¿Qué porción de la salud se llevan los extranjeros en el sur del sudoeste bonaerense?

Redacción de La Nueva.

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Hernán Guercio
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   Después de las noticias de los turistas argentinos que debieron pagar altísimas cuentas por tratamientos médicos en Chile y en Bolivia, la cuestión de la gratuidad de la salud pública en nuestro país para los extranjeros volvió a estar en el tapete.

   Mezcla de indignación —muchas veces— casi futbolera, de sensación de injusticia hacia el ser nacional y —lamentablemente— un poco de xenofobia no asumida, ante estas cuestiones el argentino promedio exige que la ley sea pareja, y más de uno demanda deportaciones masivas en represalia.

   En nuestro país, el derecho a la salud pública es el mismo para argentinos, residentes o extranjeros de paso; pero eso no significa que siempre sea gratuito. En muchos casos, los foráneos o los habitantes que cuentan con los recursos necesarios deben pagar las cuentas de su atención y/o internación; y eso ocurre en nuestra zona.

   Por ejemplo, en el distrito de Patagones primero se determina si el paciente está en condiciones de abonar el tratamiento; en Villarino directamente no se cobra, lo mismo que en el Hospital Penna de Bahía Blanca. En todos los casos se reconoce que el número de extranjeros que se atiende es muy bajo, casi despreciable. El fenómeno de los trabajadores golondrina en el Valle Bonaerense del río Colorado, se explica, es tema del pasado.

   Fabián Giménez, director adjunto del Hospital Penna, explicó a La Nueva. que en los dos últimos años se atendieron entre 3 mil y 4 mil extranjeros en el nosocomio, alrededor del 3 % de los pacientes que se reciben en forma anual.

   “Si estuviéramos en una zona limítrofe con una constante presencia de personas de otras nacionalidades, deberíamos evaluar la posibilidad de hacer un convenio con el país lindante; pero en nuestro caso no lo consideramos un problema.

   “Como hospital perteneciente a la Provincia no aplicamos restricciones a quien se atiende. Para nosotros, primero están los pacientes”, aseguró.

   Por su parte, el delegado local de la Dirección Nacional de Migraciones, Alejandro Meringer, recordó que el extranjero, más allá de la situación migratoria, tiene su atención médica amparado por la ley 25.871.

  “Es decir, la vida de una persona no puede ponerse en riesgo por un tema económico. Después, en casos como los de los argentinos que debieron pagar su tratamiento en países limítrofes, no está contemplado en la Ley 25.871 ni en su reglamentación; posiblemente habría que analizar la viabilidad de un seguro de salud para el Mercosur, pero es solo una idea”, explicó.

   Ante estos hechos, consideró, que la bronca de la gente se debe a la falta de reciprocidad en la medida.

   Este sentimiento se exacerba —aún más— cuando surgen denuncias como la realizada hace días desde Comodoro Rivadavia, donde desde el nosocomio local se manifestó el funcionamiento de una suerte de “turismo de salud” por parte de ciudadanos extranjeros, con costos que invariablemente debe afrontar el Estado.

   Algo similar podría ocurrir en nuestra zona, donde siempre se habló de colectivos que parten desde otros países con destino al Hospital Penna.

   Al respecto, Giménez y Meringer aseguraron que no tienen constancia de que esto haya pasado o esté ocurriendo en la actualidad.

   “Siempre se habló de contingentes que venían en los 70 y en los 80 desde Chile a atenderse, pero no tenemos conocimientos de que eso ocurra. Acá se atienden emergencias y cirugías programadas, que son cosas diferentes. Para una operación, hay una lista de espera y la idea es que la gente espere la menor cantidad de tiempo posible”, señaló.

   Meringer, por su parte, reconoció que siempre se habló de la existencia de estos tours.

   “Sin embargo, no tenemos información oficial más allá del vox pópuli”, explicó.

  ¿Qué hacer ante estos casos, entonces? Posibilidades hay varias.

   Entre ellas se señala que el Estado debería determinar el alcance de la Ley Migratoria en cuestiones vinculadas a la salud; también se plantea generar convenios bilaterales con todos los países vecinos para evitar estos cobros; o —como señaló en la semana el secretario de Salud nacional, Adolfo Rubinstein— establecer una discusión a nivel nacional respecto de cuál es el mejor sistema sanitario para el país.

   Ninguno de ellos, lamentablemente, parece ofrecer una solución en el corto plazo.

   En el sudoeste bonaerense, Villarino y Patagones son los distritos en los que primero se piensa cuando se habla de extranjeros y trabajadores golondrina, principalmente por la mano de obra que históricamente se ha utilizado para la producción de cebolla en la zona de riego.

   Aunque desde ambos lados del río Colorado se remarca que prácticamente no quedan extranjeros sin legalizar y que hay que hablar de inmigrantes residentes, la posición que tienen ambos municipios respecto del cobro de los servicios de salud es diferente.

   En Villarino se entiende que la atención debe ser gratuita, pero en Patagones se determina si cada paciente está en condiciones de pagar el tratamiento; y si lo está, debe pagarlo ya sea argentino, inmigrante legal o extranjero.

   Este dinero, contó Marco Tripodi, secretario de Salud maragato, se envía a un fondo que se destina en parte a la compra de equipamiento sanitario y al haber del personal del área, como una suerte de plus salarial. En ocasiones, cada trabajador llegó a cobrar 4 mil pesos por encima de su salario normal.

   “Recientemente tuvimos el caso de un brasileño que se accidentó en moto, tuvimos que operar y pagó absolutamente todo su tratamiento. En nuestro caso, es muy bajo el porcentaje que atendemos, pero el criterio usado es el mismo”, contó.

Los dos artículos 8

   El artículo 8 de la ley 25.871 establece que no podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria.

   Decreto 616/2010. La reglamentación de la Ley de Migraciones, en su artículo 8, establece que el ministerio de Salud dictará las normas y dispondrá las medidas necesarias para garantizar a los extranjeros, aún en situación de irregularidad migratoria, el libre acceso a la asistencia sanitaria y social.