Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

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En Bahía hay un 35% más de presos con tobilleras que el año pasado

Es una vía de escape a la creciente sobrepoblación carcelaria, que ya alcanza el 45% en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Aseguran que el quebrantamiento del sistema es de apenas el 3%.

Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com  

   La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, durante su reunión en Costa Rica en noviembre de 1969, declaró que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial “la reforma y la readaptación social de los condenados” (artículo 5, inciso 6). Ese pacto tiene rango constitucional en la Argentina.

   Quiere decir que nadie debe “pudrirse en la cárcel” y que el sistema tiene que brindarle al delincuente las herramientas necesarias para lograr su resocialización. Esa es la teoría.

   La práctica parece distante. El “sistema” hace agua por varios flancos y, aún en el marco legal, otorga beneficios tanto a quienes pretenden evolucionar como a los que solo se “readaptan” en el delito.

   En Bahía el tema tiene caliente vigencia, en medio de la problemática por las entraderas y el desenlace fatal del asalto al polirrubro de Undiano al 400. 

   La primera piedra la tiró el comisario general Gustavo Maldonado, superintendente de la región Interior Sur, quien mediante una carta pública enumeró una serie de casos con ladrones que tuvieron salidas anticipadas y reincidieron. Y aludió al “fracaso” de la reinserción.

   El Colegio de Magistrados recogió el guante y le lanzó la pelota al poder político: “Si quieren sacar beneficios, se debería cambiar la ley”, dijo su presidenta, Claudia Fortunatti.

   “Estamos preocupados por la inseguridad”, reconoció, aunque sostuvo que el Poder Judicial recién interviene con el caso consumado. “La prevención es parte del trabajo policial”, advirtió.

Mecanismo que no para de crecer

   El número de detenidos con libertades anticipadas viene creciendo de manera progresiva, al menos desde 2015 y tanto en Bahía como en toda la provincia. Y no solo porque la ley de Ejecución Penal, en consonancia con los tratados internacionales, así lo dispone. 

   Existe otra razón más acuciante: la sobrepoblación carcelaria no solo no decrece sino que aumenta: ya es del 45%.

   El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) sostiene a 42.500 presos en 29 mil plazas. La tasa de recambio (diferencia entre los que entran y salen por año), que hasta 2017 era de 3.500, superó los 4.000. Y corre a un ritmo muy superior a la de la creación de cupos, más allá de la reciente inauguración de una cárcel para jóvenes en Campana. 

   Es una encrucijada. Desde el Ministerio de Justicia, hace poco más de un año, se les reclamó a los jueces que adopten un criterio más “laxo” para la liberación anticipada de detenidos, a fin de descomprimir las cárceles, aunque desde otros ámbitos gubernamentales se pone siempre la mirada crítica en la llamada “puerta giratoria” y se cuestiona a los jueces “garantistas”, una vez que el detenido liberado reincide y el caso explota públicamente.

   En medio de ese cuadro, el Patronato de Liberados -que debe supervisar a quienes obtuvieron salidas o arrestos domiciliarios- tiene cada vez menos recursos y más limitaciones. 

   Esta ecuación lleva, irremediablemente, a un solo resultado: la dificultad para recuperar a los que quieren recuperarse y de encauzar o controlar a los que no.

Cuáles son las modalidades

   La tobillera electrónica fue una alternativa para mitigar la situación: otorgadas por la justicia y controladas por el SPB, hoy la tienen más de 2.000 detenidos. Son 2.000 presos menos en las cárceles bonaerenses.


Y el gobierno de Vidal avanza en otro proceso licitatorio para adquirir más, porque están al límite de la demanda.

   En Bahía eran 20 hace 4 años y hoy son 68 los detenidos monitoreados. 

   La mayoría (54) es bajo la modalidad de detención domiciliaria, a la cual pueden acceder (el Código Penal dice “podrá” y no “deberá”), según el criterio del juez competente, el interno enfermo que no puede recuperarse en la cárcel, aquel que padezca una enfermedad incurable, el mayor de 70 años, la mujer embarazada o la madre de un niño menor de 5 años.

