Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

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Ullmann: “Las retenciones han ingresado a un punto de inflexión que exige creatividad política”

La visión del consultor de mercados granarios apunta a un esquema ganar-ganar. Pero el tema aún se debate entre el Gobierno nacional (“son actualizaciones de alícuotas”) y el sector agropecuario (“son aumentos de retenciones”). 

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

   “Recientemente, representantes de las entidades que nuclean a los diferentes eslabones de la cadena agroindustrial han publicado análisis de sensibilidad de los márgenes de producción frente a una potencial suba en derechos de exportación. La resultante: un rojo para la generalidad de los cultivos y regiones.

   “Claramente, el contexto actual de precios internacional, la creciente estructura de costos domésticos, las escasas y prohibitivas líneas de financiamiento, no permiten incrementar la carga impositiva al sector. Más aún cuando se trata de un impuesto cuya base imponible son los ingresos brutos y no los resultados.

   “La economía se mueve por expectativas. El agro, y quienes lo componen, no están ajenos a esta premisa.

   “No caben dudas que el sector acompañará y contribuirá a la difícil situación del país. Pero qué mejor que no limar sus expectativas, establecer reglas claras y brindar previsibilidad.

   “Sobran demostraciones que ponen de manifiesto que cuando esto ocurre, la producción crece, la adopción de tecnología se incrementa, el empleo se fortifica y la recaudación tributaria anota sustanciales mejoras. Claramente, un esquema ganar–ganar. Hay una sola exigencia: creatividad política”.

   El economista y consultor de mercados granarios, Iván Ullmann, pone en palabras la actualidad del sector agropecuario y la repercusión de las nuevas medidas que fueron elevadas al Congreso por el presidente Alberto Fernández, contemplando, entre otras alternativas, modificaciones en los niveles de los derechos de exportación, o retenciones.

Lic. Iván Ullmann, consultor de mercados granarios.

   Ullmann recordó que con precios internacionales sustancialmente diferentes a los vigentes en años anteriores, muy por debajo de los 600 dólares para la tonelada de soja y de U$S 300 para la de maíz y de trigo, y transitando un período de marcado déficit hídrico, que condicionó y recortó la cosecha de granos finos y arroja incertidumbre sobre el devenir de la nueva producción de los cultivos de gruesa, la nueva administración de Gobierno recurre con mayor intensidad a los impuestos a la exportación como herramienta de recaudación fiscal. 

   Así, conocida la derogación del esquema de derechos de exportación que contemplaba una suma fija de pesos por dólar exportado ocurrida con la publicación del Boletín Oficial de este sábado 14, volvió a entrar en vigencia la normativa que aplica una alícuota porcentual sobre el precio de exportación (FOB) de granos y subproductos. Dicho esquema grava con un 12 % las exportaciones de trigo, maíz, cebada y girasol y con un 30 % las de poroto de soja.  

   “Es decir, para los principales granos la derogación del esquema de pesos por dólar y el restablecimiento de la alícuota porcentual en los valores ya mencionados, implica un ajuste al alza en materia de derechos de exportación del 79 % para trigo, maíz, cebada y girasol (al pasar de un 6,7 %, vigente hasta el 14/12/19, al 12 %) y del 21,5 % para soja (al pasar del 24,7 %, vigente hasta el 14/12/19, al 30 %)”, añadió Ullmann a La Nueva.

   A los efectos de ejemplificar, sobre una tonelada de trigo cuyo precio de exportación es de 203 dólares (FOB oficial fijado por Agroindustria) el actual esquema del 12 % implica que 24 dólares no formen parte del precio percibido por el productor y tengan como destino las arcas del Estado. Si dicha extracción de recursos se aplica a un rinde promedio por hectárea del orden de 2,5 toneladas, se advierte que el agricultor cede U$S 60 por hectárea en concepto de derechos de exportación.

   Ahora, al evaluar el impacto sobre una tonelada de soja, cuyo precio de exportación es de 372 dólares (FOB oficial) el actual esquema del 30 % implica que 111 dólares no formen parte del precio percibido por el productor. Si se extiende el cálculo a un rinde promedio por hectárea de 2,5 toneladas, se concluye que el agricultor cede U$S 277,5 por hectárea en materia de este tributo.

   “En el caso de una exportación efectiva, el monto del impuesto tiene como destino las arcas del Estado, siendo el Gobierno quien posee discrecionalidad para disponer de dichos fondos”, agregó Ullmann.

