eficaz y eficiente por los ciudadanos", cerró.

La defensa técnica, un "superderecho"

   El juez en lo Correccional José Luis Ares también opinó sobre los agravios a defensores oficiales o particulares "por el simple hecho de cumplir su función".

   "Me refiero a injustas descalificaciones que suelen ser replicadas acríticamente por sectores de la prensa, sin que se ilustre a la sociedad acerca de la capital importancia de la defensa en juicio", indicó Ares en un comunicado.

   "Para cualquier persona sometida a un proceso penal, contar con una defensa técnica eficaz es un superderecho que junto con la imparcialidad del juzgador, resulta fundamental y hace a la validez misma del proceso en un Estado Constitucional de Derecho (debido proceso)".

   "Es evidente que a las víctimas (directas o indirectas, es decir, en este último caso, los familiares cercanos de quien falleciera como consecuencia del delito) les asiste el derecho a ser escuchadas, y a exponer su reclamo vindicativo, que deberá ser canalizado civilizadamente por los órganos estatales, dando una respuesta racional y proporcionada, y no demagógica", continúa el escrito del socio honorario de la Red de Jueces Penales bonaerense.

   Sin embargo, según expresó el magistrado, se debería comprender que la función de la defensa resulta "esencial" en un proceso que cumpla el paradigma constitucional.

   "¿Cuál es ese paradigma? Algo bastante simple como que cada quien debe atenerse al rol asignado para producir un juicio y un fallo justo, que no siempre resultará satisfactorio para la sociedad", concluyó Ares.