   En menor medida (14) figuran los que reciben salidas transitorias de las cárceles (por 12, 24 o 72 horas), para “afianzar lazos familiares” o por razones de estudio. Se trata de quienes ya cumplieron al menos la mitad de la condena.

   Las libertades asistidas o condicionales -superados los dos tercios de la pena- también son alternativas a la prisión, aunque en esos casos se otorgan sin la necesidad del monitoreo electrónico. 

Los delitos graves tienen limitaciones

   Uno de los grandes reclamos de la sociedad, que los delincuentes cumplan en forma completa las penas que les imponen, está vigente, aunque rige para los casos sucedidos a partir de agosto de 2017. 

   Es decir que quienes hoy reciben salidas anticipadas por hechos graves lo hacen porque fueron cometidos antes de esa fecha.

   La nueva ley (27.375) ordena que deberán agotar toda la pena en prisión aquellos sentenciados por delitos como homicidios calificados, homicidios en ocasión de robo, robos con armas, muchos de los delitos sexuales y trata de personas, secuestro seguido de muerte, comercialización de drogas y contrabando bajo una organización, entre otros.

   Esa normativa se incluyó en el artículo 14 del Código Penal, que impide la libertad condicional a los reincidentes y a quienes sean penados por los delitos que se detallaron.

   “En el caso de los delitos graves, nos vamos a enterar si funciona dentro de 20 años”.

¿Y si se cambia el artículo 431?

   En medio de los cuestionamientos por los presos que gozan de beneficios y vuelven a delinquir existe una idea, planteada hace algunos años desde el ámbito judicial local pero que nunca prosperó en ámbitos legislativos, acerca de una modificación en el Código Procesal Penal bonaerense.

   El artículo 431 alude al efecto suspensivo: "Las resoluciones judiciales no serán ejecutadas durante el término para recurrir, ni durante la tramitación del recurso, en su caso, salvo disposición expresa en contrario, o que se hubiera ordenado la libertad del imputado".

   Es decir que en los casos de personas condenadas, si el juez de Ejecución Penal le otorgó un beneficio y la Cámara Penal lo revoca, el acusado aguarda en libertad o bajo arresto domiciliario hasta que Casación fije su postura. 

   En esa espera pueden pasar 6 meses o más, con lo cual el hombre tiene más posibilidades de violar los límites del beneficio o -en casos que la demora es aún mayor- se extingue la pena.

   De hecho, cuando el ministro de Justicia provincial Gustavo Ferrari estuvo reunido con jueces de nuestro medio hace casi 2 años, le plantearon esa posibilidad, pero nunca prosperó desde el punto de vista legislativo.

   En contrapartida, cuando un juez de Garantías -en medio de un proceso y no con una condena dictada- otorga alguna morigeración -como la prisión domiciliaria, el detenido sí se debe esperar entre rejas hasta que la Cámara confirme o revoque esa medida.

   Con reformar el citado artículo y agregar que “los beneficios se harán efectivos una vez que quede firme la medida” alcanzaría para evitar la salida de presos, que luego se revoca.

   Claro que esa medida demandaría, por un lado, una mayor celeridad en la respuesta de los órganos de apelación y, por otro, generaría la retención en las cárceles de un importante número de reclusos, con las consecuencias potenciales que esa situación motivaría, teniendo en cuenta la grave sobrepoblación carcelaria.

Pulseras para casos de género

   Con una prueba piloto en el partido de San Martín, que incluye a 4 parejas, el Ministerio de Justicia provincial también busca controlar la reincidencia en la violencia de género a partir del uso de las tobilleras electrónicas.

   Se trata del mismo dispositivo que tienen colocadas las personas acusadas por otros delitos, que también es controlado por el Centro Integral de Monitoreo del SPB.

   En breve se sumarán otros 12 distritos bonaerenses a la medida y se cree que en una tercera etapa se podría incluir al Departamento Judicial Bahía Blanca. Al menos está en estudio.

   En casos de género, a los hombres se les coloca la pulsera, que activa el alerta cuando se aproxima a la zona de restricción impuesta (el primer alerta se da a los 700 metros), mientras que la mujer mantiene un botón antipánico, que comunica con la misma dependencia.

