Calendario bonaerense 2020, a la vuelta de la esquina

Ricardo Salas

rsalas@lanueva.com

   En vísperas del feriado de Año Nuevo y el asueto administrativo para los empleados estatales, la política bonaerense se apresta a planear el inicio de 2020 con los particulares desafíos que tendrá un escenario coyuntural de emergencia económica y social y de aguas revueltas después de  un intenso año electoral.

   Desde el entorno del gobernador Axel Kicillof entienden que no pueden permanener “cruzados de brazos” esperarando ver qué hace la Casa Rosada. No se trata de gobernar una provincia de Buenos Aires con un parche permanente. “Tenemos que dar vuelta la tendencia y salir para arriba, sino seguiremos estando peor”, señalan desde la gobernación.

   “La crisis abarca a todos los sectores de la economía y a todos los municipios, es una situación a revertir que amerita una solución urgente”, subraya el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa.

   Para Kicillof el desafío es volver a poner el Estado al servicio de las Pymes y de la creación de puestos de trabajo. “No hay mejor política para la inclusión social que generar trabajo”, reafirma. Y, en ese sentido, la celeridad en los procesos de gestión gubernamental estarán en la mira.

   En definitiva, se trata de un paquete de emergencias sociales y medidas económicas y productivas que puede darle margen de gobernabilidad para encarar los primeros 6 meses de gestión, cruzados por vencimientos en dólares, deuda con proveedores y fuertes necesidades de financiamiento.

   Eso será un termómetro para medir cómo puede venir el tramo inicial de la gestión Kicillof. “Encontramos una Provincia muy golpeada”, dice el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, procurando amortiguar criticas.

   Más allá de las “buenas intenciones políticas” la Ley Fiscal siempre prevé alguna suba con impacto en el bolsillo de los contribuyentes de la Provincia. Según se comunicó, promueve “actualizar los valores de los impuestos” a partir del alza de precios de 2019 que se estimó con datos privados y establece criterios de “progresividad” al sistema tributario.

   De acuerdo a la lógica Kicillof es “fundamental” para mantener el nivel de ingresos del Estado bonaerense cobrarle “más al que más puede” y generarle “alivio a los pequeños y medianos productores y propietarios”.

   La llave para destrabar aquellas leyes controvertidas (como el Presupuesto anual o la ley impositiva en el caso puntual de amortiguar los efectos del Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano) son en muchos casos las sillas vacantes en el directorio del Banco Provincia o empresas estatales (destinadas generalmente para la oposición) que se terminan transformando en “prenda de negociación” en el arranque de cada gestión gubernamental.

   Por eso, además, las políticas que se impulsan desde los municipios para mejorar la producción agropecuaria también aparecen en la mira. 

   “En los últimos 4 años cerraron más de 500 tambos y salieron de la producción más de 4 mil productores porcinos”, afirmó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, al anticipar que su política agraria tendrá como objetivo “reconstruir” la Provincia después que la exgobernadora María Eugenia Vidal haya decidido “cerrar por completo” las puertas del organismo a todos los pequeños y medianos productores; trabajadores rurales; agricultores familiares y cooperativistas”.

   Ya desde su debut como oposición con mayoría en la Legislatura, los bloques de Juntos por el Cambio lograron imponer varias exigencias. Una de ellas, según consideran fue ponerle “límites a la construcción de un relato distorsionado” de la realidad de la Provincia. Tal vez, esa discusión sea el inicio informal de relaciones de alta tensión con la gobernación.

   Algunas fueron de forma, como la limitación de los plazos del conjunto de emergencias aprobadas (será por un año con posibilidad de prórroga de un año más, y por única vez). Y otras, de recursos. Para conseguir que le voten la ley, Kicillof accedió a reeditar el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), uno de los “triunfos” de la oposición parlamentaria que responde a Vidal.

   Se sabe. La grieta ideológica es destructiva y hay que construir desde la diversidad y la aceptación de opiniones diferentes. Con cierta intolerancia no pocos actores del arco opositor ya cuestionan la vuelta del peronismo al poder en la Provincia.

    Pero Juntos por el Cambio sabe que tiene “poder de fuego” legislativo como para hundir una propuesta del Ejecutivo, o al menos, empujar a Kicillof al terreno de la negociación cuando lleva menos de 20 días desde que asumió en la Gobernación.

   Del análisis se desprende que la Provincia se encuentra sumergida en una coyuntura sumamente crítica, con un enorme costo social (un proceso inflacionario sumado a los tarifazos en los servicios públicos) y una pesada carga de vencimientos de deuda e intereses por afrontar (un inédito proceso de endeudamiento, que al darse en moneda extranjera y a corto plazo alimentó un cóctel explosivo) para las finanzas bonaerenses.

   La “pirotecnia” legislativa básicamente gira en torno de cierto aprovechamiento político del supuesto “impuestazo de Axel”. En realidad, la suba de impuestos es una ley que se discute anualmente, no a partir de ahora con Kicillof. Pero, algunas espadas parlamentarias elevaron la voz para cuestionar la antipática suba del impuesto rural al que consideran un ajuste contra el sector productivo “chacarero”.

    “El Gobernador no llegó con un cheque en blanco en la mano. La matemática electoral no nos dio para seguir otro período, pero tampoco fuimos repudiados por el electorado. Al contrario. El achicamiento de la diferencia con el peronismo desde las PASO hasta octubre fue un mensaje claro de ese más de 40 % de los argentinos que nos apoyaron”, sostiene todavía el diputado radical por la Sexta, Emiliano Balbín.