   “Cuando corresponda a una operación de mercado interno, la industria es quien logra hacerse del grano a un precio por debajo del valor de exportación. Dicho diferencial será marcado por la cuantía del derecho de exportación vigente para cada grano”, explicó.

   “Con lo expuesto queda más que claro cómo este impuesto deriva en una clara transferencia de recursos desde la producción a las cuentas del fisco y a otros eslabones de la cadena. Queda demostrado, asimismo, cómo se sucede una traslación de la carga del impuesto desde el exportador al productor”, sostuvo. 

   “Claro está que la agroindustria es uno de los principales motores de la economía del país. Generador de empleo, de inversión, desarrollador y adoptante de tecnología y principal proveedor de divisas. De hecho, es uno de los pocos sectores cuya competitividad es genuina, a pesar de ser un tomador de precios (no formador), a pesar de llevar adelante una actividad a cielo abierto, y a pesar de afrontar recurrentemente una carga impositiva muy elevada”, indicó.

   El analista aseguró que no caben dudas de que el agro aporta y acompaña al desarrollo del país desde los inicios de su historia, más aún en momentos de adversidad. Y que no es necesario mencionar los miles de millones de dólares que el sector transfirió al Estado desde 2002 en adelante.

   “Sin embargo, cabe destacar un punto: el de inflexión. Aquel que surge en momentos en que la presión impositiva es tan elevada que deriva no sólo en erosión de rentabilidad, sino en su pérdida. No es factible producir con márgenes negativos, más allá de situaciones puntuales generalmente provocadas por adversidades climáticas que borran gran parte de las expectativas de producción”, aseveró.

   Ullmann se preguntó que es acá donde cabe preguntarse si el agro resiste mayores derechos de exportación que los ya vigentes, tal como lo expresa el proyecto de ley que el Ejecutivo acaba de enviar al Congreso para su tratamiento, en el cual busca extender sus facultades para gravar con un 15 % a las exportaciones de trigo, maíz, cebada y girasol y con un 33 % a las exportaciones de poroto de soja. 

   “En caso de prosperar esta iniciativa, las alícuotas de las mal denominadas 'retenciones' (aquí no se habla de pagos a cuenta) experimentarán una suba del 12 % para trigo, maíz, cebada y girasol (al pasar de un 6,7 %, vigente hasta el 14/12/19, al 15 %) y del 34 % para soja (al pasar del 24,7 %, vigente hasta el 14/12/19, al 33%). Y a esto se debe adicionar el gravamen a otros productos de origen agropecuario con tasas diversas”, detalló.

   “Lo que se hizo fue actualizar el valor de las retenciones que se habían fijado en 4 pesos”, dijo Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, al diario La Nación.

   “Las retenciones tenían una parte móvil y otra fija. Así lo estableció (Mauricio) Macri y así está hoy el régimen. Eso no se tocó. Lo que se hizo fue actualizar el monto fijo, que era un componente de esas retenciones”, agregó.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Detrás, el ministro Luis Basterra.

   “Cuando Macri estableció este sistema, para la soja era 18 % de retenciones móviles, más un 12 % fijo al dólar de ese momento ($ 36), con un tope máximo de 4 pesos. Lo que dijimos es: pasaste de un dólar de 36 a uno de 63; modifiquemos ese tope. Obviamente se actualizan los valores, pero no se modificó el régimen de retenciones. Si lo hiciéramos, lógicamente vamos a estar convocando a las entidades”, agregó.

   Cafiero —quien dio explicaciones en lugar del ministro de Agricultura, Luis Basterra— aseguró que está previsto ir convocando a los sectores a un ámbito de acuerdo para evaluar cuál es el mejor régimen exportador de la Argentina.

"Nosotros no tocamos al campo, sino los derechos de exportación", dijo Cafiero.

   “Nosotros necesitamos traer dólares. Nuestro programa se define, en parte, en la idea de mejorar el perfil exportador del país. No buscamos ningún régimen prohibitivo ni mucho menos, pero sí que se adecue a las necesidades que tiene el resto de la Argentina”, explicó.

   “¿Un conflicto con el campo como hace 10 años? No tiene asidero. Lo que estamos buscando es actualizar valores que quedaron muy desactualizados. Nosotros no tocamos al campo, sino los derechos de exportación. Entendemos las dificultades que tuvo el sector por cuestiones climáticas; entendemos que hay muchos insumos que son en dólares, pero también tenemos que ser conscientes de que el gobierno de Macri tuvo una devaluación de más del 500 % y eso generó rentabilidad extraordinaria”, afirmó Cafiero.