   Desde esa central, como sucede con otros delitos, en caso de alguna irregularidad se le da intervención al 911.

“Hay vocación del Estado para que la reinserción sea una realidad”

   Desde hace casi un año al frente del Servicio Penitenciario Bonaerense, el doctor Xavier Areses no es de hablar públicamente. Aunque con “La Nueva.” hizo una excepción y se refirió a la delicada problemática carcelaria.

   Sobre el uso de tobilleras con monitoreo, aclaró que si bien el control corresponde al SPB, la disposición es de cada órgano judicial.

   “Tenemos más de 2.000 personas en esas condiciones y el quebrantamiento es del 3%. Estamos en porcentajes similares a países desarrollados que lo usan exitosamente”, explicó.

   Reconoció que desde hace casi 20 años que no se construye una cárcel para 1.500 internos o más (la última fue la de General Alvear) y por ese motivo el uso del sistema alternativo se da en un “un contexto interesante”, con la posibilidad de reducir el gasto de recursos humanos, insumos y equipamiento.

   Los presos con pulseras son monitoreados por una central que funciona en La Plata, las 24 horas de todos los días, con 130 operarios capacitados. Al activarse el sistema, el controlador se comunica con la vivienda y, de no obtener respuestas, da aviso inmediato al 911 y un móvil policial debe presentarse.

Obligación de medios

   “Nosotros tenemos una obligación de medios: como poder del Estado nos ponemos a disposición de otro de los poderes, el Judicial, con medios para que el juez, evaluando las condiciones de las personas, el delito que cometió y las constancias del proceso, pueda establecer las medidas que estime pertinentes. Es el juez quien decide una morigeración o la rechaza, pero es importante que podamos ofrecer una herramienta más. Aportar una solución, aunque no es la única”, dijo.

   Cuando se lo consultó sobre la frase del comisario general Gustavo Maldonado, acerca del “fracaso” del sistema resocializador, Areses sostuvo: “Estamos convencidos de que debe ser una política de Estado”. 

   “Durante la reciente inauguración de la cárcel de Campana, la gobernadora (María Eugenia Vidal) y el ministro (de Justicia, Gustavo Ferrari) dieron un mensaje muy claro: cuando se invierte en una cárcel modelo para jóvenes/adultos, con la posibilidad de estudiar, de desarrollar actividades tratamentales y aprender oficios, hay una vocación del Estado para que la reinserción sea realidad y no solo la vocación, sino también la inversión”, afirmó.

   Claro que este tipo de medidas -advirtió Areses- tienen que ser acompañadas por “la voluntad de los jóvenes detenidos y su compromiso para cumplir determinadas normas de conducta, porque al final del camino prima la decisión individual de las personas”.

   La cárcel de Campana reunirá a detenidos de entre 18 y 21 años, con condenas menores a 5 años de prisión.

   Más allá de la falta de construcción de nuevas cárceles, el jefe del SPB -que maneja a unos 24 mil hombres- estimó que el gobierno actual terminará su mandato con casi 3.000 plazas nuevas, lo cual equivale “a dos General Alvear”.

   Y también destacó el esfuerzo en obras menos visibles, como el mantenimiento y la refacción de edificios viejos, la instalación de cloacas, la incorporación de aulas y talleres, la regularización en el suministro de alimentos y medicamentos y la realización de más de 150 simulacros de incendio, con cursos de capacitación en los propios pabellones en ese sentido.

   De todas maneras sí dijo estar preocupado por la sobrepoblación carcelaria. “Es un desafío, pero también es un déficit de más de 15 años. Hay que continuar con la política de construir plazas y, posiblemente, de ampliar el sistema de monitoreo, siempre sujeto a las decisiones jurisdiccionales”, respondió.

   Finalmente aludió a las dificultades para calcular con números la reincidencia, que durante el gobierno anterior se calculaba en 45%.

   “Alguien puede reincidir y no volver al sistema y, por otro lado, hay que ver cuál es el corte de tiempo que se hace. Yo puedo decir que salieron 20 presos de la unidad 4 y que en los primeros dos meses no volvieron a delinquir, pero lo pueden hacer después”, comentó.